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Cuando el médico no tiene quien le asegure

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Un 10% de los pacientes hospitalarios reconocen haber sufrido algún tipo de error en la asistencia sanitaria recibida. El porcentaje viene siendo el mismo durante la última década. De ese 10%, la mitad entendieron que el error afectó de manera muy grave o bastante grave a su salud. El asunto se complica en las urgencias, donde esa gravedad (mucho o bastante) se dispara al 72.5%. Son datos del Barómetro Sanitario 2015, donde el 88,3% de las personas que habían sido ingresadas en un Hospital Público manifestaron que la atención recibida fue muy buena o buena, que en el caso de las urgencias baja al 80,5 %.

Para solventar las posibles reclamaciones de los pacientes, las Consejerías de Sanidad españolas contratan seguros de responsabilidad civil, que de acuerdo con el titular de prensa arriba incluido, están atravesando dificultades de renovación, pues las licitaciones están quedando desiertas ante algunos cambios normativos como el nuevo baremo de responsabilidad sanitaria, que ha provocado un aumento en las reclamaciones de hasta el 40 por ciento.

Responsabilidad sanitaria

Recordemos que para reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración se exige, con carácter general, la concurrencia de los siguientes elementos: la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, el nexo causal, el perjuicio antijurídico –que no exista la obligación de soportarlo– sin que concurra fuerza mayor.

Sin embargo, en el área de la responsabilidad patrimonial sanitaria, se modelan la antijuridicidad, la objetividad y la causalidad. El paciente que demanda a al servicio regional de salud se encuentra en un mundo cuya construcción dogmática, nos recuerda Chaves “es de cuño jurisprudencial y plagada de conceptos escurridizos y de difícil deslinde (consentimiento informado, vulneración de la lex artis asistencial, pérdida de oportunidad, daño desproporcionado, etc)”.  Seguir leyendo “Cuando el médico no tiene quien le asegure”

Disponible el número 53 de la Revista Española de Control Externo

recex53El número 53 de la Revista Española de Control Externo que edita el Tribunal de Cuentas ya está disponble en descarga libre. En este caso, se trata de un número monográfico dedicado a los múltiples aspectos de la fiscalización operativa de cuya coordinación se ha encargado la Consejera del Tribunal de Cuentas de España, Mª Dolores Genaro Moya, que además abre el número aportando un interesante trabajo (“Consideraciones en torno a la fiscalización operativa o de gestión“) donde aborda las crecientes exigencias sociales a las instituciones de Control Externo tras la reciente crisis económica e institucional, desde la perspectiva de los principios de gestión que deben informarla: economía, eficiencia y eficacia.

El segundo artículo tiene por autor a Javier Navascués Fernández-Victorio, Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía y trata la aplicación de métodos cuantitativos avanzados en la Auditoría Operativa, tratando un ejemplo concreto: la fiscalización de Parques Tecnológicos Andaluces, donde muestra la metodología empleada, particularmente en el análisis QCA (análisis cualitativo comparativo por sus siglas en inglés), que desarrolla minuciosamente y con claridad, así como sus aplicaciones así como los resultados y conclusiones del informe.

A continuación una contribución de Ana Isabel Esteban Álvarez y yo mismo sobre la situación actual y las perspectivas de la gestión clínica en España a los 30 años de la aprobación de la Ley General de Sanidad. Estudiamos allí la figura del contrato programa a la vista de las experiencias en los países de nuestro entorno haciendo referencia al Tribunal de Cuentas de Francia y a la National Audit Office del Reino Unido. La aportación es oportuna en un momento crítico para la implantación práctica de las Unidades de Gestión Clínica en diversas CCAA con gran revuelo, tanto político como sindical y profesional.

El siguiente trabajo es el realizado por Antonio Minguillón Roy y versa sobre la auditoría de sistemas de información. En un momento como el actual que consolida la administración electrónica, las Instituciones del Control Externo han de rediseñar sus procedimientos de auditoría introduciendo la tecnología no solo en automatizando los procedimientos tradicionales de gestión, sino en creando herramientas informáticas que permitan, por ejemplo, pasar de comprobaciones de muestras a comprobaciones del 100%.

El artículo presenta las normas técnicas de auditoría de los sistemas de información, sus formas de aplicación, la ciberseguridad, las herramientas de análisis de datos, incorporando unas interesantes conclusiones como colofón del trabajo.

El último artículo corre a cargo de Manuel Sueiras Pascual y Manuel Lagarón Comba y aborda el concepto de sostenibilidad ambiental, su marco jurídico y su fiscalización en España y en otros países, aportando unos posibles enfoques unas conclusiones generales.

Como es habitual, termina el número 53 con un apartado de documentación donde Andrés Fernández Díaz glosa en profundidad la última obra de Emilio Albi y Jorge Onrubia (Economía de la gestión pública) y de Miguel González Moreno sobre la obra de Francis Fukuyama, Los orígenes del poder político. Desde la prehistoria hasta la Revolución Francesa.

Las costuras del gasto sanitario

Crece elgasto sanitarioLa Fundación Gaspar Casal organizó junto a la Universidad de Castilla-La Mancha el VI Congreso de Gestión Clínica, celebrado en Toledo, bajo el lema Gestión clínica, una nueva etapa. La reunión ofreció interesantes conclusiones a unas Instituciones como las Sanitarias que son organizaciones bastante planas, donde los profesionales tienen bastante control sobre su propio trabajo, la jerarquía funciona menos y donde es muy difícil implementar medidas de control del gasto que no sean simples y duros recortes. Los contratos programa y las unidades de gestión clínica han venido a corresponsabilizar e incentivar el cumplimiento de estos objetivos. Los expertos en Toledo constataron un cierto agotamiento de las unidades de gestión clínica al carecerde evaluación de resultados que muestren mejoras y el entusiasmo inicial de los profesionales hacia estas unidades se ha diluido”.

Ya hemos presentado en la bitácora los grandes retos que enfrenta el Estado del Bienestar, que se reflejan en nuestro descentralizado Sistema Sanitario Público, con amenazas tan serias como las evidenciadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias hace ya cuatro años, evaluando el gasto sanitario: “el envejecimiento de la población hace que aumente el número de enfermos crónicos, que junto al coste de las nuevas tecnologías acarreará un incremento del gasto sanitario”. La Cámara de Comptos de Navarra destacaba también en otro informe como principales causas del crecimiento del gasto sanitario, los fármacos hospitalarios y las inversiones pidiendo “aumentar la participación de los profesionales sanitarios en la toma de decisiones sobre cambios organizativos y estructurales pues son los que cuentan con más información útil sobre el funcionamiento de los servicios”.

Tras la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, promulgada en el marco de la normativa de supervisión de la estabilidad presupuestaria, se exige a las CCAA remitir al Ministerio de Hacienda -periódicamente para su seguimiento y publicación- información detallada de su gasto sanitario, especialmente el farmacéutico, las inversiones reales (incluidos los equipos de alta tecnología) así como las medidas adoptadas, así como su grado de avance, para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En la web del Ministerio de Hacienda encontramos, en efecto, el seguimiento de estos gastos sanitarios por CCAA. Así, entre octubre de 2014 y octubre de 2015, el crecimiento de ese gasto en las distintas CCAA fue del 9.2% (en la farmacia hospitalaria del 26%). El asunto pone de relieve las tensiones que sigue enfrentando, día a día,  la sanidad pública.

El controvertido caso del hospital en el mismísimo Bilbao

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Hoy traemos a la bitácora una interesante sentencia de 22 de octubre de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta, asunto ) donde se resuelve la petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 de Bilbao en relación a la licitación de dos contratos de servicios hospitalarios.

Con el fin de aliviar la carga de trabajo de los centros hospitalarios públicos y reducir los períodos de espera de los pacientes adscritos el Gobierno Vasco estableció un mecanismo de colaboración con centros de salud y hospitales privados, con arreglo al cual se externalizaban determinados servicios públicos de atención médica de apoyo. De ese modo, esos centros privados ponen a disposición del servicio público de salud sus infraestructuras y sus medios técnicos y humanos, en particular, enfermeros y asistentes, con el fin de contribuir a llevar a cabo las tareas del sistema de servicio público de salud. No obstante, las intervenciones quirúrgicas y las demás actuaciones médicas se llevarían a cabo por cirujanos pertenecientes al servicio vasco de salud, que se desplazan a tal efecto a los citados centros privados.

En esas circunstancias, el Gobierno Vasco licitó un contrato administrativo de gestión de servicios públicos relativos a determinados procedimientos quirúrgicos para pacientes adscritos a los hospitales públicos de Basurto, situado en el término municipal de Bilbao, y su colindante Galdakao. El contrato se adjudicaría sobre la base de una licitación abierta y la convocatoria para la presentación de candidaturas fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 31 de enero de 2011. El valor estimado del contrato, consideradas las eventuales prórrogas, ascendía a 5 841 041,84 euros. Seguir leyendo “El controvertido caso del hospital en el mismísimo Bilbao”