El 13 de marzo pasado se celebró una audiencia solemne en el Tribunal de Cuentas de Francia para proceder a la toma de posesión (¡Installation!) de Amélie de Montchalin como Primera Presidenta de la institución. Nótese en matiz del ordinal. La institución es originaria de la Edad Media (como nuestra Cámara de Comptos) y en su versión actual fue fundada por Napoleón (España ya llevaba siglos, recuérdese la cárcel de Cervantes). Ahora el sistema de reclutamiento de los dirigentes de la Cour des Comptes francesa es una mezcla de meritocracia extrema, tradición académica y un toque de política.
El cargo de Primer Presidente es especial: Es un nombramiento directo del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente de la República y aunque es un cargo con trasfondo político, se busca a figuras que tengan un perfil técnico impecable para no manchar la imagen de independencia del Tribunal. Sucede a Pierre Moscovici, una de las voces más críticas sobre la situación financiera de Francia. Sin embargo, la polémica por su nombramiento era inevitable.
Diputada desde 2017 fue nombrada Ministra de Transformación y Función Pública hasta 2022 y desde 2024 era Ministra del presupuesto y cuentas públicas. De cuentadante a cuentatomante. Las acusaciones de puerta giratoria no tardaron.
Así no participará en los debates de su institución sobre el presupuesto de los ejercicio 2025 y 2026, que elaboró. Después de la reunión del Consejo de deontología, la conferencia de presidentes (…) definió reglas muy concretas de los informes para los que presidiré las deliberaciones, y los informes para los que no los presidiré ”, dijo la Sra. de Montchalin en una conferencia de prensa en París.
Imaginaos la escena: alfombras rojas, señores con togas negras y armiño que parecen salidos de una peli de Harry Potter, y un silencio sepulcral. En presencia del Presidente de la República, miembros del Gobierno y del Parlamento, representantes de las altas autoridades constitucionales, civiles y militares, representantes de instituciones superiores de control extranjeras y de los miembros actuales y honorarios del Tribunal de Cuentas. En esto, llega Amélie de Montchalin.
Amélie no es una funcionaria gris de las que sueñan con códigos ni hojas de Excel; es una política de raza que ha pasado por ministerios de peso. Joven en relación a sus colegas, destacó la importancia histórica de su nombramiento y rindió homenaje a las mujeres que abrieron camino en la institución hacia la paridad de género. Hubo un homenaje especial a las «pioneras» que la precedieron, desde Gabrielle Grémillet, la primera mujer en entrar a la institución en 1915 como mecanógrafa, hasta las primeras magistradas y presidentas de sala, subrayando que su nombramiento hace que el Tribunal sea ahora paritario en sus presidencias.
Por eso Amélie empieza su discurso dejando claro que sabe dónde se mete. El Tribunal de Cuentas francés no es solo un lugar donde visan facturas; es el «ojo que todo lo ve» del gasto público. Su tono en el discurso no me parece de «vengo a aprender», sino de «vengo a que esto funcione como un reloj suizo».
Hubo, por supuesto, las flores de rigor para su antecesor. Básicamente, les dijo: «Gracias por dejarme la silla caliente, Pierre. Has hecho un buen trabajo sacando el Tribunal a la calle y que la gente entienda qué hacemos, pero ahora me toca a mí darle una vuelta de tuerca».
Si algo repitió Amélie (como quien repite un estribillo de Édith Piaf) es la palabra Independencia. En Francia, el Tribunal de Cuentas es sagrado. Por eso prometió que, aunque venga del Gobierno de Macron, nadie le va a decir qué escribir en sus informes, vino a decir (en lenguaje diplomático, claro.
Para intentar calmar las aguas y blindar la legitimidad de su mandato, tomó una decisión estratégica de encargar a una figura muy respetada como Didier Migaud (quien presidió la institución entre 2010 y 2020) para que lidere una misión para reforzar el marco ético y de independencia de la Cour. Migaud debe proponer un nuevo código o conjunto de reglas que definan cómo deben gestionarse los nombramientos, la conducción de los trabajos y, sobre todo, cómo garantizar que la institución se mantenga a una «distancia igual» del poder ejecutivo y legislativo. Se espera que Migaud presente sus recomendaciones y este nuevo marco de conducta hacia junio de 2026
Uno de los puntos más interesantes fue su obsesión por la agilidad. Amélie sabe que un informe sobre por qué se gastó de más en un puente en 2018 no sirve de nada en 2026. Quiere resultados rápidos. «Menos tochos de 500 páginas que nadie lee y más informes que le saquen los colores al político de turno mientras aún está en el cargo».
Además mantuvo la línea de abrir el Tribunal al pueblo. Quiere que el Jean Dupont de turno pueda proponer temas de auditoría. «Si a los franceses les escama en qué se gasta el dinero de sus impuestos, que nos lo digan».
Aunque el tono parece solemne, el mensaje de fondo fue un aviso a navegantes (ministerios y ayuntamientos): la fiesta del gasto alegre se ha terminado. Con la deuda pública francesa por las nubes, ella se presentó como la Guardiana del Tesoro. Su misión no es ver pasar el dinero, sino evaluar si ese dinero realmente sirve para que los trenes lleguen a tiempo o los hospitales funcionen.
Cerró el discurso con una mezcla de humildad (la justa) y autoridad. Me encanta ese orgullo nacional tan francés. Se comprometió a ser la voz de la verdad en un mar de deudas. En resumen: Amélie se ha puesto la toga para demostrar que se puede ser moderna, rápida y, a la vez, el terror de quien intente colar un gasto innecesario.
Si pensabas que el Tribunal de Cuentas francés era un cementerio de elefantes, Amélie de Montchalin ha llegado con un desfibrilador y muchas ganas de dar guerra (administrativa).
La mayoría de los magistrados del Tribunal provienen del Instituto Nacional del Servicio Público (INSP, antigua ENA), que es la escuela de élite de la administración francesa. Sólo acceden los estudiantes con las mejores notas de su promoción (los llamados bottes) y de sus graduados, los mejores entre los mejores consiguen una plaza en el Tribunal de Cuentas. Entran con el grado de Auditor de segunda clase.
Como no todo es pasar exámenes a los 25 años, el Tribunal también busca «sangre fresca» con experiencia en en la gestión del mundo real. Funcionarios de alto nivel de otros ministerios pueden ser nombrados para puestos de consejero y también ser recluta a personas con trayectorias brillantes en finanzas, economía o gestión pública para que aporten una visión más práctica.
Una vez dentro, hay una jerarquía muy marcada que parece sacada de un juego de rol: los recién llegados (los que hacen el trabajo duro), el nivel intermedio (ya con peso en las decisiones) y los magistrados, la élite, quienes firman los grandes informes y deciden si al Gobierno se le cae el pelo o no. El Tribunal se divide en 7 salas principales, y cada una tiene su propio equipo de magistrados especializados en temas distintos (defensa, educación, sanidad, etc.) inamovibles hasta la jubilación.
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