La centenaria y prestigiada revista El consultor abre estos días con una interesante entrevista en acceso libre a Ignacio Cabeza del Salvador, Presidente de la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público  (FIASEP) a cargo de la letrada del Tribunal de Cuentas, Pilar Jiménez Rius. Entre otras cosas, hablan del IX Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de octubre. Cabeza nos avanza las interioridades de este ambicioso programa virtual, dirigido a todos los empleados públicos y profesionales privados relacionados con los ámbitos de la gestión, auditoría, control público y nuevas tecnologías.

El presidente de FIASEP recuerda que en la actual situación de crisis sanitaria y económica, los ciudadanos han tenido la posibilidad de relacionarse con la Administración por medios informáticos, lo que ha facilitado la gestión pública y una mejora relevante en la atención al ciudadano: “este nuevo contexto promueve una Administración Pública más eficiente, eficaz, cercana y más transparente. Lógicamente este importante proceso presenta dificultades tanto en la gestión de personal como en las técnicas informáticas, infraestructura y de seguridad».

El monográfico de El Consultor estará disponible el 14 de octubre (con código de acceso libre para los congresistas) incluyendo magníficas colaboraciones de algunos ponentes cuyas aportaciones y debates nos ocuparán los próximos días. Como recuerda el presidente Cabeza, el lema de la reunión (“La Administración Digital: Un reto para la gestión y la auditoría del sector público”) no puede ser más oportuno, cuando todo gira ya alrededor de la e-Administración.

La AIREF entra en el debate administrativo digital 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de publicar la ‘Opinión para una estrategia de acceso a datos administrativos’, en la que propone una reforma en profundidad para facilitar el acceso a datos a la comunidad investigadora y a otras AAPP. En concreto, la AIReF reclama el diseño de una estrategia nacional para avanzar en la disponibilidad de datos administrativos convenientemente anonimizados, para ponerlos a disposición de la investigación y sin ánimo de lucro, que redunde en el beneficio del interés público.

La propuesta de la AIReF conjuga dos principios básicos: primero, facilitar la explotación de los datos por parte de la propia Administración y de los investigadores para el desarrollo de mejores políticas públicas y, segundo, la salvaguarda de la privacidad de las personas. España cuenta con abundantes registros administrativos personales (de personas físicas y jurídicas) relacionados con multitud de aspectos socioeconómicos, como la salud, la renta de los hogares, el mercado de trabajo, la tributación de sociedades, entre otros.

El acceso de la comunidad científica y de otras administraciones a esta información permitiría una evaluación más rigurosa de las políticas públicas mejorando su diseño y eficiencia.

Actualmente estos datos se encuentran dispersos en diferentes organismos y administraciones que operan a través de sistemas no interconectados, cuya organización está orientada a la gestión de las políticas públicas y no a su análisis y evaluación. Salvo en contadas excepciones, ni las administraciones distintas a las que gestionan dichos registros ni la comunidad investigadora tienen acceso a estas fuentes de información.

Por ello, la AIReF considera necesaria una estrategia nacional para avanzar en la disponibilidad de datos administrativos. Estima necesario regular las condiciones de acceso a esa información así como designar una institución especializada, dedicada a la recopilación, procesamiento, cruce y puesta a disposición de la información procedente de registros administrativos, con plena garantía de la protección de los datos.

La AIReF asegura que la creación de la Oficina del Dato, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, constituye un paso en la buena dirección.

La institución designada asumiría la misión específica de facilitar el acceso a los datos, como han hecho los países del entorno. Esta institución, respaldada normativamente, debería perseguir la estandarización en los protocolos de acceso, responsabilizarse de la difusión de cada conjunto de datos protegiendo la privacidad personal y tener en cuenta el interés público del uso de los datos para tomar las decisiones sobre su acceso. También debería encargarse de velar por la creación de un único sistema de registros bajo el que podrían combinarse distintas fuentes de información. Debería contar con un Comité de Autorización independiente encargado de aprobar o denegar las solicitudes de acceso en un plazo razonable. La cesión de los datos a través de esta institución se instrumentaría a través de convenios.