El misterioso caso del taxi del Alto Cargo

TaxiHoy traemos a esta bitácora vuestra sección favorita, que instruye deleitando con las sentencias del Tribunal de Cuentas. A veces desorienta, pues la concepción formalista de la responsabilidad contable es una fuente de sorpresas. Veamos el caso de hoy.

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en su el informe de fiscalización 27/2011, relativo al Programa 131, Participación ciudadana y calidad democrática, ejercicio 2009, incluía en su página 31 el siguiente párrafo:

Los gastos por taxi, no realizados mediante el servicio de radiotaxi, y que corresponden al secretario de Relaciones Institucionales y Participación no especifican el motivo, ni el origen, ni el destino. La cuantía correspondiente al ejercicio 2009 fue de 2.123,28 €.”

La Generalitat de Cataluña demandó -y logró- que se acordase la apertura de la correspondiente pieza de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas de España, donde comparecieron los presuntos responsables, a quienes se exigía el reintegro por alcance del perjuicio originado a los fondos públicos como consecuencia de la falta de justificación de esos gastos de desplazamiento, más los intereses legales y las costas del procedimiento. Seguir leyendo “El misterioso caso del taxi del Alto Cargo”

El controvertido caso del hospital en el mismísimo Bilbao

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Hoy traemos a la bitácora una interesante sentencia de 22 de octubre de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta, asunto ) donde se resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Bilbao en relación a la licitación de dos contratos de servicios hospitalarios.

Con el fin de aliviar la carga de trabajo de los centros hospitalarios públicos y reducir los períodos de espera de los pacientes adscritos el Gobierno Vasco estableció un mecanismo de colaboración con centros de salud y hospitales privados, con arreglo al cual se externalizaban determinados servicios públicos de atención médica de apoyo. De ese modo, esos centros privados ponen a disposición del servicio público de salud sus infraestructuras y sus medios técnicos y humanos, en particular, enfermeros y asistentes, con el fin de contribuir a llevar a cabo las tareas del sistema de servicio público de salud. No obstante, las intervenciones quirúrgicas y las demás actuaciones médicas se llevarían a cabo por cirujanos pertenecientes al servicio vasco de salud, que se desplazan a tal efecto a los citados centros privados.

En esas circunstancias, el Gobierno Vasco licitó un contrato administrativo de gestión de servicios públicos relativos a determinados procedimientos quirúrgicos para pacientes adscritos a los hospitales públicos de Basurto, situado en el término municipal de Bilbao, y su colindante Galdakao. El contrato se adjudicaría sobre la base de una licitación abierta y la convocatoria para la presentación de candidaturas fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 31 de enero de 2011. El valor estimado del contrato, consideradas las eventuales prórrogas, ascendía a 5 841 041,84 euros. Seguir leyendo “El controvertido caso del hospital en el mismísimo Bilbao”

El comprometido caso de las actas de recepción

obra El Boletín Oficial del Estado pública hoy la Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión. Se trata de una normativa de aplicación para las actuaciones de la IGAE de la comprobación material de la inversión y seguimiento de las mismas que realicen sus representantes, aplicable a los contratos administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidos.

En definitiva, una regulación muy interesante llena de aristas, sobre un aspecto esencial de la gestión pública que será referencia obligada para todo el mundo del control interno, aunque solo sea de aplicación al Estado a la espera de la aprobación para el mundo local en el otoño de su esperado Real Decreto, hoy en el Consejo de Estado para dictamen. Digamos por adelantado que el resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en el mismo acta en el que se formalice el acto de recepción previsto en la legislación de contratos, que será suscrita por todos los que concurran, “haciendo constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de comprobación” como afirma la disposición 17 de la Resolución de la IGAE.

El resultado de la comprobación material de la inversión, se corresponderá con alguno de los que se indican a continuación: Seguir leyendo “El comprometido caso de las actas de recepción”

El previsible caso de las cuentas no enjuiciables

Justicia La Cuenta General de las entidades locales no es otra cosa que el reflejo de la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico- patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos llevados a cabo durante el ejercicio. No se trata, pues, de una declaración de voluntad, sino de juicio o conocimiento en aquella clásica definición del acto administrativo que nos legó Zanobini y nos enseñó el manual de García de de Enterría y Tomás Ramón Fernández. Como tal acto, no produce el efecto jurídico- administrativo prototípico del acto administrativo fiscalizable ante los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a saber, la innovación o conservación de situaciones jurídicas.

Por lo tanto, sólo en aplicación de la técnica de los actos separables se puede admitir el control jurisdiccional de la Cuenta General de una entidad pública, o sea, para el examen de la competencia, la formación de la voluntad del órgano colegiado o del procedimiento en general.

El asunto estuvo sobre la mesa de los tribunales contencioso-administrativos de la Comunidad Foral de Navarra durante la década pasada, con ocasión del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Pitillas, de aprobación de su Cuenta General del ejercicio 2003, pues una vez cerrado el ejercicio, el 17-2-2004 se procedió a aprobar una serie de modificaciones presupuestarias.  Seguir leyendo “El previsible caso de las cuentas no enjuiciables”