El próximo martes, participaré en un interesante encuentro de los Consejos Sociales de las universidades públicas españolas con el Tribunal de Cuentas. El programa aporta dos interesantes ponencias de sendas consejeras del Tribunal de Cuentas. La primera a cargo de Dª. María José de la Fuente, que además es Vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, titulada “La transparencia como fundamento de la gestión pública”. La siguiente a cargo de Dª María Dolores Genaro Moya, sobre “Consideraciones sobre el papel de las fundaciones universitarias y su control”.

A continuación de cada exposición tendrán lugar dos mesas redondas relativas al tema reseñado. En una de ellas abordaremos la transparencia en la gestión económica universitaria, donde tendré el honor de intervenir con una presentación previa al debate, moderado por el catedrático de derecho constitucional, Ignacio Villaverde. 

La principal herramienta divulgativa  de la situación económica del sistema universitario español es un peculiar trabajo de transparencia agregada que no existe en ningún otro sector: La universidad española en cifras, que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) viene promoviendo por medio de los Gerentes corporativos de cada institución, desde el año 1996. Con algunos altibajos, digámoslo todo.

El documento permite posicionar cada institución en el escenario nacional o autonómico en infinidad de materias, desde ala docencia en sus diversos grados hasta la investigación en sus múltiples vertientes. Un lujo del que son autores cada dos años Juan Hernandez Armenteros y José Antonio Perez García. Una divulgación anual que no es pacífica, sobre todo en las instituciones que, año tras año, mantienen malos resultados.

También debemos referirnos a los trabajos que periódicamente aporta la Fundación Compromiso y Transparencia sobre la transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas. En su sexta edición, relativa al año 2016, concluye que el avance en la información publicada por las instituciones universitarias ha sido muy relevante. En su análisis, el 80% de las universidades públicas (39 centros) cumplen el 75% del total de los indicadores (27 indicadores) planteados en el informe.

No hay ninguna universidad que no publique información económica; si damos por incumplido alguno de los indicadores de esta área es porque esos datos no son actuales, no se corresponden con el ejercicio económico del año anterior.

En el área económica no se valoran todas las obligaciones legales, de acuerdo con la Ley de Transparencia, sino difundir al menos estos elementos básicos, que en su estudio alcanzan el 87% de cumplimiento global, seis puntos porcentuales más que el pasado año:

• Presupuesto detallado.
• Estados financieros.
• Memoria explicativa de las cuentas anuales.
• Informe completo de auditoría externa.
• Información desglosada de sus ingresos.
• Información desglosada de sus gastos.

Mención especial merece el cumplimiento del indicador relativo a la auditoría externa, que presenta el grado de cumplimiento más bajo (59%), la razón se debe a que solo se daba por cumplida con la publicación de aquellas auditorías externas relativas al ejercicio cerrado del 2016, de acuerdo con el principio de actualidad.

Reconocen los autores que estos informes de auditoría no pueden ser los informes de fiscalización de los OCEX, porque no estarán publicados en la web universitaria dentro del ejercicio siguiente al fiscalizado.

Los redactores del documento han estudiado con detalle la cuestión. Saben que los Consejos Sociales encargan auditorías privadas para que orienten la decisión de aprobación de las cuentas anuales por los miembros del órgano de supervisión económica universitaria. En muchos casos tiene respaldo en la Ley autonómica que atribuye al Consejo Social su encargo. Pero también se reconoce que la DA segunda, apartado 2 de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, dice:

“Los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables de entidades que forman parte del sector público estatal, autonómico o local y se encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de control de la gestión económico financiera del sector público en el ejercicio de sus competencias, se rigen por sus normas específicas, no resultando de aplicación a dichos trabajos lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas (…)

   Los informes a que se refiere este apartado, que pudieran emitir auditores de cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades públicas, no podrán identificarse como de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas”.

Conclusión

Fuera de ese interesante debate, la conclusión es positiva: un total de 26 universidades públicas, de las 49 que conforman la muestra, han obtenido este año la calificación de transparentes y 40 universidades (translúcidas) cumplen 20 o más indicadores de los 27 totales, o, dicho de otro modo, el 80% de las universidades públicas (40 centros) cumplen el 75% del total de los indicadores (27 indicadores) del informe.

¿Y en materia de contratación?

También ahí llega la sociedad civil. Transparencia Internacional España realizó en 2016, en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, dos análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ambos trabajos pusieron de manifiesto el incumplimiento de una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto grandes ayuntamientos, como CCAA, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.

En mayo de 2017, realizaron un tercer análisis que puso de manifiesto una mejora a este respecto en algunas de estas instituciones, si bien se consideró “demasiado alto y preocupante» el nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas:

En el ámbito de las Universidades, éste fue el resultado: