El pasado 26 de abril, el Consejo de Universidades (los rectores) y la Conferencia General de Política Universitaria (las CCAA) se reunieron en una sesión conjunta para debatir la última versión del «Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sistema Universitario Español» elaborado por la Comisión Mixta de financiación universitaria.

El documento de base había sido elaborado durante el año 2009 y aprobado el 15 de enero de 2010 y elevado a consulta durante un período de dos meses, enriquecido con las aportaciones obtenidas de las 17 Comunidades Autónomas, de las Sectoriales de la CRUE, de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Públicas y de 20 universidades. 

Las malas noticias son que el propio documento plantea un marco financiero para el periodo 2010-2013 ajustado al Plan de Estabilidad de la Economía Española del conjunto de las Administraciones Públicas, y entiende que hasta el periodo 2015-2020 no se puede aspirar a la  consolidación de un modelo globalmente más sostenible “con el compromiso de mejoras internas en eficacia y eficiencia de la gestión”. Hablando claro: hasta mediados de la década no se podrán implantar las medidas que supongan un alivio financiero para las universidades. El Ministro Gabilondo lo justifica «porque no se puede dejar la educación al margen de la situación económica general del país».

El deslizamiento hacia el año 2020 se presenta como coherente con la Comunicación de la Comisión “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” [COM(2010)2020] será adoptada formalmente por el Consejo Europeo el próximo junio. Europa 2020 constituye una visión de la economía social de mercado de Europa para el Siglo XXI.

Sin embargo, el informe considera indispensable mejorar, desde ya, la transparecencia de la información mediante la elaboración y desarrollo de un sistema integrado de información universitaria que permita conocer los indicadores de calidad docente, de investigación, de transferencia y de rendición de cuentas, así como la implantación de un modelo de contabilidad analítica de las universidades públicas para conocer el coste real de sus actividades, de acuerdo con las misiones que tienen encomendadas.

Junto al documento se aprobó una declaración sobre la mejora y modernización de las universidades españolas que reconoce su importancia en el crecimiento económico sostenible basado en el conocimiento y donde también se requiere al Sistema Universitario Español un sistema de evaluación y seguimiento mediante indicadores que permitan medir el progreso anual de los objetivos.

Líneas de actuación

El Estado, las CCAA y las universidades comprometen un pacto en seis ámbitos:

– Becas y Ayudas al Estudio Universitario y Precios Públicos de Matrícula. Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico

– Equidad financiera institucional de las Comunidades Autónomas

– Recursos Humanos. Nuevo estatuto del PDI. Adaptación de los Recursos Humanos al EEES. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Carrera docente e investigadora. Atracción de Talento.

– Adaptación de las infraestructuras universitarias al Espacio Europeo deEducación Superior (EEES) y al Espacio Europeo de Investigación (EEI). Campus de Excelencia Internacional (CEI).

– Investigación, desarrollo tecnológico y actividades de potenciación de la Innovación. Incentivos a la mejora de la actividad científica, tecnológica e innovadora.

– Eficiencia y eficacia de la gestión de las universidades españolas. Rendición de cuentas e información pública.

y determinan un Plan de Acción (Página 99) que recoge un número determinado de medidas para cada uno de los ejes que vertebra el documento de financiación. Eso si, las relativas a la aportación suplementaria, se iniciarán para el año 2013.