La administración o la fiscalización de las universidades públicas lleva años presente en la mayoría de los congresos que tratan de gestión o control público, no sin el empeño de muchos funcionarios del ramo que lograron que esa presencia se instalase en la normalidad. Durante el panel C.2 del IX Congreso Nacional de Auditoría del sector público, moderado por José Carlos Naranjo Sintes, quien fuera muchos años Consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se debatió sobre el modelo de control financiero en las universidades y la transformación digital.

Participaron Miguel Ángel Acosta, Secretario General de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, María Sauleda Munárriz, Interventora de la Universidad Pública de Navarra y Ángeles Maderuelo Labrador. Directora de Intervención de la Universidad Complutense. Nos quedamos hasta que cerraron, como se decía cuando había bares. Estábamos allí los interesados (bastantes y sin prisa) así que la jornada simplemente se limitó a servir de foro del interesante debate que se prolongó durante casi una hora más de lo previsto. Hasta que me avisaron que se enfriaba la cena, vamos. Las jornadas on line facilitan estas cosas.

La Universidad española, como todas las instituciones públicas (o privadas) atraviesa momentos difíciles. Los tiempos que vienen no podrán desconocer todo lo aprendido durante esta pandemia, que aun está por superar. La Universidad ya no será la misma en un lustro.

El congreso debatió sobre los modelos de financiación, así como de las diversas formas de control y fiscalización así como la correcta supervisión, presentando interesantes experiencias, moderados por José Carlos, quien fue durante muchos años el decano de los miembros de un OCEx.

“Chorreo” de la Cámara de Cuentas a las Universidades Madrileñas

Este verano, la Cámara de cuentas de Madrid aprobó el informe Análisis sobre el estado de la implantación por las Universidades públicas madrileñas del sistema de contabilidad analítica, curso académico 2017-2018. El trabajo, del que aun no habíamos dejado constancia en la bitácora,  se enmarca dentro de los habituales trabajos horizontales encargados por las Cortes Generales al Tribunal de Cuentas de España, que permiten a este comparar la situación actual de algún elemento del sector público, utilizando los resultados obtenidos en cada Comunidad autónoma.

Aun valorando los auditores positivamente el trabajo realizado por las Universidades, encaminado al establecimiento de un sistema de contabilidad analítica, “no se puede afirmar que se haya dado cumplimiento definitivo al requerimiento de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas” donde se instaba la instauración de dicho sistema dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades (LOU). La falta de su implantación efectiva no permite el establecimiento de unos precios públicos académicos en relación con los costes de prestación del servicio, tal y como señala el art. 81 de la LOU.

Para la Cámara, un nivel de progreso tan desigual llevan a las universidades a cuestionar la viabilidad del mismo tal y como fue concebido en un principio: “Aunque alguna universidad haya mostrado escaso interés y otras resulten decepcionadas ante los resultados obtenidos, no es un tarea que deba abandonarse, pues existe una norma legal que delimita unos objetivos y sus correspondientes plazos».

El chorreo también llega a las Consejerías competentes porque los trabajos de implantación se realizaron sin la necesaria tutela del proceso que exige la LOU, “lo que ha llevado a diferencias en muchas cuestiones, a falta de un criterio general y homogéneo”.

En cualquier caso, el informe concluye que “la necesidad de disponer de un sistema de costes se hace imprescindible a la hora de diseñar una política de fijación de precios públicos adecuada por parte de la Comunidad de Madrid, conociendo en primer lugar el coste de los distintos estudios de grado y máster, para posteriormente establecer, dentro de la política educativa que se estime pertinente, la contribución o copago a efectuar por el estudiante y su familia, a través de una adecuada política de becas y ayudas al estudio, para evitar situaciones sociales regresivas.

A pesar de los problemas encontrados, insta a las universidades madrileñas a seguir avanzando en el proceso de implantación de la contabilidad analítica, lo que permita la aplicación de la LOU y relacionar los ingresos por los precios públicos con los costes de la prestación. Aprovecho para recordar que los trabajos empezaron con fuerza. En 2014, la sociedad pública UniversitasXXI recibió durante el VI Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público, el Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparencia en el Sector Público por su trabajo de personalización, implantación y desarrollo del modelo de Contabilidad Analítica para universidades españolas, que llevaba varios años de trabajo.

Por último, considera conveniente que la Comunidad de Madrid firme contratos programa o similar con cada una de las universidades madrileñas, al margen de las leyes de presupuestos de cada ejercicio, que fijen el marco de financiación a medio plazo de las mismas, lo que permitiría a cada universidad una mejor planificación de su presupuesto.

Inteligencia universitaria

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el pasado mes la evaluación del sistema universitario público andaluz encargado por la Junta a la institución en marzo de 2019, en el que se analiza su eficiencia.

En el estudio, la AIReF analiza la configuración histórica y actual de los distintos modelos y criterios que han guiado la financiación y la gobernanza del SUPA; el actual sistema de precios y becas y su relación con el principio de equidad y con la igualdad de oportunidades; el diseño de la oferta de titulaciones, su eficiencia académica, y su conexión con el tejido productivo mediante la empleabilidad e inserción laboral de sus egresados universitarios; la especialización del SUPA en cuanto a producción científica y su impacto; y la eficiencia técnica en docencia e investigación de las universidades del SUPA y su reputación, en base a los principales rankings nacionales e internacionales.

Como resultado de la evaluación, la AIReF realiza 38 propuestas clasificadas en tres bloques según el ámbito al que van dirigidas: estrategia y modelo de financiación, docencia e investigación. Algunas de ellas, si no la mayoría, vienen siendo las mismas desde hace décadas.

En nuestro mundo económico y de control, encontramos (página 272 y siguientes) una referencia a reforzar y agilizar la implementación de la contabilidad analítica (“en todas las universidades”) así como un sistema integral de información universitario, para posibilitar también el seguimiento y la evaluación efectiva del modelo oficial de financiación de la educación superior andaluza.

La AIREF recuerda que esta fuente de información puede tomar la forma de un cuadro de mando institucional que abarque todos los indicadores de rendimiento definidos para el reparto de financiación por resultados y se construya sobre una herramienta de Business Intelligence. Estas herramientas permiten incorporar en el cuadro de mando institucional tanto la información procedente de las bases de datos internas de las universidades del sistema, que recogen la actividad docente, de transferencia de conocimiento, características institucionales propias, etc…así como la información sobre actividad investigadora, integrando las diferentes fuentes de datos existentes, evitando duplicidades en la arquitectura de la información y constituyéndose así como single source of truth (literalmente: fuente única de verdad) para el reporte a la Junta de Andalucía y el pos- terior reparto de financiación.

La información del cuadro de mando institucional de cada universidad del sistema debería ser periódicamente actualizada y ofrecer una imagen fiel de la actividad de las universidades en relación con los indicadores de rendimiento previstos y medidos en el modelo de financiación.

Garantizar la fidelidad de esa información exige realizar auditorías periódicas sobre los datos recibidos, que han de garantizar el acceso temporal a sus sistemas de información a los auditores designados al efecto.

Por cierto, que hace unos días tambien hizo pública la evaluación de la deducción por I+D+i en el Impuesto de Sociedades que forma parte del estudio sobre los Beneficios Fiscales donde propone analizarlo de forma conjunta con las políticas de transferencias directas y subvenciones dentro de la política global de apoyo a la I+D+i. También establecer un mecanismo de acreditación de la I+D+i rápido y semiautomático para empresas cuya inversión en este campo no supere un cierto límite.