Dirigido por la incansable funcionaria, Concepción Campos Acuña, se celebra el próximo 27 de marzo, en Madrid, el II Congreso de Compliance en el Sector Público. Un evento que organiza el capítulo español de la World Compliance Association, cada año más activo junto, a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Muchos directivos del sector público están incorporando a sus organizaciones las herramientas y las estrategias de compliance. Aquí cobra sentido la pregunta: ¿Es necesario un Compliance Officer en el sector público? que la directora del evento responde afirmativamente. Se trata de un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas que permiten identificar y clasificar los riesgos operativos y legales. En consecuencia: implantar mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. El propio Tribunal de Cuentas Europeo no se cansa de recomendar un marco estratégico eficaz de gestión de riesgos.

Concepción Campos: el refuerzo de las políticas de integridad institucional constituye, en el contexto actual, una exigencia altamente demandada por la sociedad para superar la grave crisis de legitimidad que han experimentado las instituciones públicas.

El congreso consta de seis paneles:

• Compliance Officer como nuevo rol en el sector público; modera: Miguel Ángel Cabezas (FIASEP).
• Conflictos de interés y ética sanitaria, modera: Anna Rodríguez Cala (SEDISA).
• Prohibición de contratar y técnicas de self-cleaning;modera, Beatriz Rodríguez Fraga, Consello de Contas.
• Banderas rojas en la prevención de la corrupción;modera. David Pérez, Bureau van Dijk.
• Oportunidades para la integridad en la contratación en la aplicación de las nuevas tecnologías, con moderador por confirmar.
• Riesgos en la contratación pública, que modera la propia Concepción Campos (Red Localis).

Como en la anterior edición (ver foto) las mesas estarán integradas por magistrados, consejeros de OCEX, catedráticos, letrados, consultores, auditores internos y externos, que presentarán su personal visión sobre los anteriores aspectos. Un precio muy razonable (150€) por escuchar a dos docenas de expertos en las diversas vertientes de los riesgos.

Diferentes perfiles  de defraudador público y privado

Albert Salvador Lafuente, secretario General de la asociacion y actual coordinador del congreso, apuntaba el año pasado un decálogo para diseñar controles antifraude. Insistía en las habilidades necesarias para crear y tratar esos controles. Su conclusión era que “lo importante no es generar muchos controles, sino los suficientes para que se puedan tratar, de lo contrario son ineficaces”. Son intervenciones muy cercanas y pragmáticas.

En el mismo sentido, las ponencias aportadas en anteriores jornadas por el ex–presidente de los Censors de Cataluña, Daniel Faura, actualizaba la radiografía del defraudador: de entre 31 y 55 años, 70-80% hombres, 65% empleados de la propia organización, universitarios, espabilados, ingeniosos, falsos, manipuladores, mentirosos, seductores, dominantes e inquisitivos. Un perfil que no debemos olvidar.

La última ley en llegar …

Todo el sector público intenta enfrentarse al problema. Hace tan solo unos meses se promulgaba la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés.  Su artículo 32 exige al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias aprobar un Plan de Prevención de la corrupción de carácter bienal que habrá de incluir un mapa de riesgos de la organización, un índice de probabilidad y de prioridades estratégicas, así como las acciones concretas para su reducción, cuyo cumplimiento que será objeto de una evaluación por parte del consejo. En concreto, determinará:

1. El mapa de riesgos de la organización, definiendo un área de riesgo para cada sujeto, que, en el caso de la Administración del Principado de asturias, se desglosará por consejerías.
2. La probabilidad de ocurrencia de esos en las diversas áreas funcionales (alta, media y baja), distinguiendo su impacto en los objetivos (alto, medio y bajo) y la prioridad en la línea estratégica de cada consejería, entidad y organismo (prioridad 1, 2 y 3).
3. Las acciones de control propuestas para su reducción.

Tras la futura constitución del Consejo, veremos como se lleva a la práctica.