Una de las facetas entrañables del carácter mejicano es su cuidadoso uso del castellano. Cuando todos los anglicismos triunfan en Europa -como el recién llegado “Compliance Officer”- aparecen ellos, con sus miles de kilómetros de frontera de EEUU y emplean con naturalidad términos como “Oficial de cumplimiento”. Así, Luisana Fabiola Valtierra García, Directora del servicio jurídico de la Universidad de Monterrey, ofreció ayer una brillante conferencia  titulada “Recomendación de contar con un oficial de cumplimiento normativo” durante la reunión de la Red Iberoamericana de Derecho Universitario (RIDU) -en el marco del congreso bienal de AEDUN– y de la que fue anfitriona esta semana la Universidad de Oviedo

Se trata de un tema que despierta gran interés en España, tras los recientes cambios legislativos en materia penal, que han influido sensiblemente en el sector público. Su ajuste a la Universidad Pública es uno de esos problemas retorcidos del diseño organizacional.

En México, abundan las disposiciones legales orientadas a contar con un programa de cumplimiento, especialmente en los ámbitos bursátil, ambiental y penal. En 2018, se implantó un Sistema Nacional Anticorrupción, que contemplaba responsabilidades para las personas jurídicas que participen en actos de corrupción. Comenzó a generalizarse la figura del Oficial de cumplimientocomo persona encargada en las organizaciones de asegurar la observancia de las normas en las diversas áreas de riesgo de las organizaciones, lo que pronto llegó a las universidades. Ese funcionario asesora, emite recomendaciones y efectúa su seguimiento, en materia de cumplimiento legal de las obligaciones y riesgos de los diversos órganos y procesos corporativos.

En el eterno debate de la gobernanza universitaria esta figura encaja como herramienta de equilibrio de la autonomía de las partes. Realiza revisiones de cumplimiento programadas de acuerdo con la vulnerabilidad detectado a través de la matriz de obligaciones y el mapa de riesgos legales. Es decir actúa como un auditor de legalidad, emitiendo recomendaciones y llevando a cabo su seguimiento posterior.

En España estamos asistiendo con enorme interés a la proliferación de muchas iniciativas de este tipo. Una de las últimas leyes aprobadas por el parlamento asturiano antes de su disolución ante las elecciones que hoy celebramos en muchas CCAA, fue la Ley 8/2018, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, que incorpora la obligación de aprobar un Plan de Prevención de la Corrupción de ámbito autonómico. Así el art. 32 exige al Pleno del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias aprobara bienalmente un Plan de Prevención de la Corrupción para los sujetos del sector público regional. Ese plan incluirá tiene como contenido mínimo:

a) El mapa de riesgos de la organización, definiendo un área de riesgo para cada sujeto, que, en el caso de la Administración del Principado de Asturias, se desglosará por Consejerías.

b) La probabilidad de ocurrencia en las diversas áreas funcionales (alta, media y baja), distinguiendo su impacto en objetivos (alto, medio y bajo) y la prioridad en la línea estratégica de cada Consejería, entidad y organismo (prioridad 1, 2 y 3).

c) Las acciones de control propuestas para su reducción.

Al término del bienio correspondiente, el grado de cumplimiento del Plan será objeto de una evaluación por parte del Consejo.

Patologías

La jornada contó también con la conferencia del catedrático ovetense de derecho administrativo, Leopoldo Tolivar Alas, acompañado por la Gerente de la Universidad de Oviedo, acompañado por Ana Isabel Caro, Gerente de la Universidad de Oviedo y Francisco Borge, vicerrector de extensión universitaria.

El título oficial de la exposición de Leopoldo fue “Los mundos del derecho universitario y la difícil curación de algunas patologías” que hizo un brillante y sincero repaso a la intrahistoria de nuestra querida vida universitaria. Esperaremos a la habitual publicación del libro con las ponencias de AEDUN para disfrutar de esas agudas reflexiones.