Anteayer compartí con Julio García (UCLM) un panel sobre control interno y externo de la nueva Administración en red, dentro del seminario que organizaba la sede coruñesa de la Universidad Menéndez y Pelayo (UIMP) bajo la dirección de los letrados Carlos G. Otero (USC) y Ana I. Caro (UAM). Dos horas de interesantes reflexiones e agudo debate con un público experto y motivado.

Entre los aspectos que se tocaron encontramos la rendición de cuentas y las estadísticas “calientes” presentadas por la plataforma www.rendiciondecuentas.es tan sólo unos días después de terminado el plazo de rendición de las cuentas municipales que pueden verse en la parte superior de esta entrada.

¿Cómo se explica la gran diferencia existente de porcentaje de rendición local entre los territorios las diversas CCAA? Terminado el plazo para su remisión(31 de octubre en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla y León) las diferencias territoriales siguen siendo importantes. A nivel nacional los ayuntamientos pequeños cumplen dignamente en plazo (hasta 500 habitantes, el 61%, de 500 a 1000 el 57,6) mientras que los medianos (entre 5.000 y 50.000 hab.) el 46%. Una diferencia que requiere una explicación sociológica o territorial. Ahí queda.

Otro aspecto que suscitó cierto debate fue, la coordinación de normativas en relación con las leyes de contratación y de procedimiento. El asunto ya tuvimos ocasión de presentarlo recientemente con José Ramón Chaves durante el taller celebrado en las 34 Jornadas de Gerencia Universitaria. Se trata de la exigencia del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 y su aplicación en materia de contratación pública. ¿Debemos exigir en los pliegos de contratación que las personas jurídicas presenten sus proposiciones únicamente de forma electrónica con la salvedad que quedarán excluidas en caso de no hacerlo dentro de plazo? En Castellón habíamos puesto para debate esta noticia falsa. Parece que la puesta en escena allí fue muy lograda porque más de uno nos comentó al terminar: “no sabía que habían creado la Universidad de Utrera”.

Recordareis que la nueva ley de procedimiento exige a las personas jurídicas el uso exclusivo del formato electrónico. ¿Se aplica al procedimiento de contratación? Aquí debemos remitirnos a la excelente página sobre contratación pública y más concretamente el debate sobre ¿Quién está obligado a relacionarse electrónicamente en un proceso de contratación pública? para ver la intensidad de las posturas. Incluye el video de Víctor Almonacid que presenta interesantes argumentos a favor.

En la sala de la UIMP se encontraba Javier García que nos ilustró sobre algunos casos prácticos y de cómo se ha de implantar gradualmente la contratación pública electrónica de forma integrada con el resto de la Administración Electrónica de la institución de que se trate. En la foto superior podéis verlo, con Chaves siguiendo atentamente sus explicaciones.

Las Nuevas Directivas 2014 previeron que el 18 de abril de 2016 entrase en vigor la obligatoriedad del uso en la contratación administrativa electrónica en relación con el envío (electrónico) de los anuncios, la disponibilidad (electrónica) de los pliegos, los Sistemas Dinámicos de Adquisición o las Subastas Electrónicas. Durante el 2017 entrará en vigor la compra centralizada electrónica y para el 2018 estarán en vigor todas sus previsiones y todo deberá ser electrónico. Es decir, la propia Directiva aun no es de aplicación directa en el apartado titulado «Comunicaciones electrónicas», que salvaguarda el estado de la técnica para su efectividad en cada país miembro. Permítanme que aquí recomiende el reciente artículo en Auditoría Pública de nuestros compañeros del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Santiago Martín y Rosario Rodríguez, sobre los efectos de la falta de transposición de las directivas de contratos.

Sin embargo, la carencia de una aplicación pública gratuita e interoperable que garantice el secreto del contenido del sobre C (oferta económica) hace que aún no se pueda exigir en los pliegos de contratación. Pronto será resuelto y veremos que las licitaciones comenzarán a exigir ese formato.

Esto trae otro debate que, en su día, ya anticipamos aquí. Dejamos gran parte de las decisiones administrativas en manos de expertos informáticos, que en algunos acasos ni siquiera son empleados públicos y “existiendo dependencia de ellos y de sus productos para el desarrollo de la gestión habitual de la actividad”, dijeron los veteranos auditores de la Cámara de Comptos. Esa habitual soberanía diluida que ya nos reveló el discurso de jubilación del profesor Sosa Wagner.

Para terminar, una idea que alguien deslizó durante el seminario. Como persisten algunas resistencias en un sector de funcionarios para adaptarse a las cambios impuestos por las nuevas tecnologías … ¿sería posible una acreditación nacional o autonómica cuya no superación suponga la remoción del puesto de trabajo? ¿Veremos algún día un cuerpo de habilitación electrónica nacional?