Los Tribunales de Cuentas, en su versión europea, española o autonómica, intentan contribuir a un mejor uso de los dineros públicos. Sus informes no sólo censuran la legalidad de los procedimientos del gasto público, sino su programación y ejecución para que respondan a los criterios de eficiencia y economía, aquí exigidos por el artículo 31 de la Constitución Española.

Con frecuencia, sus recomendaciones incluyen variadas referencias a la reducción de todo tipo de costes, fundamentalmente de las operaciones corrientes. Algunas instituciones de control cuantifican a final de año esos ahorros potenciales gracias a sus auditorías. Así, la Oficina de Rendición de Cuentas de los EEUU (GAO) medía los beneficios financieros obtenidos gracias a su labor en cincuenta mil millones de dólares, es decir: por cada dólar invertido en la GAO ésta afirma “devolver” 87 de ahorros.  En el mismo sentido, su equivalente inglesa, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) reconocía en su memoria que durante el año pasado las recomendaciones de sus 60 informes podrían haber ahorrado mil millones de libras al contribuyente. Siempre que leo estas declaraciones me viene a la mente mis visitas al Mercadona. El ahorro de un euro en los filetes de bacalao congelados, pero si llevas la lupa y consigues leer la minúscula etiqueta verás que viene de China … ¿Ahorro? 

Ahorrar, ahorrar, ahorrar ….

La semana pasada coincidían dos noticias en la prensa londinense. La NAO británica elogiaba la reducción de costes alcanzada por su Agencia Tributaria: 296 millones de libras durante el último ejercicio, superando el objetivo previsto en un 19 por ciento. A la vez conocíamos que el Primer Ministro, Cámeron, pedía disculpas por las conclusiones del informe -de 3.000 páginas- dirigido por el abogado especialista en responsabilidad médica, Robert Francis, sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud durante el quinquenio 2005-2009: «se ignoraron las señales de advertencia y se antepuso el interés corporativo y control del gasto por delante de los pacientes y su seguridad». Todo eso con una multitud de auditores peinando cada año los hospitales británicos y recomendando ahorros o denunciando despilfarros. Me da mucho que pensar y me recuerda aquella viñeta de El Roto: “Antes hacíamos medicina, ahora gestionamos gasto sanitario”.

Audit recovery

En el sector privado son conocidas las auditorías de recuperación (audit recovery) dentro de las políticas de control financiero de las grandes multinacionales. Consiguen ahorros significativos -con vistas a ejercicios futuros- revisando las condiciones de los contratos  el volumen de compras, los plazos de pago –es decir: presionando a los proveedores– o escrutando implacables los gastos generales. Buscan reducir costes y para lograrlo no dudan en cuestionar cualquier servicio, sus indicadores de gestión o los efectivos de la plantilla asignada.

En el marco de la actual crisis económica, nos estamos habituando a su presencia en la Administración Pública. Queda lejos aquel tranquilo pero pobre mundo administrativo que narraba Benedetti en el entrañable cuento titulado “El presupuesto”, emotiva descripción de las tribulaciones de un negociado olvidado en algún edificio público.

Sarkozy popularizó en Francia, hace ya más deseis años, las auditorías de modernización -que presumían ahorros millonarios- y Hollande –que fue auditor del Tribunal de Cuentas francés – promueve la “caza de normas absurdas”.

Inflación normativa

En Francia, el Ministro francés de Reforma del Estado presentó el 17 de enero, como una de sus misiones, la lucha contra la «inflación normativa«. En ese marco, ha confiando al alcalde socialista de Le Mans, Jean-Claude Boulard, y al senador centrista, Alain de l’Orne Lambert, la redacción de un informe que proponga, antes del 15 de marzo, una lista de normas que deben derogarse por innecesarias y costosas.

El senador pone como ejemplo la legislación sobre edificios públicos, que se aplica a todos los equipamientos: «los que pueden alojar a 200 personas o a 20 personas» y , por tanto se penaliza a los pequeños municipios. El alcalde fue más gráfico: «Algunas normas son como la sal y la pimienta: cuando no hay ninguna, no es comestible y cuando hay demasiada … ¡también es incomible! «

En España

En el Programa para la Aplicación del Fondo de Liquidez para las CCAA se ha previsto la creación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de un grupo de trabajo para acordar un código de buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro. Además, la última Conferencia de Presidentes de las CCAA acordó la creación de otro grupo de trabajo, en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, que elabore un programa de racionalización administrativa, en dos áreas que ya tienen su correspondiente buzón en el Ministerio de Hacienda:

• Sugerencia sobre Duplicidades Administrativas
• Sugerencia sobre Trabas burocráticas

Por el momento, se han recibido 1.753 sugerencias de ciudadanos: 1.082 relativas a duplicidades administrativas y 671 relativas a trabas administrativas.

Sin embargo, la principal herramienta será la Comisión creada por el Gobierno para la reforma de las Administraciones Públicas -integrada por cinco subcomisiones- que debe entregar su informe antes del 30 de junio. El mes pasado hubo algo de cachondeo en los medios, cuando se creó un nuevo Consejo Asesor para determinar «cuántos consejos asesores similares deben ser eliminados». Bromas aparte, se trata de dar entrada a un representante de los sindicatos mayoritarios en la Administración pública, de las patronales de las empresas españolas, de los autónomos, del Consejo de Consumidores y Usuarios, de la Defensora del Pueblo y del sector académico.

Una versión resumida de este artículo fue publicada en La Nueva España.