El Tribunal de Cuentas pide sanciones efectivas en materia de subvenciones

Logo-TCuEl título IV de la Ley General de Subvenciones establece una normativa básica en materia sancionadora (infracción penal aparte) que incluye multas pecuniarias independientemente de la obligación de reintegro. También prevé sanciones no pecuniarias, en caso de infracciones graves o muy graves, en relación con la posibilidad de obtener más subvenciones o contratar con las Administraciones públicas.

Las infracciones (arts. 56, 57 y 58 de la ley) van desde las leves por incumplimientos de tipo formal (como presentar fuera de plazo de las cuentas justificativas o que sean inexactas) hasta las muy graves como falsear las condiciones para su concesión o no aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

Pues bien, el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público un informe sobre la gestión de reintegros de subvenciones en el área de la Administración Económica del Estado (ejercicios 2014 y 2015), donde entre otras muchas consideraciones, recuerda que el citado régimen de infracciones y sanciones de la LGS “está siendo aplicado mínimamente por los centros gestores”. Constata además la debilidad de los controles sobre la presentación de la cuenta justificativa por el beneficiario y la falta de exigencia observada con el cumplimiento de sus plazos de presentación y contenido.

En opinión del Tribunal, los departamentos fiscalizados deben dictar instrucciones para que los centros gestores: Seguir leyendo “El Tribunal de Cuentas pide sanciones efectivas en materia de subvenciones”

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La Universidad de los mercados

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que vela por el “correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios” tal como reza su página web. Durante el pasado mes de septiembre difundía una consulta pública sobre competencia y regulación eficiente en las universidades españolas que planteaba distintas cuestiones sobre la situación actual del sistema universitario español, así como la opinión sobre potenciales reformas. Del total de 605 respuestas válidas recibidas, la participación de los distintos colectivos fue mayoritariamente de estudiantes de universidad (60,2% de las respuestas), PDI-público (20,7%), PAS-público (5,5%), PAS-privado (1,8%), AAPP (1,2%), Empresas (2%), ciudadanos (7,4%) y otros (1,3%).

Sus resultados muestran una valoración general sobre las universidades en España en una escala de 0 a 5 es de 2,48, ligeramente por debajo del aprobado. Como siempre, son los estudiantes más críticos que el personal de las propias universidades, mientras que el profesorado el mas (auto)complaciente.

La mayoría de colectivos están de acuerdo en la necesidad de reformas y muestran que nuestras universidades “tienen margen de mejora”. Como no podía ser de otra forma, la CNMC intenta contribuir a perfeccionar la regulación y el entorno de competencia efectiva de las universidades y plantea en la encuesta algunas ideas que reciben una puntuación relativamente elevada. Así, el respaldo a la colaboración con empresas (3,84 sobre 5), la introducción de incentivos para captar a los mejores estudiantes (3,66) y un marco más ágil para que las titulaciones se adapten a necesidades cambiantes (3,60). También existe un amplio apoyo de los encuestados a la evaluación efectiva de las universidades a partir de múltiples criterios (4,33 sobre 5), que podrían incluir la calidad docente y satisfacción del alumnado (4,14) y la inserción de los egresados en el mercado laboral (4,14). Seguir leyendo “La Universidad de los mercados”

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En memoria de nuestras pioneras universitarias

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La tribuna que publica Andrés Betancor esta semana en Expansión señala, una vez más, la acusación al Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de plagiar su tesis doctoral. Sin embargo, Betancor como catedrático de derecho administrativo de la UPF va más allá y pone sobre la mesa la debilidad de los controles en la universidad española, de manera muy cruda:

Los políticos no entienden la Universidad, ni quieren entenderla. Es fuente de problemas y como lo es, aplican la conllevanza en versión universitaria: haces lo que quieras y me dejas en paz; te doy dinero, poder, autonomía e irresponsabilidad. ¿Qué es lo que sucede? El monstruo de la arbitrariedad.

Recuerda el autor que la autonomía universitaria fue un logro constitucional del que se privó, por ejemplo, al Banco de España. Una garantía que no debería ser malograda con la oscuridad en la gestión o el corporativismo endogámico. Más de un rector estará inquieto, no sólo por las presuntas tropelías de un colega que se niega a atender la unánime petición de dimisión, sino por las posibles repercusiones que pueda tener el tremendo daño generado ante el eventual rediseño institucional de una futura reforma que hoy forma parte de los compromisos de muchas formaciones políticas ¿Saldrá dañada la autonomía universitaria?

La conocida Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1987 respaldó ese amplio concepto de autonomía y autogobierno, muy superior al de cualquier antecedente en la historia contemporánea, que había sido regulado con generosidad en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983. En aquel Tribunal estaba como vicepresidenta Gloria Begué Cantón, fallecida hace unos días. Una personalidad muy querida y respetada en la Universidad de Salamanca pues fue, en 1964, la primera mujer catedrática de una facultad de derecho (Economía Política) y la cuarta que conseguía una cátedra en España. Cinco años después, sus colegas la designarían decana (¡la primera de la universidad española!) recuperando algún signo de modernidad en la oscuridad que imponía la agonizante dictadura franquista. Atrás quedaba el esplendor académico con que afloró la primera catedrática de la historia, Lucía de Medrano, enseñando Lenguas Clásicas en mi querida Universidad de Salamanca y anticipándose cuatro siglos a la segunda, María Curie de la Sorbona. Seguir leyendo “En memoria de nuestras pioneras universitarias”

El lento avance de la transparencia

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Ayer se presentó en Madrid el informe Examen de transparencia Universidades 2015, realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT) que analiza, por quinto año consecutivo, la transparencia en la web de las 49 universidades públicas y, por cuarto año, las 26 universidades privadas españolas. Los resultados presentan la botella medio llena o medio vacía, según se quiera ver.

Así, evidencia una mejoría paulatina desde la publicación del primer informe hace cinco años, logrando que en esta edición de 2015 un 51% de las universidades públicas sean clasificadas en el grupo de Transparentes y un 35% en el de Translúcidas, siendo las menos (14%) las que conforman el grupo de las Opacas. El informe habla de una puntuación de “notable alto” al alcanzar un cumplimiento medio del 78% en los 26 indicadores analizados.

Las universidades de Alcalá, Cantabria, Córdoba, Pompeu Fabra y Rey Juan Carlos encabezan el ranking de transparencia de universidades públicas al obtener la máxima puntuación posible, seguidas muy de cerca por la de Cádiz y Vigo, con 25 puntos. Por su parte, las privadas, aunque con una evolución más lenta, también registran una importante mejora en los niveles de transparencia. A pesar de que solo la Universidad de Navarra y Vic-Central de Catalunya sean catalogadas como Transparentes (8%), nueve (cuatro más que el pasado año) se clasifican en la categoría de Translúcidas (34%) (Vid. Ranking de universidades privadas). Así, el 42% de ellas alcanzan niveles óptimos de transparencia; un dato positivo si se compara con la absoluta opacidad con la que inauguraban en el año 2012 este informe todas las universidades privadas, sin excepción. Seguir leyendo “El lento avance de la transparencia”