El Estado, sin licitaciones hasta el 2017

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Si, he caído muy bajo con este titular, para captar la atención. Lo sé. Mi idea inicial era poner “El Estado echa la persiana hasta año nuevo”, pero me parecía algo fuerte, como se dice ahora. Al fin y al cabo, esta bitácora es profesional y sus lectores son iniciados en el tema, no escapan de los temas áridos, así que me he moderado. Mi preferida era: “Montoro prohibe las mesas de contratación hasta navidad”.

El asunto que traemos hoy no es otro que … las normas de cierre del ejercicio 2016, que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado sin que los medios de comunicación se enteraran, tan ocupados con los pactos. Si, han leído bien: cierre del ejercicio, eso que siempre fue una práctica otoñal (2014: BOE del 16 de noviembre y 2015: BOE del 27 de octubre). Este año de records olímpicos las normas de cierre del Estado se aprobaron tres semanas después de finalizada la primavera: en el BOE del 16 de julio de 2016. ¿A qué tanta prisa? Veamos su contenido.

Por un lado, tenemos los trámites habituales. La nómina del mes de diciembre debe estar preparado tras el puente de la Constitución y los expedientes de reconocimiento de las obligaciones en las Intervenciones (Delegadas, Regionales y Territoriales) antes del día 15 de diciembre, como también los pagos a justificar.

Sin embargo, el artículo cuarto incorpora una imporatante novedad que acorta cuatro meses la práctica de ejercicios anteriores y supone en la práctica el primer capítulo de los recortes que se nos avecinan. Así, prevé como fecha límite el día 20 julio para el envío a fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las Intervenciones Delegadas, Regionales y Territoriales. El año pasado era el día de los difuntos. Por su parte, los documentos A de autorización de gastos (no sólo del ejercicio corriente sino también de ejercicios posteriores) tendrán como límite de entrada en las Oficinas de Contabilidad el día 28 de julio (¡pasado mañana!) cuando el año 2015 era el 13 de noviembre.

Los Servicios Gestores tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de adquisición de compromisos de gasto a las Intervenciones (Delegadas, Regionales y Territoriales) el día 29 de julio. Este mismo plazo se aplicará, en el caso de que se envíen expedientes a fiscalizar en los que en un único acto administrativo se incluya aprobación y compromiso de gasto. Los documentos D de compromiso de gastos (tanto del ejercicio corriente como de ejercicios posteriores) tendrán como límite de entrada en las Oficinas de Contabilidad el día 8 de agosto. Este mismo plazo computará para el envío de los documentos AD. El año pasado ese límite temporal llegaba al día de Santa Bárbara, el cuatro de diciembre.

Quedan exceptuados unos pocos supuestos que se derivan del cumplimiento de normas legales o reglamentarias, los autorizados y los aprobados por Consejo de Ministros, los que sean necesarios para instrumentar las modificaciones presupuestarias y reajuste de anualidades o “al reajuste del IVA”. No crea que ha descubierto en este último apartado la probable próxima subida tributaria porque es una cláusula que viene de años anteriores.

montoroLa propia norma no oculta en el preámbulo que se adelantan los plazos de tramitación de las operaciones anteriores ante la necesidad de hacer efectivos los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria: “Las consecuencias desfavorables que podrían derivarse en caso de incumplimiento hacen necesaria la adopción de medidas que permitan satisfacer las recomendaciones europeas”.

¿Aparecerá una corrección de errores a principios del otoño? Salvados los muebles de la multa europea … ¿Veremos una futura rectificación normativa de tan restrictivas fechas? A la vuelta de agosto lo sabremos.

Dos visiones panorámicas de la corrupción

RVAP 104-IIHoy traemos a la bitácora dos publicaciones monográficas sobre la corrupción. Dos enfoques complementarios de este fenómeno. Por una parte el número 104 de la Revista Vasca de Administración Pública, correspondiente al primer cuatrimestre de 2016, analiza la lucha contra la corrupción política. El ejemplar recoge las conferencias ofrecidas en el marco de las jornadas tituladas «la lucha contra la corrupción política: herramientas del Estado y de la ciudadanía», organizadas por el IVAP el año pasado, que contaron con la participación de expertos de reconocido prestigio en los aspectos más diversos relacionados con la corrupción política, que fueron escogidos por su centralidad para la vida de los ciudadanos. El objetivo de la reunion era avanzar propuestas que ayudasen a situar la actuación político-administrativa en parámetros éticos y que contribuyeran a que, en el futuro, el poder político y la administración se mantengan en la línea del mejor servicio a los ciudadanos. Las ponencias debidamente actualizadas durante los meses posteriores son las siguientes:  Seguir leyendo “Dos visiones panorámicas de la corrupción”

Enciclopedia de la corrupción

423823057_9182910378747503585Este largo fin de semana he estado leyendo la colosal obra dirigida por Manuel Villoria, Julio Tejedor y José María Gimeno Feliú titulada “La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos” (Atelier, 2016; 540 páginas y 55€). Se trata de una obra colectiva de relevantes universitarios cuyos análisis aportan soluciones y muestran a la sociedad el compromiso del mundo académico por ofrecer respuestas adecuadas. Hoy, más que nunca –anuncia su contraportada- “la realidad nos enseña cada día situaciones que nos obligan a posicionarnos y aportar nuestras ideas, desde la libertad de pensamiento, para advertir patologías, orientar pautas de actuación y realizar propuestas de mejora normativa. Este es, en definitiva, el objetivo de esta obra, pensada para ayudar a reconducir las patologías y efectos perversos de la corrupción”.

Como reconocen en la presentación, no es suficiente lo realizado:

“Hay que establecer una estrategia global contra la corrupción que incluya medidas de prevención de riesgos, de detección e investigación rigurosa y de sanciones ejemplares. Son necesarias —y urgentes— reformas estructurales adoptadas desde una visión holística. Es ineludible controlar efectivamente el funcionamiento económico interno y la financiación de los partidos y sus fundaciones. Es necesaria una Ley de empleo público que evite la proliferación del personal eventual o de sistemas de selección y carrera ajenos al principio de mérito y capacidad. También debe reformarse la normativa de subvenciones y ayudas públicas para que efectivamente se financien actividades de interés público y no sirvan para mantener redes clientelares. Urge una legislación de contratos públicos que promueva una efectiva competencia, con publicidad, y que impida las adjudicaciones «a la carta» o modificaciones indebidas de lo contratado. Es preciso un nuevo modelo de organización del sector público, con el fin de evitar que pueda ser utilizado como vía de escape a las normas de control y fiscalización de los dineros públicos. Por supuesto, y con carácter horizontal para todo el sistema, la máxima transparencia es herramienta esencial, en tanto facilita información accesible y cualificada y facilita la rendición de cuentas. En consecuencia, hay que reforzar los mecanismos de control interno y externo a fin de evitar que sus debilidades sean factores clave para el desarrollo de las conductas corruptas. No hay mejor inversión, tanto económica como social, que el refuerzo efectivo de un sistema de controles independiente, rápido y especializado”.

Una verdadera enciclopedia  Seguir leyendo “Enciclopedia de la corrupción”

¿Cuanto gana el conserje?

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La Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno (LTBG) supuso un gran avance para que la sociedad civil ejerza con plenitud los derechos de acceso a la información pública así como para regular las obligaciones de publicidad activa de las instituciones. La aplicación de esta norma básica, junto a sus variantes autonómicas, ha venido determinando la agenda política de gobiernos y parlamentos.

La semana pasada comparecí en la Junta General del Principado, donde la Comisión de Hacienda solicitaba la opinión de una serie de especialistas en diversos campos con ocasión de la Proposición de Ley sobre Cuentas Abiertas que se tramitaba. La futura norma aspira, básicamente, a divulgar los pagos de todas las entidades públicas, incluyendo una serie de datos como el nombre del perceptor y la cuantía de la transferencia bancaria.

En un momento de la jornada, se suscitó el debate sobre la publicidad de los pagos producto de la nómina mensual. El artículo 15 de la LTBG contiene una referencia a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) en lo que respecta a la divulgación aquellos datos de carácter personal con algún tipo de protección que hace necesario aplicar un criterio, suficientemente razonado, de ponderación del interés público en cuestión.

El asunto, lo traemos hoy a la bitácora para dar a conocer una interesante dictamen conjunto de 23 de marzo de 2015 de la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Esther Arizmendi Gutiérrez) y del director de la Agencia Española de Protección de Datos (Jose Luis Rodríguez Álvarez), en respuesta a la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) que solicitaba la adopción de criterios uniformes sobre la posibilidad de admitir y conceder el acceso a la información en aquellas solicitudes que tengan por objeto la retribución de un determinado puesto de trabajo, la RPT de los distintos órganos administrativos así como la identidad de la persona que los desempeña y la productividad que ha percibido cada empleado público de manera individualizada.

Con independencia de lo inhabitual de este tipo de resoluciones conjuntas de dos órganos tan importantes, debemos felicitarnos por la existencia de una respuesta tan fundada incluso aunque discrepemos de unos criterios tan restrictivos para la transparencia. Aunque el razonamiento expuesto se refiere exclusivamente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante solicitud y no es directamente extrapolable al supuesto de publicidad activa de la información, dado que en ese caso, los criterios de ponderación aplicados podrían diferir, habida cuenta de la generalización que conlleva, entiendo que, como mínimo, serán los expresado en el dictamen.

Diferencia entre transparencia y cotilleo

La sesión del Parlamento asturiano duró más de seis horas, con aportaciones sucesivas de interventores (Fernando Urruiticoechea y Francisco Jurado, en primera fila de la foto), académicos (Ignacio Villaverde, Santiago Álvarez y Javier Junceda), Sindicatura de Cuentas y Consjería de Hacienda. Muchos de los testimonios acabaron girando sobre las zonas grises de los intereses en juego (transparencia vs. Intimidad personal) en la divulgación de información.

El dictamen conjunto intenta resolver este dilema con la siguiente regla: con carácter general, habrá́ que entender que existe un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad si la información contribuye a un mejor conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las instituciones o a la asignación de los recursos. Por el contrario, cuando esa información no contribuya al mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones o de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el respeto a los derechos a la protección de datos o la intimidad.

Por tanto, la información referente a los puestos de trabajo de mayor nivel de responsabilidad y mayor autonomía en la toma de decisiones o a aquellos cuya provisión se realice con un cierto grado de discrecionalidad o se justifique en la existencia de una especial relación de confianza prevalecerá, como regla general el interés público sobre la protección de datos y la intimidad.

Así , el dictamen establece distintas categorías de empleados públicos, en orden decreciente, cuya divulgación de identidad y retribuciones encontraría justificada: los directivos (SDG en el Estado), el personal eventual (con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial) y el personal funcionario de libre designación, siendo el nivel del puesto un criterio de gran relevancia para la ponderación.

Los restantes empleados públicos, que han obtenido su puesto de trabajo a través de los procedimientos ordinarios, con carácter general, son de escasa relevancia para el logro de los objetivos que justifican el derecho de acceso a la información pública, por lo cual debería considerarse que el objetivo de transparencia resulta insuficiente y debería, con carácter general, denegarse de la información. Entendemos que también como publicidad activa.

Por el contrario, en las RPTs no encuentra argumentos para negar la información, al igual que con el complemento de productividad que ha percibido cada empleado público de manera individualizada, aunque “deberá tenerse en cuenta los niveles de responsabilidad, confianza y participación en el proceso de toma de decisiones” .