La preocupación por la prevención y seguimiento de los riesgos institucionales tiene su referente en la cultura norteamericana. Por eso le hemos pedido unas lineas, sobre los últimos informes de EE UU en esa dirección a Carlos Miguel Gómez Márquez, que es un miembro muy activo de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas  y es funcionario en la Auditoría Superior de la Federación de México. Forma parte, por tanto de nuestra familia fiscalizadora.

LA FISCALIZACIÓN CON ENFOQUE DE RIESGOS: EL CASO DE LA HIGH RISK LIST DE LA GAO

El 6 de marzo del presente año, la Government Accountability Office (GAO) presentó la “Lista de Alto Riesgo 2019”, documento que consiste en un listado de los programas y las operaciones del Gobierno Federal de los Estados Unidos que son de «alto riesgo», debido a las vulnerabilidades de fraude, desperdicio, abuso y mala gestión a las que se encuentran expuestas, o porque necesitan transformarse, a fin de dar una respuesta efectiva a los desafíos que presentan en materia de eficacia, eficiencia y economía.

El documento describe el estado de las áreas de alto riesgo, las acciones que aún se necesitan para asegurar un mayor progreso e identifica las nuevas áreas de alto riesgo que requieren de atención por parte del Poder Ejecutivo y el Congreso.

De acuerdo con la GAO, las soluciones a problemas de alto riesgo ahorran miles de millones de dólares, mejoran los servicios públicos y fortalecen el desempeño y la responsabilidad del gobierno.

Al respecto, esta lista se publica cada 2 años, al comienzo de cada nueva sesión del Congreso, y ha generado más de 350 mil millones de dólares en beneficios financieros para el Gobierno Federal de los Estados Unidos en los últimos 13 años.

La GAO utiliza cinco criterios para evaluar el progreso en la atención de las áreas de alto riesgo: a) el compromiso del liderazgo, b) la capacidad de las agencias, c) los planes de acción, d) los esfuerzos de supervisión y e) el progreso demostrado.

Cabe señalar que las calificaciones para más de la mitad de las 35 áreas en la Lista de Alto Riesgo 2019 permanecen prácticamente sin cambios. Desde la última actualización de la GAO en 2017, siete áreas mejoraron, tres retrocedieron y dos mostraron un progreso heterogéneo al mejorar en algunos criterios, pero retrocediendo en otros.

La GAO enfatiza que donde ha habido mejoras en áreas de alto riesgo, las acciones del Congreso han sido críticas para estimular el progreso, además de las acciones emprendidas por las agencias gubernamentales.

Si bien es necesario avanzar en todas las áreas de alto riesgo, la GAO ha identificado nueve que necesitan atención prioritaria y especialmente focalizada por parte del Congreso, incluyendo el aseguramiento de la ciberseguridad de la Nación, el Rol Federal en el Financiamiento de la Vivienda, la mejora de la atención médica, y garantizar un efectivo censo decenal en 2020.

Sin duda alguna esta lista resulta ser una buena práctica internacional que podría ser adoptada por los Órganos de Control Externo (OCEx) de España, para proveer de información útil y oportuna a los gobiernos de las Comunidades Autónomas sobre los riesgos relevantes a los que se encuentran expuestas sus operaciones y programas, a fin de contribuir en la mejora de la gestión gubernamental.