Suele afirmarse que cualquier Institución del moderno Estado democrático debe ser transparente, probo y eficiente. Las universidades no son una excepción. A ellas, la sociedad civil les exige no sólo formar los profesionales del futuro sino, además, ejercer un cierto liderazgo intelectual y ético. Suele ser la institución mejor valorada en las encuestas. Presentamos a continuación algunos recientes ejemplos.

Comisión antifraude de la Universidad de Cádiz

Tanto la normativa europea como la española exigen a los responsables de los fondos públicos una actitud verdaderamente positiva en la lucha contra el fraude. El artículo 64.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público es un ejemplo palmario al establecer que los órganos de contratación adoptarán las “medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación” así como para “garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos”.

La Universidad de Cádiz ha intentado dar una vuelta de tuerca en ese loable objetivo. Acaba de constituir la Comisión Antifraude, en una actuación proactiva frente a determinados comportamientos (irregularidad, fraude, corrupción) no sólo a través del canal de denuncias sino con medidas para perseguir, detectar y corregirlos aunque también prevenirlos mediante la elaboración del mapa de riesgos de fraude y su evaluación anual con propuestas de actuación.

Un ejemplo a seguir por todos pues es de todos la responsabilidad de evitar el fraude. Veamos a continuación algunas otras experiencias relacionadas con el buen gobierno universitario, que han sido noticia esta semana.

Evaluacion de la transparencia universitaria

Estos mismos días se conocía el documento sobre transparencia universitaria que elabora periódicamente la Fundación compromiso y transparencia. De sus conclusiones resaltamos las áreas que presentan mayor grado de cumplimiento. Así destaca la comunicación con el alumnado (que publica el 100% de la muestra), la información relativa al gobierno de la universidad (cumplimiento del 97%) y la información económica, que divulgan en su web el 96% de universidades.

Como puede verse en el gráfico superior, tras una evolución muy favorable, en la actualidad, un 31% de las universidades públicas son clasificadas como transparentes (cumplen 40 de los 54 apartados evaluados), el 51% se califican de translúcidas (30 ítems) y opacas (alcanzan menos de 25).

El documento ha incluido en el examen al consejo social analizando Javier Martín Cavanna, director de FCyT, el papel que juegan en la rendición de cuentas de las universidades a la sociedad, preguntándose si se trata de “órganos de gobierno u órganos decorativos”.

En ese sentido, la reunión celebrada en Toledo los días 25 y 26 de noviembre pasados por la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas, fue  inaugurada por el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, junto al presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, Antonio Abril, una fructífera reunión donde se trataron diversos temas de actualidad.

El Comunicado elaborado reitera “la necesidad de modificar la obsoleta legislación actual de universidades ya se ha convertido en una auténtica urgencia nacional, pues la continuación de su reiterado aplazamiento en el tiempo nos irá alejando cada vez más de los estándares internacionales y, consiguientemente, lastrará a medio y largo plazo la formación de nuestro capital humano, científico y tecnológico, que es nuestra mejor baza para seguir avanzando en crecimiento económico y bienestar social en el mundo digital de nuestro tiempo”.

La conferencia inaugural corrió a cargo del economista y experto en Educación Superior, Raffaele Trapasso, que abordó tres tareas que debe acometer la universidad actual. La primero debe ser la “enseñanza empresarial”, aunque no como simplemente creación de negocio sino que se ocupe de que el estudiante sea proactivo, creativo y sepa trabajar con otros.

La segunda tarea universitaria sería la “porosidad”, como institucines abiertas a los empresarios para responder a las necesidades del mercado laboral. Una tarea difícil pues el futuro del trabajo se desconoce y los empresarios no saben cuáles son las competencias que hacen falta en el futuro. Por último, fomentar las relaciones con el resto de la sociedad.

¡Ojo! No nos pasemos de frenada eficiente

Ya contamos en la bitácora como el gobierno británico había reemplazado en 2010 el antiguo sistema de subvenciones nominativas a las Universidades públicas. El nuevo modelo supone que cada estudiante paga costes reales y formaliza un préstamo a devolver en condiciones favorables. Ahora, las universidades compiten por financiación rivalizando por estudiantes, entre sí y entre sus propios departamentos.

¿Qué significa esto para los trabajadores de la educación superior? Estos días el diario ingles The Guardian describía como se enfrentan a una proliferación de incentivos perversos: en lugar de investigación y enseñanza, se espera que los profesores participen en una permanente campaña de reclutamiento. En lugar de apoyar a los estudiantes emocional y académicamente, se espera que el personal de servicios estudiantiles, que a menudo se enfrenta a recortes y «reestructuraciones», actúe como la vanguardia de la «empleabilidad». Con más estudiantes, se espera que el personal permanente asuma cada vez más trabajo mientras que el personal temporal cubra las brechas estructurales, proporcionando una fuerza laboral «flexible» que es contratada y despedida en respuesta a las fluctuaciones en el número de estudiantes.

Es cierto, como recuerda el diario británico, que las doctrinas de flexibilidad y precariedad no son exclusivas de la educación superior, aunque son representativas de unas prácticas laborales contemporáneas que parecían hasta ahora ajenas a la función pública. Queda por ver si el estudiante ha mejorado su opinión sobre la Universidad y el esfuerzo ha merecido la pena.