Se celebró ayer, en la sede de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, el tercer encuentro entre los Consejos Sociales de las Universidades Españolas y el Tribunal de Cuentas. Los temas de discusión este año fueron la Transparencia, así como las relaciones financiera con las fundaciones universitarias.

En la mesa que tuve el honor de sentarme, junto a Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, e Ignacio Villaverde, Catedrático de derecho constitucional y secretario del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, tratamos la primera parte del programa, que ya avanzamos en la entrada anterior.Entre los aspectos que suscitaron interés de los asistentes, cabe destacar el artículo 347 de la Ley de Contratos del Sector Público, el último del reciente texto legislativo, que en su apartado segundo ordena que los perfiles de cada órgano de contratación se integren en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) o en el perfil autonómico y , en cualquier caso, e independientemente de la opción elegida por las CCAA, estas deberán publicar, bien directamente o por interconexión de agregación, la convocatoria de todas las licitaciones y sus resultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Técnicamente no es novedad, porque la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (DA 3ª) exigía publicar, “en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados”.

El resultado ofrecido por el análisis de Transparencia Internacional era bastante desalentador:

Pero desde hace dos semanas, el art. 39.2.c) sanciona con la NULIDAD DE PLENO DERECHO la falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público así como en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas o en el «Diario Oficial de la Unión Europea. Así pues, la PCSP va a ser un enorme lago de big data donde pescar estadísticas e indicadores de corrupción, merced a los algoritmos de inteligencia artificial que hoy ya existen disponibles y que deben superar algunas críticas que mantiene la gestión de la plataforma por el Ministerio de Hacienda.

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, muy activo durante toda la jornada, destacó la herramienta “Contratos Públicos Transparentes” que ha creado una base de datos propia, explotando la plataforma pública que se ha depurado de acuerdo a una metodología acordada con los expertos de Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública. Destacó uno de las conclusiones ofrecidas por la aplicación: un 38,3 % de los contratos adjudicados contaron con un único licitador, lo que evidencia una ausencia de competencia real en muchas de esas licitaciones.

Algunas estadísticas son presentables: la concurrencia media en las 52.617 licitaciones publicadas fue de 4.6 participantes y el ahorro medio de un 21,39 %.

Ahora la información de los perfiles de contratante será enorme, pues el artículo 63 LCSP es el muy exigente en la abundante documentación a publicar (apartado 3) incluyendo la información relativa a los contratos menores (apartado 4) que deberá realizarse al menos trimestralmente (cosa que decía a ley de transparencia) pero que ahora se matiza mucha más: su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Bien es verdad que quedan exceptuados de esa publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija o similar.

Surgen nuevas herramientas de tratamiento masivo de los big data de contratos públicos que permiten señalar a la sociedad civil dónde se producen las ineficiencias o los fraudes

No será extraño, en el futuro, la elaboración de estadísticas o informes que traten esos millones de datos, tanto desde los órganos oficiales de fiscalización externa como de las organizaciones de la sociedad civil, identificando las áreas de riesgo de corrupción, tanto geográficas como operativas. Algo que la sociedad europea lleva muchos años haciendo en otras facetas, como la tributaria. Hay todo un campo por explorar y está surgiendo una nueva generación de instrumentos de control de las licitaciones, como nos cuenta aquíEl Boletín. Los auditores, cada vez más, deben conocer estas herramientas, como el software Digiwhist, liderado por la Universidad de Cambridge, que investiga los datos disponibles de contratación pública en 35 jurisdicciones: 28 estados miembros de la UE, Noruega, la Comisión Europea, Islandia, Suiza, Serbia, Georgia y Armenia.

En la esfera internacional, debe mencionarse la plataforma ProZorro, un sistema híbrido de contratación electrónica de código abierto creado en 2016 como resultado de la asociación entre las empresas, el gobierno y la sociedad civil ucraniana. Un entorno de colaboración que garantiza el acceso abierto a las licitaciones en Ucrania y su explotación. Hoy es reconocido mundialmente como uno de los sistemas de adquisición pública y análisis más innovador, galardonado con diversos premios internacionales para proyectos anticorrupción.