Durante la festividad de los difuntos –mal presagio- coincidían en la prensa dos artículos sobre la sostenibilidad de nuestro modelo de educación superior. Por una parte, el presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña y secretario general de Inditex, Antonio Abril, alertaba sobre la sostenibilidad de un sistema universitario que se financia en un 80% a través de subvenciones públicas. Abril se declaró defensor de la universidad pública, pide un cambio en el modelo para “garantizar el principio de igualdad de oportunidades entre los alumnos”. Por otra parte, el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, denunciaba en una Tribuna de El País, titulada Universidad: el camino equivocado la imposibilidad de mejorar el rendimiento con falta de autonomía y presupuestos tan escasos (las universidades de Madrid sufrieron un recorte medio del 20%, en Cataluña un 30%). 

La educación superior, a pesar de ser una inversión de alta rentabilidad -como fundamenta la reciente entrada del blog de gestión y finanzas universitarias, Más que universidad– está en retroceso. En todo el mundo occidental, los datos económicos de las universidades públicas ponen de manifiesto una tendencia del crecimiento del gasto por encima del crecimiento de los ingresos (definición económica de “insostenible”) lo que en opinión Emily Schwarz, de Moody’s: “la presión política para limitar los aumentos de matrícula y la poca expectativa de grandes mejoras en el gasto público significa que las universidades públicas tendrán que seguir reduciendo sus costes en el futuro inmediato”.

Se me dirá que, al igual que las grandes organizaciones del sector privado, muchas instituciones del sector público están inmersas  en un período de reestructuración y reducción, tendiendo a racionalizar las estructuras, los procesos y los sistemas administrativos, no sin cierta ingeniería financiera. La Universidad también atraviesa un período crítico en el que la especialización, los cambios en las políticas públicas y el creciente ritmo de los avances tecnológicos y científicos, vienen alterando desde hace tiempo el entorno. Una situación que golpea también a lo que se viene llamando las industrias culturales. Eso por no hablar de los servicios sociales.

Durante los últimos años, hemos asistido a un notable deterioro de las finanzas universitarias que se ha intentado paliar con una nueva legislación presupuestaria para las Universidades, con ciertas notas de improvisación, denunciada por sus rectores y gerentes como anquilosante.

El aumento de los controles desde las CCAA a sus universidades así como las nuevas obligaciones de información  han reducido gran parte de la autonomía financiera universitaria, en una nueva normativa más preocupado por reducir el gasto que en acometer reformas en el siempre sensible modelo de educación superior español, muy celoso de su autonomía.

Agotada la vía de los impopulares ajustes coyunturales, parece inevitable entrar en aspectos estructurales, para los que no está preparado el actual modelo de gobierno universitario, uniforme, administrativo y funcionarial, que cumplió muy dignamente su papel durante las dos décadas pasadas de expansión, pero plantea serias dudas sobre su capacidad para dar respuestas autónomas a la sostenibilidad del gasto en este nuevo período de crisis financiera y presupuestaria.

 De todos estos asuntos se hablará en las XXXI Jornadas de Gerencia Universitaria, que se celebran la próxima semana en Madrid, con el título “La Gestión de las Universidades. ¿Más con menos?”. Cumplir los escenarios de déficit y deuda de las CCAA durante los próximos años -2014 y 2015- supondrá, no sólo un gran problema financiero para las Universidades, sino enormes tensiones organizativas que exigirán una respuesta oportuna de los gestores del sistema español de educación superior. Para ello se han instituido grupos de trabajo sobre Gestión de personas o Racionalización del gasto y Captación de fondos que prometen debates muy interesantes.