El titular que nos ofrecía el diario Cinco Días la semana pasada reflejaba las declaraciones de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, para quien es necesario favorecer la movilidad con el fin de recorrer completamente el camino de todo el proceso innovador, tal y como se está implementando en la Unión Europea: “El día en el que consigamos que un directivo de una gran empresa sea, por ejemplo, rector de una universidad o al revés, habremos conseguido muchísimo para la I+D+i española”. 

El recordatorio es oportuno pues el asunto de la reforma del régimen jurídico universitario estaba en la agenda del Gobierno español, que promovió el correspondiente informe de expertos pero cuya iniciativa parece estar en un nuevo periodo de reflexión.

En ese marco, el letrado Carlos Gómez Otero, Secretario General Adjunto de la USC dirige en Santiago de Compostela para la Universidad Menéndez y Pelayo el curso “La reforma del régimen jurídico universitario” que presentará, del 19 al 21 de noviembre, un interesante programa sobre el sistema de gobierno, la estructura administrativa, la gestión de la I+D o la financiación.

Para sus promotores (AEDUN) los documentos hechos públicos en los últimos años sobre la reforma universitaria “coinciden en el diagnóstico y las conclusiones: la Universidad necesita cambios en materias como calidad, financiación y gobernanza”.

En el ámbito económico presupuestario coinciden dos fuerzas contrapuestas. Por parte de las Universidades se pide más autonomía y flexibilidad acusando las recientes reformas de anquilosantes; por otra parte, las CCAA, en el marco de la crisis económica y de los recortes presupuestarios, exigen más control de la estabilidad y sostenibilidad, combatiendo cualquier indefinición normativa financiera.

La Universidad, como el resto de las Administraciones Públicas, constituye una organización con sus propias áreas de riesgo y cualquier modificación legislativa debe tenerlas en cuenta, para evitar la improvisación.

En el ámbito fiscalizador, los Órgano de Control Externo (OCEx) suelen realizar frecuentes recomendaciones dirigidas al legislador autonómico y nacional. Veamos algunos ejemplos, representativos.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León entró de lleno en el debate cuando presentó a su Parlamento regional la recomendación (la primera del citado capítulo) con ocasión de la fiscalización del ejercicio 2012 (ULE-2012 y UVA-2012) de las Universidades de Valladolid y León:

El Servicio de Control Interno de la Universidad debería depender orgánicamente del Consejo Social, en aras de un cumplimiento más eficaz de sus funciones y de una mayor independencia respecto de las distintas unidades gestoras de gastos e ingresos.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas, en sus informes de las Universidades que carecen de OCEx (por todos, este informe de Universidad de la Rioja), ha enmendado al plana a los Consejos Sociales: “sus reuniones tienen en la mayoría de los casos un carácter testimonial, en beneficio de las facultades del Consejo de Gobierno, lo que motiva que se produzca una reflexión sobre el futuro de las instituciones universitarias y los órganos rectores de las mismas, a fin de potenciar la eficiencia en la adopción de decisiones y su profesionalización, con los cambios normativos pertinentes que posibiliten una actualización de las estructuras y mejoren la gobernanza de la Universidad”. Conclusión tercera, subapartado II.2.1.2

Uno de los trabajos de fiscalización más estratégicos de los últimos años, ya comentado en esta bitácora, fue realizado por la Cámara de Comptos en 2010 y titulado “Informe Análisis sobre la gestión de la UPNA (2001-2008)” incluía entre sus variadas conclusiones la siguiente: “Pesa mucho más la satisfacción de los intereses internos de los colectivos académicos que la atención a las necesidades de la sociedad“. En cuanto al modelo de gobierno universitario, el informe navarro es bastante crítico llegando a calificar de «ingente» la cantidad de cargos electos («Con una carga de trabajo importante aunque sólo sea en reuniones»). Las acusaciones de ineficiencia son un clásico de las relaciones entre la Universidad y el gobierno autonómico o nacional, por lo que no me detendré en ello, salvo para recordar que la nueva normativa aprobada para adaptarse al restrictivo escenario de estabilidad presupuestaria es una nueva fuente de tensiones.

En fin, quedamos a la espera del inminente informe horizontal sobre la Universidad española que tiene ultimado el Tribunal, en relación al ejercicio 2012.