Hace 10 años escribía en Expansión (25-10-2006) una tribuna que comenzaba señalando el extenso Informe de la Cour des Comptes de Francia que fiscalizaba la actividad científica en las universidades galas. Se cuestionaba que, siendo Francia la cuarta potencia mundial en gasto público de investigación (detrás de Estados Unidos, Japón y Alemania) era, sin embargo, la quinta (tras el Reino Unido) en volumen de resultados o de impacto en la comunidad internacional. Los auditores franceses concluían que la explicación era su modelo de gestión (¡tan parecido al nuestro!) que estaba necesitando de una profunda revisión, frente al más ágil de los científicos británicos, poco partidarios de la regulación pormenorizada o de los múltiples formalismos y más centrado en la evaluación de eficacia y eficiencia.

Hoy, la Universidad española está sumida también en nuevos y variados retos de su modelo de gestión, por no hablar de las peores amenazas sobre su modelo de negocio. Respecto del primero, el sistema colegiado, burocrático y corporativo continúa en un debate permanente sobre su verdadera capacidad de enfrentar la realidad económica actual. En la cúspide, un Rector, catedrático de la misma institución, con estructuras organizativas de Administración Pública, servidas mayoritariamente por funcionarios y un equipo rectoral de académicos; eso que definió espléndidamente Mintzberg como una burocracia profesional. 

Pero el titanic universitario tiene otras graves amenazas que afectan a varios aspectos de su línea de flotación. La avalancha de la formación online hace pensar a muchos que la Universidad como hoy la conocemos, presencial y territorial, puede desaparecer en un par de décadas. No sólo porque las nuevas generaciones sean más receptivas a este tipo de enseñanza (que lo son) y en inglés, sino porque la competencia internacional aplastará muchos centros clásicos y con ellos nuestro sistema de I+D y de transferencia de conocimiento, protagonizado por empleados permanentes de carne y hueso. Así que estamos en un momento de transición, igual que ocurre a otros negocios como la banca, la edición o el transporte de viajeros ¿De verdad alguien cree que todos estos enormes cambios no afectarán a la Universidad? Una institución que sobrevivió a la edad media, pero sufrió (¡y propició!) las grandes transformaciones científicas y políticas de nuestra historia … ¿desaparecerá víctima de su éxito?

La nueva legislación administrativa (las conocidas leyes 39 y 40/2015) abren la posibilidad de generalizar unas universidades públicas que no sean Administraciones Públicas, lo cual no siendo una novedad en sentido estricto -pues hay algunas experiencia aisladas autonómicas de base fundacional que cultivan la formación no presencial o internacional- sin embargo, nunca había sido tan explícito y la crítica desde los estamentos académicos no se ha demorado ¿Está en crisis el actual modelo de negocio universitario? Por supuesto. Por ejemplo, véase como ha evolucionado el mercado del posgrado durante la última década o la paulatina desaparición del ascensor social que representó, desde siempre, la educación superior.

Esta semana, como viene siendo tradición en los otoños desde hace décadas, se han debatido los principales retos que tiene la gestión de los campus. Se trata de las 34 Jornadas de Gerencia Universitaria, que esta edición acoge la UJI de Castellón. Ante la magnitud de la vía de agua que supone la globalización, la mercantilización y las nuevas tecnologías en el buque universitario, toda reflexión es poca para mejorar la eficiencia en la gestión. Hablar de libertad de cátedra y de investigación, o autonomía universitaria quizás suene a música lejana, frente a decisiones inmediatas que deben tomarse teniendo presente la multitud de intereses en juego, de rendición de cuentas y de prioridades presupuestarias. Por eso, Andrés Marzal, gerente de la UJI, ha preparado un programa para sus colegas, muy centrado en la tecnología y sus efectos en los procedimientos financieros o administrativos, en la enseñanza y la investigación científica.

La Universidad española, como otros sectores, cuenta con administradores de primera línea, que defienden como pueden los intereses públicos en un marco de restricciones económicas generalizadas y donde profesores y alumnos han demostrado ser clientes muy exigentes, preocupados por al calidad de los servicios. Atenderlos es un reto cotidiano de las cúpulas directivas universitarias. Eso sin perder de vista los nubarrones que se perciben ya en el horizonte.

La clausura ha servido para presentar a los equipos gerenciales el Informe La Universidad española en cifras, que los años pares elaboran Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García. Como recuerda Segundo Píriz, el  actual presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), durante el último lustro «las universidades hemos seguido trabajando bajo condiciones muy complicadas, y con menos recursos han mejorados sus resultados». Se ha ampliado la producción científica un 54%, y han incrementado un 6% su impacto, publicando casi el 55% de sus artículos científicos en revistas del primer cuartil. Se ha llevado acabo la adaptación completa al Espacio Europeo de Educación Superior mejorando el rendimiento académico un 23% en los campus públicos. Sin embargo, desde la propia CRUE lanzan este mensaje: «Tampoco escalaremos posiciones en las clasificaciones internacionales si no logramos proporcionar a nuestras universidades una regulación más flexible y más respetuosa con su declarada, y escasamente aplicada, autonomía universitaria. Una nueva regulación en cuyo marco sea posible, entre otras muchas cosas, atraer los mejores estudiantes y también el mejor talento, retribuyéndolo adecuadamente, para incentivarlo y retenerlo».