Hoy coinciden diversas noticias relacionadas con la sostenibilidad de las finanzas públicas británicas y francesas. Por una parte, la Cour des Comptes hace público el informe sobre la situación y perspectivas presupuestarias en Francia, que plantea recortar los efectivos funcionariales. Además, el Reino Unido anuncia que eliminará 144.000 empleos públicos en el 2016. Por lo que hace referencia a España, se ha producido un descenso de 365.800 empleados públicos durante los últimos dos años y diversos informes de expertos reclaman seguir avanzando en esa disminución de los efectivos funcionariales. 

Francia

El Estado del Bienestar tiene en Francia un ejemplo de lucha por la supervivencia, no exenta de dificultades pues durante los últimos años ha venido siendo recortado, como hemos puesto de manifiesto en esta bitácora.

Hoy, los auditores públicos franceses alertan en su informe anual de la caída de la recaudación tributaria en los principales impuestos directos y piden un gran esfuerzo para reducir el gasto público en 2014 y 2015, haciendo hincapié en “identificar posibles vías de ahorro potencial”. En su opinión, aunque ya se implantó una tasa de reposición (2×1) de jubilaciones del sector público, se necesita «garantizar la gestión sostenible de la nómina del Estado».

Su principal recomendación inicial es recortar más de 10.000 puestos de funcionarios  (equivalente a una disminución de 0,5% en el número de agentes) aunque también se apunta hacia «la cuestión del tiempo de trabajo efectivo de los funcionarios » que pura y simplemente sugiere aumentar.

A los más ortodoxos de la función de los Tribunales de Cuentas les sorprenderán estas afirmaciones, más cercanas a criterios de oportunidad que a la pura regularidad contable o financiera. Sin embargo, es habitual que las propuestas de la Cour se muevan con esa libertad, entrando en la política, a pesar de ser un órgano muy profesionalizado (con magistrados de reclutamiento no político). Pero los órganos de control británicos no se quedan cortos. Véase.

Reino Unido

El ministro británico de Economía, George Osborne, anunció ayer en la Cámara de los Comunes un tijeretazo de 13.500 millones de euros para el bienio 2015-2016, con la supresión de 144.000 empleos en el sector público. Estas bajas se suman al medio millón de empleados públicos despedidos desde que el actual Gobierno de conservadores y liberales llegó al poder en 2010. Osborne ha añadido que los recortes, contenidos en el informe Revisión del gasto, estarán acompañados de medidas por las que los empleados públicos perderán su derecho a las subidas automáticas de los salarios: ”Por cada puesto de trabajo suprimido en la Administración Pública, se han creado tres nuevos empleos en el sector privado”, afirmó..

El reciente informe de la National Audit Office (NAO) británica sobre La gestión financiera en el gobierno llama la atención a los directivos de finanzas para que se tomen más en serio su “papel central en los esfuerzos para proporcionar servicios sostenibles a bajo coste”. Además, preocupados por las mejoras en la eficiencia necesarias para garantizar a largo plazo que los ahorros son sostenibles, les alerta de que se debe acelerar el ritmo del cambio: “los ahorros se están realizando pero se está retrasando el progreso en la reestructuración de cómo se prestan los servicios”.

Por si fuera poco, en el parágrafo 12, exhorta  al gobierno a “ir más allá de controlar el gasto, mediante el rediseño de los servicios públicos para que operen de forma permanente a un menor coste”. Será interesante seguir el modelo británico para saber hasta dónde puede llegar y si tolerará esa madura sociedad el descenso de la calidad de sus servicios públicos. 

España …

En nuestro país, recordemos que ya está regulado el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el ámbito de la Administración Pública, para el personal laboral. Parecía que el personal funcionario estaba a salvo. Sin embargo, el año pasado, la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, había asegurado que la rebaja del sueldo de los funcionarios no era suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas fuesen sostenibles. Se esperaba alguna propuesta dura en materia de función pública.

Por ahora, el Informe hecho público la semana pasada sobre la Reforma de las Administraciones (en plural) y elaborado por la Comisión designada por el Gobierno de España, no contempla una reducción del número de funcionarios, aunque se prevea la supresión de instituciones y organismos públicos. Personalmente, me parece mucho mejor -más concreto y menos programático- el informe de la Comisión de la Generalitat Catalana (presidida por un hacendista de prestigio Guillem López Casasnovas) que, aun discrepando de sus propuestas, ha sido bien acogido por los estudiosos.

Una Administración «tipo Apple»

El informe catalán está bien construido y condensado en 36 páginas, sin nada de paja y apuesta en la página 23 por “internalizar la inteligencia, externalizar el trámite”:

 “Cabría limitar los puestos de trabajo reservados a personas que tengan la condición de funcionario a aquellas funciones directamente conectadas con el ejercicio de la autoridad administrativa … Los puestos de trabajo de plantilla se deben reservar, en general, a tareas cualificadas de valor añadido y a aquellas funciones necesarias para contratar, supervisar y gestionar servicios públicos a través del mercado. Los trabajos de puro trámite o apoyo logístico y las de estricta ejecución deben tender a externalizarse”.

Reserva funcionarial que, recuerdan los autores, ya está en el 9.2 del EBEP, quedando el régimen de contratación laboral (recordemos que “menos estable”) para los restantes sectores.

En fin, que vienen malos tiempos para la función pública …