El robot de la película Cortocircuito pasaba velozmente las hojas del libro mientras reclamaba «Datos, datos, más datos«. Hace 35 años de esta comedia y ya entonces parecía que los datos eran un activo muy valioso.

El tema sigue siendo la estrella de nuestra moderna sociedad digital. Durante los últimos quince años su crecimiento ha sido incalculable. Todo lo que tenga que ver con los datos abiertos es materia de análisis por expertos tanto en economía de la cuarta revolución industrial como en gestión y derecho digital, en algoritmos e inteligencia artificial de la Administración Pública. Presentamos a continuación, a modo de repositorio, algunos interesantes documentos de especialistas que contribuyen a forjar doctrina sobre nuestra Administración digital.

España, bien posicionada

España, de acuerdo con el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales  ocupa el segundo puesto en la UE en materia de servicios públicos digitales, gracias al plan de digitalización de su administración central. Con 87,3 puntos, España supera la puntuación media europea (72 puntos) y se sitúa tan solo a dos puntos del país que tiene la mejor Administración Electrónica de la Unión Europea (Estonia). La peor puntuación la hemos obtenido en la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes, y en las capacidades digitales básicas.

Datos abiertos

¿Existe una obligación de abrir los datos de las Administraciones Públicas? ¿Pueden venderse? ¿Qué son los datos de alto valor? ¿Qué es la oficina del dato? La actual crisis del coronavirus dejó algunas críticas sobre a la gestión de datos, en relación a su homogeneidad de recogida o de publicación, sin facilitar su reutilización o la desagregación geográfica.

De ahí, la oportunidad del número especial que la revista El Consultor ha dedicado hace unas semanas al tema: “Datos abiertos. Hacia una gobernanza real de las administraciones públicas”. Un monográfico coordinado por Borja Colón de Carvajal, Roberto Magro y Ascensión Moro donde una veintena de autores profundizan en todas las dimensiones del dato, empezando por el propio concepto y terminando por las implicaciones éticas de su uso y gestión. Un contenido que quiere poner de manifiesto la importancia de los datos como herramienta y como estrategia para afrontar el futuro con mayores garantías y en mejores condiciones: “Así que no lo dudes, si quieres adentrarte en un mundo fascinante donde los datos abiertos son los auténticos protagonistas éste es tu momento y ésta es tu publicación”, concluyen los coordinadores.

Fiscalización digital

El trabajo de fiscalización está cambiando. Tanto el control interno como el control externo. Incluso no es posible una función interventora sin tener presente esta nueva realidad. Nos lo recuerda Álvaro García Molinero en la última entrada de su pujante página web donde recuerda que la transformación digital en la que estamos inmersos debe servir de catapulta para cambiar la mentalidad de control hasta ahora existente y donde los datos serán la base sobre la que debe pivotar todo el control de la actividad financiera.

“No cabe duda de que la gestión actual exige una mayor preparación, unas nuevas habilidades o destrezas especiales al objeto de ser más productivos y útiles”.

Entiende Alvaro García que el análisis masivo de los datos proporcionados por una adecuada tecnología debe permitir a los funcionarios del control “abarcar un mayor espectro de la gestión realizada, detectar con mayor facilidad irregularidades existentes y/o frecuentes que precisan de un adecuado tratamiento o hacer visibles deficiencias de gestión estructurales que requieren de especial atención. El uso, por tanto, de la inteligencia artificial, Big data, minería de datos o, inclusive, la incorporación de personal profesional experto en diferentes disciplinas, permitirán fortalecer el cumplimiento de los objetivos de control que demanda la realidad existente”.

Ciberseguridad

El COVID-19 ha puesto de manifiesto la total dependencia que tiene la gestión pública de los sistemas de información y las comunicaciones (SIC). Esto hace que administraciones públicas sean más vulnerables frente a los ciberataques y que, por tanto, mantener un sólido sistema de protección frente a ellos y una adecuada ciberhigiene sea más necesario que nunca.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana viene realizando regularmente, desde hace años, una serie de auditorías sobre los controles básicos de ciberseguridad de los grandes y medianos ayuntamientos. Con sus valoraciones, se verifica el marco de ciberseguridad aplicado sobre los sistemas de información y si garantiza un nivel de control adecuado, incluyendo la protección de la información que gestionan y la continuidad de los servicios públicos ofrecidos.

Los auditores reconocen que la mejora de los controles de ciberseguridad requerirá actuaciones e inversiones, tanto en medios materiales como personales, que tienen que ser adecuadamente planificadas.

Entre los últimos beneficiarios de sus trabajos durante 2020 están los ayuntamientos de Alcoi o San Vicente de Raspeig.

En el primer municipio, con carácter general, el grado de cumplimiento existente en la gestión de esta materia es de un 59,1% respecto al nivel establecido como objetivo. Esto implica que, aunque existe cierto nivel de efectividad en los controles analizados, es insuficiente y existen claras posibilidades de mejora. Además, la valoración de la auditoría sobre el cumplimiento de los aspectos de legalidad representa un índice del 37,5% respecto al nivel establecido como objetivo, una cifra que el órgano fiscalizador considera bastante insatisfactoria.

La Sindicatura considera que es necesario que los máximos órganos responsables del Ayuntamiento de Alcoi (Pleno, alcalde y la concejalía responsable de las TIC) tomen conciencia de la necesidad de conseguir los niveles exigidos por la normativa para la protección de los sistemas de información ante la multiplicidad de amenazas existentes, a fin de garantizar la consecución de los objetivos de la entidad, la prestación adecuada de servicios a los ciudadanos y la protección de la información y del resto de los activos de los sistemas de información.

Respecto a los  controles básicos de ciberseguridad del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, su grado de cumplimiento en esta materia es más bajo: de un 52,8% respecto al nivel establecido como objetivo. Tampoco es buena la valoración de los auditores sobre el cumplimiento de los aspectos de legalidad digital que representa un índice del 20,6% respecto al nivel establecido como objetivo, una cifra que el órgano fiscalizador considera excesivamente baja e insatisfactoria ya que existen incumplimientos generalizados de la normativa.

Mayor digitalización supone necesariamente un mayor riesgo de sufrir ciberataques y en ese contexto la cultura, las nuevas herramientas digitales y las habilidades digitales de los empleados son cruciales para proteger el valor empresarial. APD organiza la próxima semana un interesante encuentro online para debatirlo.

Vida digital

La pandemia y sus secuelas aceleran la digitalización de la economía exigiendo un nuevo marco de políticas públicas a la altura de los retos económicos, laborales y sociales que supone la revolución tecnológica.

Constantemente surgen debates sobre el desafío que supone esta nueva realidad digital: el avance hacia del teletrabajo, la necesidad de un marco fiscal moderno y eficaz (tasa digital) ponen en evidencia la necesidad de una reformulación de los principios básicos sobre los que se desarrolla la acción pública en materia de protección laboral y social.

En ese marco la Fundación Alternativas acaba de presentar dos interesantes trabajos. Por una parte, el documento “Políticas públicas, sociales y fiscales para las sociedades digitales” de José Moisés Martín, Luz Rodríguez y Anabel Suso, donde analizan el escenario (empleo, educación, fiscalidad o protección social) y sus consecuencias ( vg: ¿qué papel juegan los sindicatos?).

La ubicuidad de la tecnología digital se incorpora a nuestra vida diaria en una creciente fusión del mundo físico, biológico y digital.

Esta semana también presentaban el estudio “El valor del dato en la economía digital” del que son autoras las profesoras Celia Fernández Aller y Mercedes Serrano. De sus muchas ideas destaco esta conclusión:

Un modelo de protección de datos basado exclusivamente en el consentimiento del titular para recopilar y tratar sus datos de carácter personal trae consigo muchos problemas. La experiencia dice que la gran mayoría de los individuos no lee las políticas de privacidad antes de prestar su consentimiento; y aquellos que lo hacen no las comprenden.

Como no podía ser de otra forma, recomiendan invertir en medidas de seguridad tecnológicas y organizativas, que deben ser evaluadas y actualizadas permanentemente, con el fin de responder a los continuos retos que plantean las TIC.

La vida digital es rica y variada, como puede deducirse de la noticia que nos sirve de cierre: