Cumpliendo el mandato de las Cortes Generales, nuestro Tribunal de Cuentas hizo público, el mes pasado, su programa de Fiscalizaciones para el año 2013, que incluye un informe horizontal denominado “Fiscalización de las Universidades Públicas, ejercicio 2012”. Con el precedente del complejo trabajo relativo al ejercicio 2003, que ya presentamos en esta bitácora, ahora las universidades se enfrentarán a esa auditoría en el marco de una deteriorada situación financiera. En paralelo, se trabaja en una reforma del modelo universitario que cuestiona su sistema de gobierno.
Big Bang universitario
La Ley de Reforma Universitaria diseñó, en 1983, nuestras Instituciones de Educación Superior con una estructura administrativa para la etapa de expansión que se preveía. Se produjo un crecimiento espectacular en número de centros, de alumnos, de profesores, de gestores. Una Administración Pública autónoma y descentralizada, que intentaba profesionalizar la gestión y subir peldaños en el escenario mundial de la investigación científica. Todo ello en el marco de una transformación social que permitió, durante casi 20 años, dar respuesta a las amplias y variadas necesidades de formación universitaria de la sociedad española.
La década pasada supuso otro tren perdido para la Universidad, que no supo aprovechar la bonanza económica para resolver sus endémicos problemas. Hoy, al igual que las grandes organizaciones del sector privado, todas las Administraciones Públicas están inmersas en un período de reestructuración y reducción, tendiendo a racionalizar las estructuras, los procesos y los sistemas administrativos.
La Universidad está en un período crítico en el que la especialización, los cambios en las políticas públicas y el creciente ritmo de los avances tecnológicos y científicos, vienen alterando desde hace tiempo el entorno. La globalización incorpora una competencia internacional que incluso pone en cuestión todas las fronteras legales en materia educativa. Este interesante audio nos cuenta como está el asunto en EEUU. Todo ello requiere nuevas respuestas organizativas y financieras por parte de las universidades.
Cuando nueve países europeos aumentan el presupuesto para educación superior continuamente desde 2008, nuestros gestores y académicos no se cansan de recordar que estamos ante una inversión, la educación superior, de elevada rentabilidad pública y privada. Juan Hernandez y José Antonio Pérez nos recordaban hace unos días, en un brillante y breve artículo, que los recortes en las diversas CCAA casi nos ha retrotraído a los años noventa en recursos y, sobre todo, en costumbres: “Los modelos de financiación han sido borrados del mapa, las universidades -y los gobiernos- han perdido la objetividad que proporcionaban y han vuelto ala “dependencia” del criterio discrecional”.
El modelo de Gobernanza universitaria
El Tribunal de Cuentas tendrá ocasión de evaluar el modelo de universidad pública española, cuyas características ya han sido cuestionadas no sólo por sus auditores, sino en varios informes de CCAA. Máxime si aceptamos que el modelo pudo cumplir su misión durante momentos de crecimiento económico pero no para alcanzar al estabilidad presupuestaria.
Recientemente, la exrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ana Ripoll, publicaba en El País una resignada reflexión sobre la incapacidad de la actual estructura universitaria para abordar la clara regresión que sufren los presupuestos que sólo admiten la reducción de la oferta, de la calidad y la investigación:
“Es necesario construir un nuevo modelo de Universidad que permita resolver la difícil situación actual, pero también paliar los problemas y deficiencias estructurales que la Universidad española arrastra: gobernanza, financiación, rendición de cuentas a la sociedad, endogamia … “
Rafael Puyol, quizás es el miembro de la Comisión de Expertos del Ministerio de Educación que mejor conoce las interioridades de la gestión universitaria, tras su paso por el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid. Nos explica la necesidad de afrontar un cambio de la gobernanza universitaria en un capítulo del libro “Gestionar sin dinero”, coordinado por Francisco Abad. Se trata de una obra donde hasta un total de 13 prestigiosos autores nos presentan soluciones para lograr una economía social en tiempos de crisis, “desde la reflexión y las ideas positivas”: Manuel Pimentel, Pedro Rivero, José Antonio Herce, Francisco Salinas, María-Angeles Durán, Joan Subirats, Tom Burns, Pilar Gómez-Acebo, Jesús A. Pérez de Arróspide, Pedro M. Sasia o Txema Franco.
Algunas de la ideas críticas de Puyol ya estaban en anteriores publicaciones, incluso de su época rectoral. Parece que hay consenso entre los estudiosos para alcanzar un único órgano colegiado de gobierno y supervisión de la Universidad, mezcla del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, reducido (no más de 20 o 25 miembros) paritario (mitad interno, mitad externo), ejecutivo (nombramiento de rector y gerente) y responsable económico (aprobación presupuesto y cuentas anuales). Algo que, en su día, ya había sido demandado por la CRUE, a través del informe Bricall.
Su idea es que el sufragio universal genera estrategias electorales populistas y promesas de difícil cumplimiento que hipotecan al rector:
“Sé que es políticamente incorrecto hablar de exceso de democracia en una institución en donde ese sistema brilló por su ausencia durante mucho tiempo. Pero corro el riesgo de ser anatemizado al defender el argumento de que en la Universidad española hay un exceso de democracia que tiene como corolario esa burocratización tan lacerante que introduce lentitud e ineficiencia en el sistema, y además crea clientelismos que todavía complican más la situación. Quizás el ejemplo más claro de lo que digo está en la elección del Rector”. (Página 56).
En definitiva, la Universidad afronta cambios legislativos importantes. El informe de la Comisión de Expertos o la evaluación horizontal del Tribunal de Cuentas serán documentos a tener en cuenta para evitar la improvisación.
Fiscalizacion.es 
La foto refleja pocas incertidumbres para la universidad: un edificio viejo, antes un faro que era el único guía. Hoy con el GPS debe reconvertir su antigua y esencial misión … ¡Clarito, si!. Por si fuera poco, una gran ola amenaza con llevárselo todo por delante … En fin: premonitorio.
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El documento de la Comisión de Expertos, que reseña hoy EL MUNDO, fue entregado esta misma semana al ministro de Educación y será difundido hoy. Entre sus 84 páginas (más otras 31 de un voto particular incorporado a última hora), destaca la creación de un consejo de la universidad que aglutinará casi todas las competencias ejecutivas y que incorporará a miembros externos para evitar que las universidades utilicen los recursos públicos en función de sus intereses corporativos y sin tener en cuenta las demandas de la sociedad que las financia. Así, un 50% «será elegido por el claustro de la universidad»; «un 25% por la correspondiente comunidad autónoma, para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil en el máximo órgano de gobierno universitario» a través de «personas de elevado prestigio profesional o académico», y el 25% restante «será elegido por los anteriores dos grupos entre personas internas o externas» con idéntico reconocimiento.
Pero ésta no es la única transformación de calado que propone un documento en el que se potencia la excelencia académica, el reconocimiento de los méritos docentes e investigadores, una mayor autonomía ligada a la rendición de cuentas de los centros y una eliminación de la burocracia interna:
INCOMPATIBILIDADES. Para evitar que la presencia de las autonomías en esos consejos de la universidad dé lugar a un modelo similar al de las cajas de ahorros y que factores políticos puedan distorsionar la objetividad en la gestión, el documento recoge que la pertenencia a ese órgano «será incompatible con tener o haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en organismo público alguno […] dentro de los 36 meses anteriores».
RECTOR DE PRESTIGIO. Los sabios proponen que no baste con ser catedrático para acceder al puesto de rector, sino que se exija estar en posesión de al menos tres sexenios (los tramos de sueldo que reconocen el mérito investigador). Además, los mandatos serán de cinco años prorrogables, frente a los cuatro actuales.
CONCENTRACIÓN EJECUTIVA. Ante la dispersión del poder que se da en la actualidad y que, en muchos casos, hace ingobernables las universidades, la comisión propone que el rector no sólo nombre a su equipo inmediato (vicerrectores y secretario general), sino también a los decanos, a los directores de escuela y a los directores de departamento, a propuesta de los colectivos a los que estos últimos deben representar. A su vez, el rector deberá rendir cuentas ante el consejo de la universidad del uso que hace de esa amplia capacidad de gestión.
SELECCIÓN DEL PROFESORADO. Los expertos proponen establecer «dos vías, diferentes y complementarias» de selección del profesorado. Una de ellas es la que se ha venido aplicando desde 2001, con una criba de calidad nacional y los posteriores concursos de acceso a las plazas que convocan las universidades. La otra, en cambio, supone una gran revolución, ya que consiste en la «contratación directa e indefinida por las universidades de doctores españoles y extranjeros», también como catedráticos y profesores titulares, aunque no otorgaría la condición de funcionario. En la práctica, esta vía pretende eliminar la burocracia y los condicionamientos del sistema funcionarial que, en muchos casos, impedían la captación de talento foráneo. Así, elimina la necesidad de superar la evaluación nacional y permite a los centros fijar en la convocatoria a ser posible internacional «la banda salarial ofrecida».
MEDIDAS ANTIENDOGAMIA. Los sabios proponen un veto antiendogamia con el objetivo de impedir que las universidades fichen sistemáticamente a sus propios doctores, con el obstáculo que supone para la competitividad y la renovación de las líneas de trabajo. «Se recomienda impedir cualquier tipo de contratación por una universidad de un doctor propio, salvo que éste hubiera estado previamente vinculado a otra universidad, institución académica o centro investigador reconocido, español o extranjero, por un periodo no inferior de 36 meses», recoge el informe.
FINANCIACIÓN. Frente al modelo actual, que pondera la dimensión de los centros, los expertos reclaman que se eleve «hasta el 20-25%» la parte de las transferencias públicas «correspondiente a la financiación por resultados». Así, se pasaría a premiar la productividad investigadora de los centros, la empleabilidad de sus titulados… todo ello, a partir de una mayor transparencia. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, comparece el pasado verano junto a la presidenta de los rectores, Adelaida de la Calle. / EFE Las universidades no podrán fichar a sus propios doctores durante 3 años El dictamen de la `comisión Wert plantea fórmulas para erradicar la endogamia
Madrid Aunque la comisión estaba integrada inicialmente por 11 expertos, la mayoría de ellos de reconocido prestigio académico, a lo largo de estos ocho meses de trabajo perdió, por motivos personales, a los profesores Salvador Barberá y Elisa Chuliá. Entre los nueve restantes ha habido un amplio consenso sobre los términos de la reforma que propone el informe. Según confirmaron a EL MUNDO fuentes de la comisión, el documento está avalado en su totalidad por siete de ellos. En cambio, los juristas Mariola Urrea y Óscar Alzaga han pedido incluir un voto particular objetando a los epígrafes I y III, relativos al modelo de selección del profesorado y al de gobierno. Sus compañeros de comisión expresaron su malestar por no haber conocido el contenido de ese voto particular hasta el mismo día en que se entregó el informe. Además, alegaron que «sólo incorpora juicios de valor por un supuesto ataque a la libertad de cátedra y por importar la tradición anglosajona».
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