Obra pública con deficiencias perceptibles a simple vista

obras-rarasHoy traemos a la bitácora la Sentencia 1/2016 de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, de fecha 3-2-2016, de la que ha sido ponente la Consejera Dña. María Antonia Lozano Álvarez dictada en el procedimiento de reintegro por alcance nº B-264/13, del ramo de Entidades Locales. Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 27 de mayo de 2015 (ya comentada en esta bitácora) que enjuiciaba (y condenaba) al Alcalde como responsable contable por haberse certificado con su presencia mediciones que no corresponden con la obra realmente ejecutada:

La falta de ejecución de algunas de las obras incluidas en las certificaciones era perceptible a simple vista, sin necesidad de conocimientos técnicos. Esta circunstancia afectaba a obras incluidas en las certificaciones por un valor total 24.758,03 euros.”

La Sala desestima el recurso del Alcalde y ratifica su responsabilidad. Para ello entiende que los informes de fiscalización (IGAE: obras plan E) que sirvieron para sustentarla “tienen un carácter de prueba especialmente cualificada por el órgano que los aprueba, el procedimiento en el que se elaboran, su razón de ciencia y sus destinatarios … tras haberlos valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica y con arreglo a una evaluación conjunta de la prueba”.

Respaldaba la demanda un informe de ingeniería con “un extenso anexo fotográfico, considera esta Sala de Justicia que el citado dictamen ha sido elaborado siguiendo una metodología fiable, que incorpora datos, de contenido técnico especializado, abundantes y relevantes para este proceso y que las conclusiones que extrae de los mismos son consecuencia de una evaluación razonable de ellos, por lo que no cabe apreciar en este informe la ausencia de rigor que le imputa el recurrente sino la fuerza probatoria que acertadamente le atribuyó la Sentencia apelada”.

Aunque los ingenieros informantes fueron despedidos durante el mandato como alcalde del recurrente y después readmitidos judicialmente, entiende la Sala que “la metodología, contenido, coherencia y naturaleza de las conclusiones de los informes que elaboraron no permite identificar ninguna influencia de los aludidos conflictos jurídicos en la objetividad de los citados dictámenes”.

Lo que realmente tiene interés para los gestores del gasto público es que el Alcalde alegaba la práctica habitual de firmar el acta de recepción de la obra como consecuencia de que también la firmaron los directores facultativos y el representante de la empresa contratista. Estos, como personal con formación técnica especializada, deberían haber advertido las deficiencias de los trabajos ejecutados y no lo hicieron. Recuerda el Tribunal que “el incumplimiento de sus obligaciones por otros no exime del deber de cumplimiento de las propias, por lo que el Alcalde debió haber advertido las deficiencias que estaba a su alcance detectar y ello aun cuando se hubiera producido una eventual dejación de sus funciones por los técnicos que también hubieran firmado el acta de recepción de la obra” máxime cuando los trabajos sin ejecutar se podían advertir a simple vista, como entiende probado, cuyo pago constituye un alcance en los fondos públicos por aplicación del artículo 72.1 de la Ley 7/1988. No parece importar al Tribunal de Cuentas que ese personal facultativo no sea llamado a esta reclamación.

Por todo ello, la conclusión segunda entiende que esa “conducta consistente en firmar el acta de recepción de la obra sin advertir las deficiencias perceptibles sin necesidad de conocimientos técnicos y de adoptar las resoluciones necesarias para materializar el pago por esos trabajos sin ejecutar supone una negligencia grave”.

Como dice el fundamento de derecho sexto de la Sentencia apelada y con esto debemos quedarnos (inquietos, eso si):

“La confianza en el criterio de los técnicos únicamente es suficiente, por sí sola, para excluir la negligencia del gestor de fondos públicos cuando las eventuales deficiencias que pudiera tener la obra de cuya recepción y pago se trata sólo pueden apreciarse por personas con conocimientos técnicos especializados. Respecto a las deficiencias perceptibles a simple vista y sin necesidad de conocimientos técnicos especializados la diligencia exigible al gestor de fondos públicos no se agota en la confianza en el criterio de los técnicos, sino que requiere que el gestor de fondos públicos compruebe personalmente que no concurren dichas deficiencias, incurriendo en negligencia grave si, por no realizar o realizar defectuosamente dicha comprobación, se pagan con fondos públicos cantidades que no debieron ser satisfechas”.

Los auditores recomiendan eliminar la caja municipal

 En el ámbito recaudatorio, la posibilidad de realizar cobros y pagos mediante el sistema de caja está expresamente admitida por la normativa presupuestaria local. Sin embargo, exige incrementar las medidas de control aplicables a tal actividad, porque también es superior su nivel de riesgo, al implicar el manejo físico de dinero. Algo que no existe cuando se utilizan los convenios de recaudación mediante entidades bancarias.

Por ello, la Cámara de Cuentas de Andalucía viene recomendando en sus informes la eliminación del sistema de caja de los ayuntamientos. Así lo ha hecho, desde el informe SL 03.2/2012 y, más recientemente con ocasión de su último trabajo publicado, el “Análisis de la gestión de los fondos líquidos de los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, El Puerto de Santa María y Estepona”, que analiza la administración de la tesorería en cuatro medianos ayuntamientos andaluces. En algún caso, han saltado las alarmas en los medios de comunicación. Seguir leyendo “Los auditores recomiendan eliminar la caja municipal”

El misterioso caso del taxi del Alto Cargo

TaxiHoy traemos a esta bitácora vuestra sección favorita, que instruye deleitando con las sentencias del Tribunal de Cuentas. A veces desorienta, pues la concepción formalista de la responsabilidad contable es una fuente de sorpresas. Veamos el caso de hoy.

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en su el informe de fiscalización 27/2011, relativo al Programa 131, Participación ciudadana y calidad democrática, ejercicio 2009, incluía en su página 31 el siguiente párrafo:

Los gastos por taxi, no realizados mediante el servicio de radiotaxi, y que corresponden al secretario de Relaciones Institucionales y Participación no especifican el motivo, ni el origen, ni el destino. La cuantía correspondiente al ejercicio 2009 fue de 2.123,28 €.”

La Generalitat de Cataluña demandó -y logró- que se acordase la apertura de la correspondiente pieza de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas de España, donde comparecieron los presuntos responsables, a quienes se exigía el reintegro por alcance del perjuicio originado a los fondos públicos como consecuencia de la falta de justificación de esos gastos de desplazamiento, más los intereses legales y las costas del procedimiento. Seguir leyendo “El misterioso caso del taxi del Alto Cargo”

Una sorpresa en la tesorería de los pequeños municipios

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En la actualidad, la mayoría de municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes cuentan con funcionarios de habilitación nacional en la Tesorería, pero en los de población inferior a 5.000, esas funciones suelen ser asumidas por un concejal y la recaudación se delega en las diputaciones provinciales. La situación había venido generando muchas críticas de los ICEx. Por ejemplo, el Consejo de Cuentas de Castilla y León afirmaba hace un par de años:

En cuanto a la segregación de funciones, cabe subrayar que el 67% de los Municipios menores de 5.000 habitantes, manifiestan que las personas adscritas al servicio de contabilidad no son independientes del servicio de caja y bancos (Tesorería), circunstancia que afecta también a otro tipo de servicios (liquidación de tributos, custodia de valores, recibos y efectos a cobrar e Inventarios.). Además, la realización periódica de actuaciones de revisión contable, a fin de detectar posibles deficiencias, es muy poco habitual, ni tienen definido por escrito el flujo que deben seguir los documentos para su firma por los distintos responsables que intervienen en el proceso contable“.

Por ello, a partir de enero del próximo año, en virtud de la nueva redacción de la DT 7ª de la LRSAL, todos los municipios debían tener el puesto de tesorero ocupado por un funcionario con habilitación de carácter nacional con el objetivo de reforzar la autonomía de este área respecto a los gobiernos municipales. Una función profesional que tendría un coste elevado para la delicada situación económica municipal, lo que había generado muchas críticas.

Intentando arreglarlo, el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, adopta entre otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, la modificación del artículo  92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, pero lo hace de tal forma que las funciones de tesorería se atribuyen a la subescala de Secretaría-Intervención. Ahora, los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría‐ intervención tienen atribuidas por igual las funciones de secretaría -comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo- así como de control y de fiscalización interna de la gestión económico‐financiera y presupuestaria, y de contabilidad, a lo que se añade ahora la tesorería y la recaudación, sin que puedan desempeñar los concejales esas funciones.

La urgente modificación, aunque pretendía apostar por la profesionalización de la función, motivó una indignada protesta del COSITAL “al no contar absolutamente para nada con el colectivo para esta modificación”, pues en esos ayuntamientos medianos y pequeños todo quedará bajo el Secretario-Interventor, con el riesgo que supone para los habilitados, que han visto de un plumazo aumentadas sus atribuciones profesionales al incorporarles la responsabilidad sobre áreas tan delicadas como la recaudación y la tesorería. Además, las normas más elementales de control interno exigen evitar que la misma persona (lo que ocurrirá en los pequeños municipios) desempeñe la fiscalización, gestión, custodia y recaudación de fondos públicos. En definitiva: toda la cadena del gasto e ingreso municipal.

En todos los foros, públicos y privados, españoles o extranjeros se viene considerando incompatible la función de intervención y fiscalización de la gestión económico-financiera con la de tesorería, como informa el COSITAL. El Ministerio de Hacienda y AAPP, por su parte, publicó una nota interpretativa que intentaba poner orden en la atribución, aunque todo el mundo parece desorientado con esta nueva situación. El Ministerio reconoce que la acreditación de la imposibilidad de que la cobertura de un puesto por funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde al Presidente de la Corporación, como jefe superior de personal, que deberá poner en conocimiento del Pleno, mediante el correspondiente informe, la imposibilidad de su cobertura. Seguidamente se recabará la asistencia de la Diputación Provincial o entidad equivalente, que debe coordinar todo el proceso, designando un funcionario de carrera de la misma. Únicamente en caso de respuesta desfavorable el Presidente de la Corporación estará́ facultado para proponer el nombramiento de un funcionario propio de la entidad local. En caso de que no sea posible lo anterior, las CCAA pueden acordar un nombramiento accidental o de funcionario interino.

Por eso, el COSITAL pide articular soluciones a este problema a través del desarrollo reglamentario del artículo 92 bis de la LRBRL: “que no debe dilatarse más en el tiempo, y que debe aprobarse por el Gobierno lo antes posible, tal como está previsto en la propia Ley”.