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Auditores, tribunales de cuentas y lucha contra el fraude

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Las 49 naciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa aprobaron su último informe anual en junio de 2016 que ofrece una visión general del impacto de sus recomendaciones sobre la legislación, las prácticas y el marco institucional dentro de los estados llevado a cabo durante 2015.

El GRECO concluye que de las quince recomendaciones realizadas a España en su anterior informe, once se han aplicado satisfactoriamente y las cuatro restantes sólo parcialmente, aunque se destaca en los titulares de prensa, como el arriba incluido. En 2016, el GRECO está preparando su quinto ciclo de evaluación, que se centrará en la prevención corrupción e integridad en el gobierno central -las máximas funciones ejecutivas, en particular- y la aplicación de la ley las instituciones. El asunto es de capital importancia. Las instituciones deben colaborar en la persecución de la corrupción con todas las herramientas posibles.

Con esta idea, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de España acogió, la semana pasada, un interesante panel sobre los diversos  modelos de control en la lucha contra el fraude, organizado por la Asociación Española del Personal de Instituciones de Control. Seguir leyendo “Auditores, tribunales de cuentas y lucha contra el fraude”

Los Consejos Sociales de las Universidades se reúnen con el Tribunal de Cuentas de España

Consejos TCUHoy, la Universidad de Oviedo fue sede de una reunión de trabajo sin precedentes; Presidentes y secretarios de Consejos Sociales de toda España con tres destacados miembros del Tribunal de Cuentas de España: Su presidente (Ramón Álvarez de Miranda), el Consejero responsable de CCAA (y por tanto de las universidades, Ángel Algarra) y su el Fiscal-Jefe (Miguel Ángel Torres) que presentaron sendas ponencias y debatieron con los asistentes sobre múltiples aspectos de la gestión y el control de las Universidades Públicas. Todo gracias al empuje del presidente anfitrión, Ladislao Azcona, que logró un ambiente muy participativo al que pudimos asistir los tres Síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado.

Álvarez de Miranda avanzó que para el próximo año ejecutarán el mandato de la Comisión Mixta Congreso-Senado- Tribunal de Cuentas y realizarán un nuevo informe horizontal sobre la Universidad española, similar al que realizaron sobre el ejercicio presupuestario 2003 (ver aquí reseña) y 2012 (ver aquí reseña), pero a diferencia de estos, tendrá más que ver con el seguimiento de las recomendaciones de anteriores informes y puso como ejemplos la implantación de la contabilidad analítica o del inventario de Entidades dependientes de las Universidades. Seguir leyendo “Los Consejos Sociales de las Universidades se reúnen con el Tribunal de Cuentas de España”

Encomiendas de gestión y subcontratación

JGPA

No suelo hablar de temas que afecten directamente a mi trabajo en la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. Sin embargo, durante la comparecencia de ayer el la Comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias, se suscitaron algunos aspectos que, obviando el caso concreto y por su importancia doctrinal y práctica puede ser tratado con naturalidad en esta bitácora.

Así, los diputados mostraron interés por el margen de maniobra que tienen los medios propios para subcontratar los trabajos de las Encomiendas de Gestión. Para resolver al cuestión debemos recordar que los contratistas (no así el medio propio) tienen un límite previsto en el artículo 227 del TRLCSP cuyo apartado 2,e prevé que, ante la ausencia en el pliego de un límite especial, “el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación”. Una previsión que los directores de obra deben cuidar, como hemos recordado aquí censurando su abuso por fomentar los falsos autónomos y la competencia desleal (más bien ilegal) a los convenios colectivos del sector.

Sobre requisitos básicos del régimen de encomiendas de gestión a los medios propios suele citarse el informe 11/2011, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado que reiteraba como esas limitaciones no les resultaban de aplicación a las encomiendas de gestión, debido a su propia naturaleza. También razonaba que, por el mismo motivo, “no puede contratar el 100 % de la obra externamente” pues indica que la entidad encomendataria no reúne la idoneidad y aptitud requerida por lo que debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación. O sea: que el margen no es total, ni mucho menos. Seguir leyendo “Encomiendas de gestión y subcontratación”

Revista Española de Control Externo nº 50

Rece 50Ya está disponible en descarga libre el número 50 de la Revista Española de Control Externo, bajo la dirección de Pascual Sala. No se trata del habitual número monográfico a que nos tiene acostumbrados su editor: el Tribunal de Cuentas de España. El actual incluye unos artículos de variada temática, como podéis ver en el índice:

Presentación, Pascual Sala Sánchez

Artículos

La rendición de cuentas como principio general del Derecho, José Manuel Suárez Robledano.

La reforma fiscal pendiente, Rafael Ortiz Calzadilla.

Multa coercitiva y rendición de cuentas, Manuel Aznar López .

Antonio Flores de Lemus (1876-1941): un economista al servicio del estado y un hacendista reformador, Miguel González Moreno.

La regularización de las facturas derivadas de contrataciones irregulares, José Ignacio Valero Escribano

Legislación y jurisprudencia

Primer Cuatrimestre de 2015, por Javier Medina Guijarro y José Antonio Pajares Giménez

Por su vertiente práctica, me gustaría destacar la contribución de José́ Ignacio Valero Escribano, que aborda un problema que surge con demasiada frecuencia: la existencia de contratos públicos irregulares que dan lugar a obligaciones para la Hacienda pública habida cuenta de que la prestación se ha realizado. El autor, Interventor de Estado, realiza un estudio de los casos que se presentan con más frecuencia: la contratación verbal, el fraccionamientos irregulares, los «modificados emergentes» o la propia ausencia de crédito, que dan lugr a los consiguientes reparos.

El artículo concluye con una reflexión sobre las responsabilidades derivadas de la tramitación irregular de los expedientes, con especial referencia a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aplicable a los altos cargos del Sector Público en sus tres niveles: estatal, autonómico y local.