Las Autoridades de la Unión Europea ha propuesto la modificación de la normativa de gasto aplicables a los Fondos Estructurales. Ante la pandemia, la Comisión propone movilizar la financiación «como medida temporal y excepcional, sin perjuicio de las normas que deben aplicarse en circunstancias normales», transfiriéndolos con mayor rapidez y ofreciendo «mayor flexibilidad para orientar la ayuda de la UE allí́ donde sea más necesaria». Les confieso que la palabra flexibilidad eriza el pelo de los auditores … ¿En qué consiste?
Así, permitiría a los Estados miembros pedir el 100 % de la financiación de la UE sin incrementar su porcentaje de cofinanciación ni tener que dedicar una parte fija a cuestiones clave tales como la investigación o el clima, así como transferir más fácilmente fondos entre sus programas y regiones, y decidir por sí mismos qué orientación darles.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha demostrado gran sensibilidad (¿?) en la resiliencia de la economía al emitir el dictamen preceptivo que en el epígrafe 4 explica:
“Sin embargo, estas circunstancias no son normales. El Tribunal, en su calidad de institución de la UE, entiende que la Unión debe adoptar medidas extraordinarias … exige la movilización urgente de todos los medios financieros disponibles para afrontar las consecuencias para la salud, las empresas y los ciudadanos: la ayuda de la UE debe ponerse a disposición de los Estados miembros cuanto antes.
El desafío al que se enfrenta la Comisión en su propuesta es conseguir un equilibrio adecuado entre la necesidad de proporcionar la flexibilidad necesaria para garantizar que los fondos se ponen a disposición de los Estados miembros sin demora, y la necesidad de minimizar los riesgos para el cumplimiento y la buena gestión financiera. En opinión del Tribunal, ofrecer esa mayor flexibilidad constituye una cuestión de juicio político para las autoridades legislativas de la UE, el Parlamento Europeo y el Consejo”.
Hechos posteriores
El Roto nos avanza un futuro negro es su habitual manifiesto (El Roto no hace chistes). Cabe preguntarse qué efecto tendrá esta pandemia sobre las cuentas que se presentarán y auditarán en los próximos meses. Está claro que habrá multitud de riesgos de todo tipo y los financieros tendrán un efecto sobre las cuentas futuras.
Tanto las entidades públicas como privadas deberían de comenzar las próximas semanas el proceso de rendición de cuentas anuales del ejercicio económico 2019. Salvo el caso francés, que acaba de presentar el informe anual de la Cour des Comptes sobre la ejecución del presupuesto 2019, con 10 recomendaciones sobre el creciente déficit y deuda. Allí, la Cour reconoce que al ser anterior a la crisis sanitaria no incluye ninguna referencia al presumible deterioro financiero que se producirá en 2020.
Tanto en sector púbico como privado, el impacto del COVID-19 es un un hecho posterior que no impone ningún ajuste sobre las cuentas anuales, pues no existían al cierre del ejercicio.
No obstante, el profesor Fernando García, en el último número 28 de la Revista Contable y Financiera entiende que un suceso como la crisis sanitaria es de tal importancia que:
“si no se facilitase información al respecto en la memoria podría distorsionar la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales, por lo que se deberá incluir información en la memoria estimando su posible efecto. En caso de no poder realizar la estimación, se deberá manifestar en la memoria esa imposibilidad”
En su opinión, las principales partidas afectadas del sector empresarial son los gastos por deterioro de activos (nuevos planes de negocio de la entidad ajustados a posibles menores demandas, expectativas en reducciones en los precios de venta, así como la mayor incertidumbre), los gastos por dotación de provisiones por no poder atender a los contratos firmados o el reconocimiento de indemnizaciones.
En el sector público, la GPF-OCEX 1560: Guía sobre hechos posteriores al cierre, distingue dos tipos de hechos en función de si existían en la fecha de elaboración de los estados financieros o surgieron después. Para el Presidente del ICAC hay consenso en que estamos en este último caso. Se trata de un tema que dará mucho que hablar en los próximos meses, veréis. Apuesto a que se acabará regulando por ley su alcance.
O mejoramos nuestras competencias y posibilidades de financiación, o no tendremos el impulso necesario para salir de la estructura de pymes que tenemos.
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