Recientemente participé en una interesante actividad formativa organizada por el Consell de Formentera junto al INAP. Una magnífica ocasión para el reencuentro anual con los buenos amigos de la Administración Local y para escuchar a los restantes y brillantes ponentes.
La verdad es que los habilitados nacionales son una joya de nuestra vida local. Sin ellos no se entiende la política municipal, ni el funcionamiento de su Administración. Por eso me desagrada la noticia de la destitución del Interventor del Municipio de Orense, donde su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome parece haber iniciado una verdadera huida de la realidad administrativa, en medio de serios problemas de estabilidad presupuestaria, con quince millones de euros en la cuenta 413 (obligaciones con acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto) y treinta millones de reclamaciones de empresas concesionarias sin contabilizar.
Hace cuatro meses, este personaje destituyó al tesorero. En este caso la Directora General de Gestión Financiera Territorial informaba preceptivamente que «del análisis del expediente parece que la actuación formal de la tesorera se ajustaría a lo regulado en la normativa vigente, sin que pueda concluirse que se han cometido errores técnicos en el desempeño del puesto de trabajo que permitan apreciar la invocada falta de diligencia en el desempeño de sus funciones». Menudo Alcalde. No tengo ninguna duda de que ambos funcionarios serán repuestos en sus tareas por la justicia administrativa (o la penal) como ha ocurrido tantas y tantas veces.
La tropelía es un hecho aislado, en un momento de relativa bonanza presupuestaria, visto en perspectiva. Leo el artículo del Síndico Mayor de cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, aquí en su vertiente académica como profesor de la Universidad de Oviedo (número 185 entero) que a partir de la pág 213 analiza El sector público local en un renovado pacto interno de estabilidad. Destaca que en 2023 los recursos y empleos no financieros de las EELL (“con la precaución de las cifras provisionales”) habrían alcanzado sus máximos históricos, aunque no en términos del PIB.
Deja entrever el autor un riesgo de insuficiencia de recursos a medio plazo cuando vuelvan las reglas fiscales que fueron suspendidas entre 2020 y 2023, permitiendo entonces disponer con amplia libertad de sus remanentes de tesorería para gastos generales, “embolsados hasta entonces en depósitos bancarios de escasa rentabilidad”. Además, destaca el “alto número de ayuntamientos con deuda cero alcanzó la cifra récord de 5.118 entidades al cierre de 2022, lo que significa casi dos de cada tres entidades municipales”. En su opinión, las EELL afrontan ese futuro con una situación saneada a nivel agregado, “sin perjuicio de las situaciones particulares que, en todo caso, no son muchas, a tenor del dato de municipios en situación de riesgo financiero (un 2,4% del total en 2023)”.
Hay que mejorar esa rendición de cuentas
Los ayuntamientos tienen mucho que mejorar, según el Tribunal de Cuentas de España. Tanto las grandes como las pequeñas corporaciones (Aquí su último inventario de problemas). En la contratación administrativa, su más reciente informe señala que las entidades locales “incumplieron mayoritariamente” la obligación de remitir antes del 28 de febrero de 2023 la relación anual de los contratos celebrados en 2022. Es cierto que, en ese ejercicio, ha mejorado la calidad de la información recibida por las entidades gracias a la reciente interconexión entre la Plataforma de rendición de cuentas y la Plataforma de Contratos del Sector Público. Respecto a los convenios, el Tribunal es mucho más duro: “la obligación de remitir la relación anual de convenios se incumple por la mayoría de las entidades”.
La cuarta parte de los órganos de intervención no ha remitido la información sobre el control interno desde el año 2019.
La conclusión general sobre cumplimiento global de obligaciones con el TCu es bastante crítica: Únicamente el 12 % de las entidades locales atendió en plazo todas las obligaciones, y con posterioridad ascendió al 19 % las entidades que habían rendido la cuenta general, remitido las relaciones anuales de contratos y convenios, y sus órganos de intervención, remitido la información sobre el ejercicio de control.
El Tribunal de Cuentas, en su memoria del año 2023 (pág. 56) reconoce que durante ese ejercicio se abrieron para enjuiciamiento de la responsabilidad contable, un total de 309 actuaciones, de las cuales 230 son Diligencias Preliminares y 79 acciones públicas ante la existencia de presuntos indicios de responsabilidad según puede verse en el cuadro superior. de ellas, 189 corresponden a Corporaciones Locales.
En fin, un buen repaso a los problemas del sector local, sin perder de vista que, en estas visitas, debemos cuidar las emociones que llevamos dentro.
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