Hoy he participado en la Conferencia italiana de contabilidad pública que organiza en la Universidad de Pisa una jornada que lleva por título Dalla emergenza sanitaria alla stabilizzazione finanziaria della sanità pubblica. Durante mi exposición pasamos revista al modelo de gestión español de la salud y sus puntos fuertes y débiles desde una perspectiva de los informes de auditoría.

Ya sabemos que “mercado” de la salud es imperfecto, con una burocracia profesional (Mitzberg) que realiza funciones de agencia, y contratos programa para fijar y evaluar los objetivos institucionales por parte de la mayoría de las CCAA.

Como la sanidad representa aproximadamente un un tercio del presupuesto consolidado de las CCAA, supone una de las principales áreas de fiscalización habitual por parte de los OCEX. Durante años se han mandado muchos avisos de la insostenibilidad del gasto sanitario (aquí 2012) que ha venido creciendo en la última década muy por encima al crecimiento de su PIB autonómico, casi el 31% entre 2001 y 2017. Al respecto, recomiendo la lectura del reciente informe (10º Cuaderno de Gestión Sanitaria) titulado “ECONOMÍA DE LA SALUD PARA NO ECONOMISTAS” del que es autor José María Abellán, que aporta las últimas cifras del Sistema Nacional de Salud.

El presupuesto de salud de la totalidad de las CCAA  se distribuye, a grandes rasgos, como se inicia en el gráfico siguiente. El personal sanitario consume el 44% del total. En consumo ciudadano en la farmacia (las recetas) representan un 16% -que son transferencias corrientes- mientras que los restantes gastos de funcionamiento como el consumo de medicamentos de dispensación hospitalaria, el material sanitario y quirúrgico o los suministros básicos de electricidad, agua, calefacción, etc. supone en total una cuarta parte del presupuesto sanitario agregado.

Por todo ello, la fiscalización de regularidad suele ir dirigida  a revisar su contratación o sus gastos de personal que junto a los gastos sin partida presupuestaria has sido un clásico de los informes de auditoría.

Las Instituciones de control externo españolas acometen con frecuencia trabajos sobre gestión sanitaria. Incluye informes de auditoría operativa y de cumplimiento. Entre los primeros, suele mencionarse el trabajo de la sindicatura de cuentas de la comunidad valenciana que evaluó, con criterios de eficiencia, eficacia y economía, la asistencia sanitaria encomendada mediante concesión administrativa al Hospital de Torrevieja. Una de sus conclusiones apunta que la prestación logra un ahorro del gasto corriente público de 45 millones de euros anuales, “lo que implica un 30% de ahorro sobre el gasto medio de hospitales de gestión pública “.

Fiscalización sanitaria reciente

La propia sindicatura de la Comunidad Valenciana acaba de publicar el informe de fiscalización de la legalidad en la contratación del Hospital General Universitario de Valencia correspondiente al ejercicio 2019. Contiene una opinión desfavorable ante los incumplimientos significativos observados:

• Importantes debilidades de control interno.
• Significativa actividad contractual prescindiendo de la tramitación previa de los preceptivos expedientes de contratación.
• Volumen muy importante de gastos sin consignación presupuestaria con una recurrente insuficiencia financiera.
• Ausencia de fiscalización previa de los expedientes de contratación.
• Carencia de medidas adecuadas para detectar y solucionar los posibles conflictos de intereses del personal que participa en el proceso de licitación.
• En algunos contratos no se respetan los plazos de cumplimiento o no se aporta la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones especiales.
• En los contratos menores no consta la comprobación de las condiciones de aptitud para contratar. Los informes de necesidad se realizan con posterioridad a la solicitud de ofertas y sin calcular el valor estimado del contrato.

Estos trabajos se suman a los habituales del ramo. La Sindicatura del Principado de Asturias ha publicado recientemente los informes de fiscalización del transporte sanitario y de la contratación de medicamentos. Por su parte la Cámara de Cuentas de Andalucía, por su parte, tenía en marcha un análisis de las listas de espera hospitalarias a principios de este año, como hizo en años anteriores. Un diagnóstico que el COVID altera con seguridad pero que permitirá validar los procedimientos de gestión y el sistema establecido para el registro y seguimiento de la información, que sin duda aporta conclusiones interesantes para el futuro.