El jueves pasado se hacía público en informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por un grupo de investigadores del Observatorio Universitario bajo al dirección de la profesora Vera Sacristán. Analizan los autores el grado de cumplimiento por las Instituciones españolas de educación superior de los requisitos actuales ((en vigor desde hace décadas) así como de los nuevos requisitos previstos en el Proyecto de Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios recientemente sometido a audiencia pública.

Los datos que presentamos provienen, en su mayoría, del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), la plataforma de recogida, procesamiento, análisis y difusión de datos del Sistema Universitario Español participada por las comunidades autónomas, las universidades y el Ministerio.

Sólo 18 universidades del total de 81 cumplen los requisitos vigentes. 

El trabajo concluye evidenciando el incumplimiento generalizado de los requisitos vigentes. Obviando los que se refieren a infraestructuras, los requisitos en vigor se limitan a cinco. Uno exige una oferta académica mínima (que todas las universidades cumplen) y los otros cuatro se refieren a la plantilla docente, y exigen una ratio mínima entre profesorado y estudiantado, así como unos porcentajes mínimos de PDI doctor, a tiempo completo y permanente (este último criterio no se aplica a las universidades privadas).

El Proyecto de real decreto incrementa los requisitos sobre la oferta docente, que pasan de uno a seis, y añade un nuevo conjunto de requisitos sobre la actividad investigadora. Sólo 12 universidades del total de 81 cumplen al día de hoy con los requisitos que prevé el Proyecto para los centros propios. Todo ello plantea la necesidad de articular un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos.

Estamos en un momento crucial en todas las universidades de todo el mundo como consecuencia de las tendencias que ya venían afectándole desde la década pasada y que ahora se  acrecientan por el efecto de la pandemia. Nada se dice de la forma de gobierno y el reclutamiento del profesorado, del que el ministro Castells había avanzado su intención de reformar también y parece que abandona la idea.

Reformar la Ley Orgánica de Universidades exige un tiempo y un consenso (político y académico) del que se carece al día de hoy si se quiere hacer un texto que perdure y no sea combatido por los equipos rectorales o las Comunidades Autónomas que financian todo el sistema.

En este sentido, el rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, pedía en una entrevista con Efe de la semana pasada que no se hable de endogamia donde no la hay sino aprovechar la inversión en formación:

«Curiosamente las universidades con mayores índices de endogamia son las que tienen mejores resultados en investigación y en captación de fondos, porque hay una solidez en las líneas de investigación y porque han hecho bien la formación de su gente. Si tenemos una persona que se forma en la universidad, hace su tesis, la mandamos al extranjero unos años, logra contratos competitivos y al final vuelve a su universidad, yo creo que eso no es endogamia».

Respecto a la forma de gobierno universitaria quería destacar la última publicación al respecto, presentada el mes pasado. La catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Cádiz, María Zambonino Pulito, ha dirigido la obra colectiva “Buen gobierno y buena administración en las universidades públicas” (Iustel, 328 páginas y 25€) en la que se abordan  las facetas más relevantes de la organización y la actividad de las instituciones de educación superior españolas. Como puede verse (descargar sumario PDF) aborda la transparencia universitaria, tanto con carácter institucional como es las evaluaciones académicas. Especial mención a los capítulos de lucha contra el fraude donde ha sido pionera la Universidad de Cádiz, a la que pertenecen los autores.

Asimismo, contempla desde la perspectiva de la buena administración universitaria aspectos como los procedimientos electrónicos, la contratación pública socialmente responsable, el régimen de permanencia o el voluntariado. Muy interesante, para los más cafeteros, el capítulo 4 se refiere a lucha contra el fraude desde la propia Universidad con un interesante análisis de la catedrática e inspectora General de servicios en la Universidad de Cádiz, María Paz Sánchez González, sobre la constitución y funciones de su Comisión antifraude y la elaboración del correspondiente mapa de riesgos o el establecimiento del canal de denuncias, unos temas muy actuales que ya avanzamos hace unos meses felicitando la iniciativa porque constituyen una experiencia innovadora y valiente tras una penosa experiencia .

Universidad del siglo XXI

Para terminar, debemos hacernos eco del lanzamiento por la Universidad de Salamanca de la colección ‘La Universidad del siglo XXI’ para reflexionar sobre los retos del sistema universitario español. El secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón (en el centro) y rector de esa Universidad, Ricardo Rivero (a su lado) presentaron este jueves los tres primeros volúmenes en un acto, celebrado en el histórico Paraninfo salmantino que puede verse en la foto siguiente.

Asistieron los autores de los tres primeros libros de la colección: el propio Ricardo Rivero (“El futuro de la Universidad” y que ya glosamos aquí y Chaves aquí), José Ángel Domínguez, exdirector de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (“Calidad y Universidad”), y Salustiano Mato, exrector de la Universidad de Vigo (“Nuevo modelo conceptual de transferencia del conocimiento”). Próximamente vendrán más títulos, siempre girando sobre un tema central como la educación superior.

Se trata de una iniciativa editorial pionera dirigida a un público amplio, que no necesita ser experto en la materia y quiera saber más sobre el sentido de una institución que genera conocimiento, transmite valores, forma a generaciones de graduados y se imbrica en la sociedad en la que vive. Un debate para las instituciones de educación superior que deben demostrarse capaces de efectuar un análisis crítico de sus propios puntos fuertes y de las áreas de mejora.