Enciclopedia de la corrupción

423823057_9182910378747503585Este largo fin de semana he estado leyendo la colosal obra dirigida por Manuel Villoria, Julio Tejedor y José María Gimeno Feliú titulada “La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos” (Atelier, 2016; 540 páginas y 55€). Se trata de una obra colectiva de relevantes universitarios cuyos análisis aportan soluciones y muestran a la sociedad el compromiso del mundo académico por ofrecer respuestas adecuadas. Hoy, más que nunca –anuncia su contraportada- “la realidad nos enseña cada día situaciones que nos obligan a posicionarnos y aportar nuestras ideas, desde la libertad de pensamiento, para advertir patologías, orientar pautas de actuación y realizar propuestas de mejora normativa. Este es, en definitiva, el objetivo de esta obra, pensada para ayudar a reconducir las patologías y efectos perversos de la corrupción”.

Como reconocen en la presentación, no es suficiente lo realizado:

“Hay que establecer una estrategia global contra la corrupción que incluya medidas de prevención de riesgos, de detección e investigación rigurosa y de sanciones ejemplares. Son necesarias —y urgentes— reformas estructurales adoptadas desde una visión holística. Es ineludible controlar efectivamente el funcionamiento económico interno y la financiación de los partidos y sus fundaciones. Es necesaria una Ley de empleo público que evite la proliferación del personal eventual o de sistemas de selección y carrera ajenos al principio de mérito y capacidad. También debe reformarse la normativa de subvenciones y ayudas públicas para que efectivamente se financien actividades de interés público y no sirvan para mantener redes clientelares. Urge una legislación de contratos públicos que promueva una efectiva competencia, con publicidad, y que impida las adjudicaciones «a la carta» o modificaciones indebidas de lo contratado. Es preciso un nuevo modelo de organización del sector público, con el fin de evitar que pueda ser utilizado como vía de escape a las normas de control y fiscalización de los dineros públicos. Por supuesto, y con carácter horizontal para todo el sistema, la máxima transparencia es herramienta esencial, en tanto facilita información accesible y cualificada y facilita la rendición de cuentas. En consecuencia, hay que reforzar los mecanismos de control interno y externo a fin de evitar que sus debilidades sean factores clave para el desarrollo de las conductas corruptas. No hay mejor inversión, tanto económica como social, que el refuerzo efectivo de un sistema de controles independiente, rápido y especializado”.

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¿Cuanto gana el conserje?

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La Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno (LTBG) supuso un gran avance para que la sociedad civil ejerza con plenitud los derechos de acceso a la información pública así como para regular las obligaciones de publicidad activa de las instituciones. La aplicación de esta norma básica, junto a sus variantes autonómicas, ha venido determinando la agenda política de gobiernos y parlamentos.

La semana pasada comparecí en la Junta General del Principado, donde la Comisión de Hacienda solicitaba la opinión de una serie de especialistas en diversos campos con ocasión de la Proposición de Ley sobre Cuentas Abiertas que se tramitaba. La futura norma aspira, básicamente, a divulgar los pagos de todas las entidades públicas, incluyendo una serie de datos como el nombre del perceptor y la cuantía de la transferencia bancaria.

En un momento de la jornada, se suscitó el debate sobre la publicidad de los pagos producto de la nómina mensual. El artículo 15 de la LTBG contiene una referencia a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD) en lo que respecta a la divulgación aquellos datos de carácter personal con algún tipo de protección que hace necesario aplicar un criterio, suficientemente razonado, de ponderación del interés público en cuestión.

El asunto, lo traemos hoy a la bitácora para dar a conocer una interesante dictamen conjunto de 23 de marzo de 2015 de la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Esther Arizmendi Gutiérrez) y del director de la Agencia Española de Protección de Datos (Jose Luis Rodríguez Álvarez), en respuesta a la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) que solicitaba la adopción de criterios uniformes sobre la posibilidad de admitir y conceder el acceso a la información en aquellas solicitudes que tengan por objeto la retribución de un determinado puesto de trabajo, la RPT de los distintos órganos administrativos así como la identidad de la persona que los desempeña y la productividad que ha percibido cada empleado público de manera individualizada.

Con independencia de lo inhabitual de este tipo de resoluciones conjuntas de dos órganos tan importantes, debemos felicitarnos por la existencia de una respuesta tan fundada incluso aunque discrepemos de unos criterios tan restrictivos para la transparencia. Aunque el razonamiento expuesto se refiere exclusivamente al ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante solicitud y no es directamente extrapolable al supuesto de publicidad activa de la información, dado que en ese caso, los criterios de ponderación aplicados podrían diferir, habida cuenta de la generalización que conlleva, entiendo que, como mínimo, serán los expresado en el dictamen.

Diferencia entre transparencia y cotilleo

La sesión del Parlamento asturiano duró más de seis horas, con aportaciones sucesivas de interventores (Fernando Urruiticoechea y Francisco Jurado, en primera fila de la foto), académicos (Ignacio Villaverde, Santiago Álvarez y Javier Junceda), Sindicatura de Cuentas y Consjería de Hacienda. Muchos de los testimonios acabaron girando sobre las zonas grises de los intereses en juego (transparencia vs. Intimidad personal) en la divulgación de información.

El dictamen conjunto intenta resolver este dilema con la siguiente regla: con carácter general, habrá́ que entender que existe un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad si la información contribuye a un mejor conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las instituciones o a la asignación de los recursos. Por el contrario, cuando esa información no contribuya al mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones o de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el respeto a los derechos a la protección de datos o la intimidad.

Por tanto, la información referente a los puestos de trabajo de mayor nivel de responsabilidad y mayor autonomía en la toma de decisiones o a aquellos cuya provisión se realice con un cierto grado de discrecionalidad o se justifique en la existencia de una especial relación de confianza prevalecerá, como regla general el interés público sobre la protección de datos y la intimidad.

Así , el dictamen establece distintas categorías de empleados públicos, en orden decreciente, cuya divulgación de identidad y retribuciones encontraría justificada: los directivos (SDG en el Estado), el personal eventual (con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial) y el personal funcionario de libre designación, siendo el nivel del puesto un criterio de gran relevancia para la ponderación.

Los restantes empleados públicos, que han obtenido su puesto de trabajo a través de los procedimientos ordinarios, con carácter general, son de escasa relevancia para el logro de los objetivos que justifican el derecho de acceso a la información pública, por lo cual debería considerarse que el objetivo de transparencia resulta insuficiente y debería, con carácter general, denegarse de la información. Entendemos que también como publicidad activa.

Por el contrario, en las RPTs no encuentra argumentos para negar la información, al igual que con el complemento de productividad que ha percibido cada empleado público de manera individualizada, aunque “deberá tenerse en cuenta los niveles de responsabilidad, confianza y participación en el proceso de toma de decisiones” .

El nuevo régimen de adscripción de las fundaciones públicas

 Siempre hemos tenido dificultades para determinar qué era una fundación del sector público. Se echaba el falta una norma general al respecto, si bien el SEC2010 había perfilado sus fronteras. El propio Consejo de Cuentas de Castilla y León había pedido, en su informe de Fiscalización de la actividad de las Fundaciones de Castilla y León, ejercicio 2010 (pág. 155) una modificación de la legislación básica estatal para constituir “un único concepto de fundación pública basado en criterios de participación en la dotación fundacional, financiación mayoritaria y domino o control efectivo del Patronato” ¿Se trataba de una carta a los Reyes Magos? Ni mucho menos. Era un clamor doctrinal que acaba de tener sus frutos. Seguir leyendo “El nuevo régimen de adscripción de las fundaciones públicas”

Importantes salvedades en las cuentas de la Generalitat Valenciana

Casandra en las democracias

Manuel Conthe publica hoy en la edición de papel del diario Expansión un elocuente artículo titulado “Casandra en las democracias”. Podéis leerlo en su blog o gastaros un euro comprando el periódico, lo que permitirá mantener los medios escritos. Comienza el eminente economista glosando la obra del exministro Miguel Sebastián “La falsa bonanza” una suerte de autocrítica de los excesos que padeció la economía española en la década 1998-2008. Casi nadie alertó de los peligros que nos venían encima. Recuerda Conthe que “los poquísimos artículos o textos que apuntaban en esa dirección eran despreciados y atacados, algo que me tocó padecer en primera persona desde que el Informe Inmobiliario 2002 del área de estudios del BBVA apuntó la existencia de la burbuja. Hubo voces que directamente abogaron por mi despido. Hablar de la burbuja parecía algo prohibido, estaba mal visto”.

Para evitarlo, el libro destaca la importancia de que existan instituciones no electivas que alerten sobre los posibles desequilibrios macroeconómicos, como la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y la Autoridad Fiscal Independiente (AiREF). Razona Conthe que “la escasez de análisis ecuánimes sobre vulnerabilidades latentes y la falta de debate sobre ellas se ve reforzada por la competencia electoral entre partidos y el efecto deletéreo que la franqueza tiene para cualquier político” lo que bautizó como “Síndrome de Van Dyck“, en honor al pintor flamenco cuyos clientes salían retratados más guapos.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha sido siempre un ejemplo de cómo hacer bien estas cosas. Hemos venido dejando constancia de ello. Así, en 2010 hablábamos de “finanzas al límite”, en 2009 de “Gastar en tiempos revueltos”, en 2008 “las razones del déficit sanitario” sobre las cuentas del 2007. Está claro que los parlamentos no hicieron bien su trabajo, pues todas las causas del deterioro actual de las finanzas valencianas están en esos informes, incluso resumidas en unas sencillas conclusiones al principio de los cientos de páginas. Así que no nos llamemos a engaño.

La situación sigue siendo crítica

Nuevamente esta semana, el síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha entregado al presidente de les Cortes Valencianas el Informe de Fiscalización del Sector Público Autonómico, en esta ocasión correspondiente al ejercicio 2014. Lo hizo dentro del plazo de seis meses desde la rendición de la Cuenta General y, como viene siendo habitual cada año, es uno de los primeros que se aprueba y publica a nivel nacional sobre el conjunto del sector público autonómico, conteniendo la fiscalización del año inmediatamente anterior. Además, en esta ocasión es también el primero que se publica bajo las nuevas normas de fiscalización ISSAI-ES, adoptadas por el conjunto de órganos de control externo.

Sindic CG 2014

El informe concluye con una opinión con salvedades, pues la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2014 se presenta, en general, de acuerdo con los principios contables y con la normativa legal que son de aplicación con las salvedades y limitaciones (muy importantes, eso si) que aparecen convenientemente detalladas:  Seguir leyendo “Importantes salvedades en las cuentas de la Generalitat Valenciana”