Disponible el número 53 de la Revista Española de Control Externo

recex53El número 53 de la Revista Española de Control Externo que edita el Tribunal de Cuentas ya está disponble en descarga libre. En este caso, se trata de un número monográfico dedicado a los múltiples aspectos de la fiscalización operativa de cuya coordinación se ha encargado la Consejera del Tribunal de Cuentas de España, Mª Dolores Genaro Moya, que además abre el número aportando un interesante trabajo (“Consideraciones en torno a la fiscalización operativa o de gestión“) donde aborda las crecientes exigencias sociales a las instituciones de Control Externo tras la reciente crisis económica e institucional, desde la perspectiva de los principios de gestión que deben informarla: economía, eficiencia y eficacia.

El segundo artículo tiene por autor a Javier Navascués Fernández-Victorio, Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía y trata la aplicación de métodos cuantitativos avanzados en la Auditoría Operativa, tratando un ejemplo concreto: la fiscalización de Parques Tecnológicos Andaluces, donde muestra la metodología empleada, particularmente en el análisis QCA (análisis cualitativo comparativo por sus siglas en inglés), que desarrolla minuciosamente y con claridad, así como sus aplicaciones así como los resultados y conclusiones del informe.

A continuación una contribución de Ana Isabel Esteban Álvarez y yo mismo sobre la situación actual y las perspectivas de la gestión clínica en España a los 30 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad. Estudiamos allí la figura del contrato programa a la vista de las experiencias en los países de nuestro entorno haciendo referencia al Tribunal de Cuentas de Francia y a la National Audit Office del Reino Unido. La aportación es oportuna en un momento crítico para la implantación práctica de las Unidades de Gestión Clínica en diversas CCAA con gran revuelo, tanto político como sindical y profesional.

El siguiente trabajo es el realizado por Antonio Minguillón Roy y versa sobre la auditoría de sistemas de información. En un momento como el actual que consolida la administración electrónica, las Instituciones del Control Externo han de rediseñar sus procedimientos de auditoría introduciendo la tecnología no solo en automatizando los procedimientos tradicionales de gestión, sino en creando herramientas informáticas que permitan, por ejemplo, pasar de comprobaciones de muestras a comprobaciones del 100%.

El artículo presenta las normas técnicas de auditoría de los sistemas de información, sus formas de aplicación, la ciberseguridad, las herramientas de análisis de datos, incorporando unas interesantes conclusiones como colofón del trabajo.

El último artículo corre a cargo de Manuel Sueiras Pascual y Manuel Lagarón Comba y aborda el concepto de sostenibilidad ambiental, su marco jurídico y su fiscalización en España y en otros países, aportando unos posibles enfoques unas conclusiones generales.

Como es habitual, termina el número 53 con un apartado de documentación donde Andrés Fernández Díaz glosa en profundidad la última obra de Emilio Albi y Jorge Onrubia (Economía de la gestión pública) y de Miguel González Moreno sobre la obra de Francis Fukuyama, Los orígenes del poder político. Desde la prehistoria hasta la Revolución Francesa.

El Estado, sin licitaciones hasta el 2017

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Si, he caído muy bajo con este titular, para captar la atención. Lo sé. Mi idea inicial era poner “El Estado echa la persiana hasta año nuevo”, pero me parecía algo fuerte, como se dice ahora. Al fin y al cabo, esta bitácora es profesional y sus lectores son iniciados en el tema, no escapan de los temas áridos, así que me he moderado. Mi preferida era: “Montoro prohibe las mesas de contratación hasta navidad”.

El asunto que traemos hoy no es otro que … las normas de cierre del ejercicio 2016, que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado sin que los medios de comunicación se enteraran, tan ocupados con los pactos. Si, han leído bien: cierre del ejercicio, eso que siempre fue una práctica otoñal (2014: BOE del 16 de noviembre y 2015: BOE del 27 de octubre). Este año de records olímpicos las normas de cierre del Estado se aprobaron tres semanas después de finalizada la primavera: en el BOE del 16 de julio de 2016. ¿A qué tanta prisa? Veamos su contenido.

Por un lado, tenemos los trámites habituales. La nómina del mes de diciembre debe estar preparado tras el puente de la Constitución y los expedientes de reconocimiento de las obligaciones en las Intervenciones (Delegadas, Regionales y Territoriales) antes del día 15 de diciembre, como también los pagos a justificar.

Sin embargo, el artículo cuarto incorpora una imporatante novedad que acorta cuatro meses la práctica de ejercicios anteriores y supone en la práctica el primer capítulo de los recortes que se nos avecinan. Así, prevé como fecha límite el día 20 julio para el envío a fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las Intervenciones Delegadas, Regionales y Territoriales. El año pasado era el día de los difuntos. Por su parte, los documentos A de autorización de gastos (no sólo del ejercicio corriente sino también de ejercicios posteriores) tendrán como límite de entrada en las Oficinas de Contabilidad el día 28 de julio (¡pasado mañana!) cuando el año 2015 era el 13 de noviembre.

Los Servicios Gestores tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de adquisición de compromisos de gasto a las Intervenciones (Delegadas, Regionales y Territoriales) el día 29 de julio. Este mismo plazo se aplicará, en el caso de que se envíen expedientes a fiscalizar en los que en un único acto administrativo se incluya aprobación y compromiso de gasto. Los documentos D de compromiso de gastos (tanto del ejercicio corriente como de ejercicios posteriores) tendrán como límite de entrada en las Oficinas de Contabilidad el día 8 de agosto. Este mismo plazo computará para el envío de los documentos AD. El año pasado ese límite temporal llegaba al día de Santa Bárbara, el cuatro de diciembre.

Quedan exceptuados unos pocos supuestos que se derivan del cumplimiento de normas legales o reglamentarias, los autorizados y los aprobados por Consejo de Ministros, los que sean necesarios para instrumentar las modificaciones presupuestarias y reajuste de anualidades o “al reajuste del IVA”. No crea que ha descubierto en este último apartado la probable próxima subida tributaria porque es una cláusula que viene de años anteriores.

montoroLa propia norma no oculta en el preámbulo que se adelantan los plazos de tramitación de las operaciones anteriores ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: “Las consecuencias desfavorables que podrían derivarse en caso de incumplimiento hacen necesaria la adopción de medidas que permitan satisfacer las recomendaciones europeas”.

¿Aparecerá una corrección de errores a principios del otoño? Salvados los muebles de la multa europea … ¿Veremos una futura rectificación normativa de tan restrictivas fechas? A la vuelta de agosto lo sabremos.

De héroes y villanos

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En las últimas píldoras grabadas para la Fundación Internacional OCU, entrevisto a la experta funcionaria Ana Isabel Caro Muñoz sobre el  acoso en la Administración, un tema cada vez más frecuente y del que Ana es especialista en muchas de sus vertientes: laboral, penal, administrativa o educativa. Os recomiendo echar una ojeada, a esta y otras.

Hoy quiero relacionarlo con las funciones reservadas a los habilitados locales, que suponen un trabajo de riesgo al que llevo tiempo queriendo dedicar una entrada en la bitácora. Los órganos de control analizan con detalle su relevante y creciente labor, cuyas debilidades tienen un efecto expansivo sobre el propio control interno de la Administración a la que sirven y cuyos ceses suponen una significativa incidencia de auditoría. Estas últimas semanas he ido coleccionando noticias de prensa sobre las tensiones entre los Alcaldes y los funcionarios responsables del cumplimiento de la legalidad en las corporaciones locales. Vamos a comentar algunas, a continuación.  Seguir leyendo “De héroes y villanos”

Protegiendo el núcleo duro de la gestión pública

Chicos nirando tras la valla

La venerable Cámara de Comptos de Navarra es la institución de control más antigua de España y una de las más vanguardistas en sus planteamientos. Goza de un amplio respaldo institucional, que hace al Parlamento Foral solicitar su opinión en multitud de asuntos.

El informe que hoy presentamos ha sido realizado a iniciativa de la propia Cámara de Comptos, que preside Asunción Olaechea desde hace dos meses. El objetivo era cuantificar los gastos relacionados directamente con la informática en la Administración Foral para el periodo 2011-2015, analizar las adjudicaciones de esa contratación -o los encargos a entes instrumentales- así como su correcta justificación, contabilización y pago en un plazo medio inferior a 30 días.

Se trata de un informe que podemos considerar rutinario pero donde los auditores han añadido a ese control de regularidad y de gestión, una reflexión que quiero destacar hoy en la bitácora por su importancia, pues reabre abre un interesante debate conceptual, quizás sin solución: el papel y alcance de las externalizaciones en aspectos esenciales en la Administración.

CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA EN LA ADMINISTRACIÓN. FORALConcluye el informe (página 21) que, durante las últimas décadas el incremento de necesidades relacionadas con la informática ha obligado a la Administración a recurrir -cada vez más- a contratos con empresas externas y a encargos con entes instrumentales, sin incrementar el personal propio dedicado estas tareas. Esto ha motivado que el conocimiento sobre la mayor parte de los productos informáticos utilizados en la Administración lo tengan estas empresas, “existiendo dependencia de ellos y de sus productos para el desarrollo de la gestión habitual de la actividad”.

Ante el aumento de actividad y la baja tasa legal de reposición de las plantillas, las Administraciones encargaron dicho control a los entes instrumentales. Algo que para los auditores “está suponiendo una pérdida de conocimiento técnico, especialmente en el caso de las contrataciones, sobre la mayor parte de las aplicaciones utilizadas y una cierta descapitalización del factor humano en este ámbito tan relevante para la gestión.”

Esto no ha hecho más que empezar. La entrada en vigor este otoño de las leyes 39 y 40 de procedimiento administrativo y del sector público respectivamente, hará que la tramitación electrónica constituya la manera habitual de actuación la Administración. Todo será electrónico y casi todo será encargado a los grandes contratistas. Un claro riesgo pero una tendencia tan inevitable como eficiente.

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en un interesante y reciente documento titulado “Gobierno corporativo y sistemas de información” recuerda el carácter estratégico para las organizaciones de esa gestión tecnológica hasta el punto de recomendar la inclusión de consejeros independientes con experiencia en sistemas de información. Pero la elevada especialización y dinamismo del sector impide a las Instituciones contar con especialistas propios en multitud de áreas de gestión informática, que además utilizan plataformas exclusivas.

Así, los auditores navarros encontraron 3.200 productos informáticos recogidos en el catálogo de la Administración Foral de los cuales 2.408 son sistemas de información y 792 son software estándar. De todos ellos, algunos productos son muy relevantes y animan este debate pues afectan a servicios como el propio portal de transparencia, la historia clínica, la receta electrónica, la gestión ayudas PAC o la gestión de inscripción en Agencias de Empleo.

Aviso final para navegantes (de bandera negra)

El informe se refiere también a la auditoría realizada por Microsoft, que mostró una importante diferencia entre los productos contratados (6.200) y los efectivamente utilizados (12.000). La regularización de esa situación por el Gobierno de Navarra requirió adquirir en propiedad las licencias, lo que originó un gasto de más de 4 millones de euros.