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Cumpliendo el mandato de las Cortes Generales, nuestro Tribunal de Cuentas hizo público, el mes pasado, su programa de Fiscalizaciones para el año 2013, que incluye un informe horizontal denominado “Fiscalización de las Universidades Públicas, ejercicio 2012”. Con el precedente del complejo trabajo relativo al ejercicio 2003, que ya presentamos en esta bitácora, ahora las universidades se enfrentarán a esa auditoría en el marco de una deteriorada situación financiera. En paralelo, se trabaja en una reforma del modelo universitario que cuestiona su sistema de gobierno. 

Big Bang universitario

La Ley de Reforma Universitaria diseñó, en 1983, nuestras Instituciones de Educación Superior con una estructura administrativa para la etapa de expansión que se preveía. Se produjo un crecimiento espectacular en número de centros, de alumnos, de profesores, de gestores. Una Administración Pública autónoma y descentralizada, que intentaba profesionalizar la gestión y subir peldaños en el escenario mundial de la investigación científica. Todo ello en el marco de una transformación social que permitió, durante casi 20 años, dar respuesta a las amplias y variadas necesidades de formación universitaria de la sociedad española.

La década pasada supuso otro tren perdido para la Universidad, que no supo aprovechar la bonanza económica para resolver sus endémicos problemas. Hoy, al igual que las grandes organizaciones del sector privado, todas las Administraciones Públicas están inmersas en un período de reestructuración y reducción, tendiendo a racionalizar las estructuras, los procesos y los sistemas administrativos.

La Universidad está en un período crítico en el que la especialización, los cambios en las políticas públicas y el creciente ritmo de los avances tecnológicos y científicos, vienen alterando desde hace tiempo el entorno. La globalización incorpora una competencia internacional que incluso pone en cuestión todas las fronteras legales en materia educativa. Este interesante audio nos cuenta como está el asunto en EEUU. Todo ello requiere nuevas respuestas organizativas y financieras por parte de las universidades.

Cuando nueve países europeos aumentan el presupuesto para educación superior continuamente desde 2008, nuestros gestores y académicos no se cansan de recordar que estamos ante una inversión, la educación superior, de elevada rentabilidad pública y privada. Juan Hernandez y José Antonio Pérez nos recordaban hace unos días, en un brillante y breve artículo, que los recortes en las diversas CCAA casi nos ha retrotraído a los años noventa en recursos y, sobre todo, en costumbres: “Los modelos de financiación han sido borrados del mapa, las universidades -y los gobiernos- han perdido la objetividad que proporcionaban y han vuelto ala “dependencia” del criterio discrecional”. 

El modelo de Gobernanza universitaria

El Tribunal de Cuentas tendrá ocasión de evaluar el modelo de universidad pública española, cuyas características ya han sido cuestionadas no sólo por sus auditores, sino en varios informes de CCAA. Máxime si aceptamos que el modelo pudo cumplir su misión durante momentos de crecimiento económico pero no para alcanzar al estabilidad presupuestaria.

Recientemente, la exrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ana Ripoll, publicaba en El País una resignada reflexión sobre la incapacidad de la actual estructura universitaria para abordar la clara regresión que sufren los presupuestos que sólo admiten la reducción de la oferta, de la calidad y la investigación:

Es necesario construir un nuevo modelo de Universidad que permita resolver la difícil situación actual, pero también paliar los problemas y deficiencias estructurales que la Universidad española arrastra: gobernanza, financiación, rendición de cuentas a la sociedad, endogamia … “

Gestionar sin dineroRafael Puyol, quizás es el miembro de la Comisión de Expertos del Ministerio de Educación que mejor conoce las interioridades de la gestión universitaria, tras su paso por el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid. Nos explica la necesidad de afrontar un cambio de la gobernanza universitaria en un capítulo del libro “Gestionar sin dinero”, coordinado por Francisco Abad. Se trata de una obra donde hasta un total de 13 prestigiosos autores nos presentan soluciones para lograr una economía social en tiempos de crisis, “desde la reflexión y las ideas positivas”: Manuel Pimentel, Pedro Rivero, José Antonio Herce, Francisco Salinas, María-Angeles Durán, Joan Subirats, Tom Burns, Pilar Gómez-Acebo, Jesús A. Pérez de Arróspide, Pedro M. Sasia o Txema Franco.

Algunas de la ideas críticas de Puyol ya estaban en anteriores publicaciones, incluso de su época rectoral. Parece que hay consenso entre los estudiosos para alcanzar un único órgano colegiado de gobierno y supervisión de la Universidad, mezcla del Consejo de Gobierno y del Consejo Social, reducido (no más de 20 o 25 miembros) paritario (mitad interno, mitad externo), ejecutivo (nombramiento de rector y gerente) y responsable económico (aprobación presupuesto y cuentas anuales). Algo que, en su día, ya había sido demandado por la CRUE, a través del informe Bricall.

Su idea es que el sufragio universal genera estrategias electorales populistas y promesas de difícil cumplimiento que hipotecan al rector:

 “Sé que es políticamente incorrecto hablar de exceso de democracia en una institución en donde ese sistema brilló por su ausencia durante mucho tiempo. Pero corro el riesgo de ser anatemizado al defender el argumento de que en la Universidad española hay un exceso de democracia que tiene como corolario esa burocratización tan lacerante que introduce  lentitud e ineficiencia en el sistema, y además crea clientelismos que todavía complican más la situación.  Quizás el ejemplo más claro de lo que digo está en la elección del Rector”. (Página 56).

En definitiva, la Universidad afronta cambios legislativos importantes. El informe de la Comisión de Expertos o la evaluación horizontal del Tribunal de Cuentas serán documentos a tener en cuenta para evitar la improvisación.