Aprovechamos el reportaje que el domingo pasado ofreció el diario El País para hablar de la Universidad desde una doble perspectiva. Primero como anfitriona virtual del IX Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público, donde el administrativista y rector Rivero será conferenciante inaugural. También para reflexionar sobre la situación actual de la Universidad Pública como organización anfitriona del evento y como objeto de estudio en la mesa correspondiente. Por último hacemos una referencia al debate económico presupuestario suscitado en la actual edición de las Jornadas de Gerencia Universitaria en relación a la regla de gasto y sus perniciosos efectos sobre las instituciones españolas de educación superior.

En efecto, el jueves 15 de octubre se estudiará en el IX Congreso de FIASEP “El modelo de control financiero en las Universidades y la transformación digital” que presenta José Carlos Naranjo, quien durante muchos lustros fue miembro de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Podremos seguir allí las ponencias de Miguel Ángel Acosta. Secretario General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y de María Sauleda, Interventora de la Universidad Pública de Navarra, así como la comunicación de Ángeles Maderuelo, directora de Intervención de la Universidad Complutense.

Hace justo diez años que publicamos aquí “Una Universidad que se resiste a morir” donde presentábamos las diversas fuerzas del mercado que imponían su ley a las organizaciones de enseñanza superior. Destacábamos entonces el entrañable artículo de jubilación del eminente catedrático González Navarro, que en palabras de José Ramón Chaves (conferenciante de clausura del evento FIASEP)  fue “prodigiosa fusión de magistrado y profesor de quien tantísimo he aprendido”. Hoy, aquella Universidad no se reconoce, aunque estudiar sigue siendo un buen negocio,  como confirman nuestros mejores estudiosos y por mucho que se cuestione en estos momentos alguna tribuna como la que leemos esta misma semana en The Telegraph.

Las consecuencias de la pandemia aceleraron una década la digitalización de las instituciones. En mayo pasado, el economista Kenneth Rogoff comparaba la situación que actualmente experimenta el mundo con una invasión extraterrestre. En el caso de la Universidad, hemos realizado una enseñanza remota de emergencia, que dista de las características y criterios de calidad que supone una enseñanza online o semipresencial, a pesar de que ha sido una respuesta que, a la espera de evaluaciones e investigaciones, puede calificarse como suficiente ante la situación inesperada que hemos vivido.

La sociedad civil exige a sus universidades no sólo formar los profesionales del futuro sino, además, ejercer un cierto liderazgo intelectual y ético. Su control interno debe equilibrarse con una adecuada gestión eficiente, en un entorno 100% digital. Hace justo un año debatíamos en la Universidad de León sobre cómo compaginar  digitalización, eficiencia y fiscalización, con las clásicas tres líneas de defensa así como sus riesgos desde la opinión manifestada sobre el asunto en las auditorías a las Instituciones españolas de educación superior.

Jornada virtual de Gerencia Universitaria

Estos días pudimos asistir a la reunión que desde hace cuatro décadas  celebran los responsables de las diversas áreas de gestión de las universidades.  Se trata de la Jornada anual de gerencia universitaria que este año se celebró en formato virtual.  Dentro de la mesa 2 se abordaron Los límites de gasto, la merma de ingresos y los efectos presupuestarios. Germán Orón, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Jaume I de Castellón analizo el empleo de los remanentes presupuestarios y de tesorería en el actual marco. Coincidió con Julio García (UCLM) en un argumento con frecuencia olvidado: los presupuestos están para agotarse, para ejecutarse al máximo respetando los principios de eficiencia, necesidad e idoneidad del gasto (31.2 CE y Art 28 LCSP 9/2017). De no hacerlo, afirmó, se dejan de prestar servicios públicos y recursos no sobran, así que el estudiante, el profesor, el investigador, la sociedad debe recibir lo máximo. El presupuesto debe alejarse de las mecánicas de formulación inerciales (incrementalista/reduccionistas) para cobrar el protagonismo que presenta como herramienta clave para el desarrollo de la estrategia. .

Julio García recordó que Europa ha sacado la cartera, a cuyas universidades se acaba el argumento de la escasez de fondos. En su opinión, el problema es aprender a hablar el idioma Europa. A disponer una estructura de gestión y control de los fondos: “A desburocratizarse para ser ágiles”. Aportó en su intervención diversas notas de management que los equipos de gobierno universitario pueden (deben) aprovechar para obtener la máxima eficiencia económica de sus exiguos recursos:

“Empezando por repensar su misión en el nuevo escenario mundial, la Universidad está llamada a reinventarse una vez más. Ha de definir si será un actor clave o si lastrará con su anacronía la recuperación. La sociedad ha evidenciado el valor de la educación y del conocimiento científico no solo para su desarrollo, sino para su propia salud y seguridad. La universidad pues, más necesaria que nunca. Ahora bien, ¿necesaria tal y como la conocemos? ¿Son necesarias todas las universidades?».

La Gerenta de la Universidad de Oviedo, Ana Caro, afirmó en ese panel que las exigencias a las Universidades Públicas sobre el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria, y, en concreto, el dictado de Planes Económicos y Financieros, y el cumplimiento de la Regla de Gasto: “son un encorsetamiento que utilizan las CCAA sin tener en consideración que los obligados a ese cumplimiento son los gobiernos autonómicos, que deberán llevar a cabo las políticas públicas que correspondan, ponderando y haciendo primar, dentro del conjunto de su sector público, los ámbitos que considere estratégicos.

En su opinión, siendo las Universidades, y los servicios que están prestan, académicos y de investigación -fundamentales para el desarrollo y la evolución de una región- «se deberá facultar que, dada su idiosincrasia y sus particularidades presupuestarias- la procedencia de los fondos- los destinados a proyectos de investigación, principalmente, tengan un margen de movimiento distinto a otros ámbitos del sector público autonómico».

Planteó que el Ministerio de Universidades dote de un marco jurídico adecuado que obligue a las CCAA a entregar los fondos COVID a todas las Universidades Públicas con las mismas garantías y reglas, para que no quede en manos de aquellas y se produzcan, como está sucediendo, desigualdades evidentes que perjudican gravemente los intereses de nuestras Instituciones universitarias. De hecho, a raíz de esta intervención, y a petición de Ana Caro, la CRUE ha lanzado una encuesta entre todas las Universidades para recabar la información sobre cómo se está vehiculizando en cada Comunidad este asunto, de modo que con los datos debidamente corroborados se pueda informar al Ministerio y, a la vez, las CCAA conozcan cuáles son las diferencias de tratamiento que están teniendo lugar.