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Cuando el médico no tiene quien le asegure

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Un 10% de los pacientes hospitalarios reconocen haber sufrido algún tipo de error en la asistencia sanitaria recibida. El porcentaje viene siendo el mismo durante la última década. De ese 10%, la mitad entendieron que el error afectó de manera muy grave o bastante grave a su salud. El asunto se complica en las urgencias, donde esa gravedad (mucho o bastante) se dispara al 72.5%. Son datos del Barómetro Sanitario 2015, donde el 88,3% de las personas que habían sido ingresadas en un Hospital Público manifestaron que la atención recibida fue muy buena o buena, que en el caso de las urgencias baja al 80,5 %.

Para solventar las posibles reclamaciones de los pacientes, las Consejerías de Sanidad españolas contratan seguros de responsabilidad civil, que de acuerdo con el titular de prensa arriba incluido, están atravesando dificultades de renovación, pues las licitaciones están quedando desiertas ante algunos cambios normativos como el nuevo baremo de responsabilidad sanitaria, que ha provocado un aumento en las reclamaciones de hasta el 40 por ciento.

Responsabilidad sanitaria

Recordemos que para reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración se exige, con carácter general, la concurrencia de los siguientes elementos: la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, el nexo causal, el perjuicio antijurídico –que no exista la obligación de soportarlo– sin que concurra fuerza mayor.

Sin embargo, en el área de la responsabilidad patrimonial sanitaria, se modelan la antijuridicidad, la objetividad y la causalidad. El paciente que demanda a al servicio regional de salud se encuentra en un mundo cuya construcción dogmática, nos recuerda Chaves “es de cuño jurisprudencial y plagada de conceptos escurridizos y de difícil deslinde (consentimiento informado, vulneración de la lex artis asistencial, pérdida de oportunidad, daño desproporcionado, etc)”.  Seguir leyendo “Cuando el médico no tiene quien le asegure”

El Tribunal de Cuentas pide sanciones efectivas en materia de subvenciones

Logo-TCuEl título IV de la Ley General de Subvenciones establece una normativa básica en materia sancionadora (infracción penal aparte) que incluye multas pecuniarias independientemente de la obligación de reintegro. También prevé sanciones no pecuniarias, en caso de infracciones graves o muy graves, en relación con la posibilidad de obtener más subvenciones o contratar con las Administraciones públicas.

Las infracciones (arts. 56, 57 y 58 de la ley) van desde las leves por incumplimientos de tipo formal (como presentar fuera de plazo de las cuentas justificativas o que sean inexactas) hasta las muy graves como falsear las condiciones para su concesión o no aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

Pues bien, el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público un informe sobre la gestión de reintegros de subvenciones en el área de la Administración Económica del Estado (ejercicios 2014 y 2015), donde entre otras muchas consideraciones, recuerda que el citado régimen de infracciones y sanciones de la LGS “está siendo aplicado mínimamente por los centros gestores”. Constata además la debilidad de los controles sobre la presentación de la cuenta justificativa por el beneficiario y la falta de exigencia observada con el cumplimiento de sus plazos de presentación y contenido.

En opinión del Tribunal, los departamentos fiscalizados deben dictar instrucciones para que los centros gestores: Seguir leyendo “El Tribunal de Cuentas pide sanciones efectivas en materia de subvenciones”

Instituciones de control y prevención de la corrupción. Ultimas novedades

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A grandes rasgos, hay dos modelos para implantar la actividad de prevención de la corrupción. Un primer esquema pasa por su atribución a la Institución de Control Externo nacional o autonómica (experiencia portuguesa) mientras que la otra, exige constituir una agencia especializada en el fraude (modelo OLAF comunitario). No faltará quien piense que es suficiente con los mecanismos judiciales clásicos potenciando los medios de la fiscalía anticorrupción. Lo cierto es que los organismos internaciones son muy críticos con el actual escenario institucional. Repasamos, a continuación, el estado de la cuestión, actualizado con las últimas novedades.  Seguir leyendo “Instituciones de control y prevención de la corrupción. Ultimas novedades”

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La Universidad de los mercados

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que vela por el “correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios” tal como reza su página web. Durante el pasado mes de septiembre difundía una consulta pública sobre competencia y regulación eficiente en las universidades españolas que planteaba distintas cuestiones sobre la situación actual del sistema universitario español, así como la opinión sobre potenciales reformas. Del total de 605 respuestas válidas recibidas, la participación de los distintos colectivos fue mayoritariamente de estudiantes de universidad (60,2% de las respuestas), PDI-público (20,7%), PAS-público (5,5%), PAS-privado (1,8%), AAPP (1,2%), Empresas (2%), ciudadanos (7,4%) y otros (1,3%).

Sus resultados muestran una valoración general sobre las universidades en España en una escala de 0 a 5 es de 2,48, ligeramente por debajo del aprobado. Como siempre, son los estudiantes más críticos que el personal de las propias universidades, mientras que el profesorado el mas (auto)complaciente.

La mayoría de colectivos están de acuerdo en la necesidad de reformas y muestran que nuestras universidades “tienen margen de mejora”. Como no podía ser de otra forma, la CNMC intenta contribuir a perfeccionar la regulación y el entorno de competencia efectiva de las universidades y plantea en la encuesta algunas ideas que reciben una puntuación relativamente elevada. Así, el respaldo a la colaboración con empresas (3,84 sobre 5), la introducción de incentivos para captar a los mejores estudiantes (3,66) y un marco más ágil para que las titulaciones se adapten a necesidades cambiantes (3,60). También existe un amplio apoyo de los encuestados a la evaluación efectiva de las universidades a partir de múltiples criterios (4,33 sobre 5), que podrían incluir la calidad docente y satisfacción del alumnado (4,14) y la inserción de los egresados en el mercado laboral (4,14). Seguir leyendo “La Universidad de los mercados”