Desde hace años, las Instituciones de Control Externo se plantean en todo el mundo nuevos ámbitos de trabajo sobre temas de importante interés ciudadano y político. Por ejemplo, ya nos hemos habituado a encontrar trabajos sobre listas de espera, como la noticia que nos sirve hoy de entrada. Sin ir más lejos, los informes de hace más de una década en el Consello de Contas de Galicia (Situación de listas de espera:F.P.Hospital Virxe da Xunqueira 2005-2006, otro sobre Situación de listas de espera: C.H. Pontevedra 2004-2005 y otro sobre Situación de listas de espera: C.H.U. Juan Canalejo 2004-2005) permitieron un debate parlamentario con cifras aceptadas y contrastadas.

Otras veces han sido informes sobre aspectos financieros relacionados con las listas de espera (Cámara de comptos: Retribuciones del personal contratado para la reducción de las listas de espera, 2008) o bien la auditoría operativa de los centros hospitalarios, como el oportuno informe de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana relativo a determinados contratos en régimen de concesión, donde se determinaron los principales indicadores para su evaluación, entre ellos la espera. Esto dentro de las limitaciones que impone hablar de eficiencia en el ámbito sanitario.

La prensa no lo pone fácil. La sanidad es un tema de gran sensibilidad social. Y debería serlo aun más en sus aspectos estratégicos, como la sostenibilidad de un modelo eficiente que en todo el mundo es puesto de ejemplo, pero donde abundan los informes alertan de serias dificultades.

Uno de los muchos ejemplos nos lo ofrece el Tribunal de Cuentas de España. Así, en las sucesivas comparecencias de su Presidente ante la Comisión Mixta Congreso-Senado y Tribunal de Cuentas viene alertando de los riesgos que enfrenta el sistema sanitario español, gestionado por las Comunidades Autónomas.

Así lo dice el Tribunal de Cuentas para la Región de Murcia (Informe sobre el ejercicio 2016, página 113) pero es extrapolable al resto de las CCAA:

“Este crecimiento del gasto sanitario en la última década, al igual que ha ocurrido con el resto de las CCAA, ha sido muy superior al crecimiento de su PIB autonómico, provocando una situación financieramente insostenible a largo plazo que requiere una intervención que garantice una paulatina pero constante reducción del mismo, sin que ello implique una reducción de la calidad asistencial”.

El crecimiento del gasto sanitario en la última década en las CCAA ha sido muy superior al crecimiento de su PIB autonómico, provocando una situación financieramente insostenible a largo plazo.

Para terminar con la fiscalización del gasto sanitario, veamos la noticia sobre el  reciente trabajo que acaba de hacer público la Cámara de Cuentas de Madrid, titulado “Informe de fiscalización horizontal operativa del gasto sanitario y farmacéutico en la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015.(Acuerdo del Consejo de 4 de marzo de 2019)”. Bien está que los periodistas escruten el comportamiento de los cargos públicos y de su honestidad en la gestión del procedimiento fiscalizador, pero no se debe confundir al lector titulares como el siguiente:

Las normas de auditoría, tanto publicas como privadas, ya sean españolas o internacionales, exigen someter el contenido del informe provisional a un trámite de alegaciones que de prosperar alteran la redacción definitiva. Incluso es una buena práctica las prealegaciones en la reunión final que esboce las conclusiones y puede ser posible modificar, dejando evidencia, el borrador. Además, en algunas ocasiones  encontramos contestación a las alegaciones, en caso de fiscalizados contumaces.