La Universidad pública española (49 Instituciones, en 2003) acaba de ser objeto de una compleja fiscalización “horizontal” del Tribunal de Cuentas de España. El informe abarcó la “organización, la actividad económico-financiera y la gestión”, tal como solicitó la Comisión Mixta Congreso-Senado y Tribunal de Cuentas el 21 de diciembre de 2001, el mismo día que se promulgaba la Ley Orgánica de Universidades.

El informe, aprobado por el Pleno del Tribunal el 17 de enero pasado, consta de 220 páginas seguido de múltiples anexos y exigió un gran nivel de coordinación del Tribunal de Cuentas con los Órganos de Control Externo de las CCAA que fiscalizaron las universidades respectivas, como puede verse de manera gráfica en la foto que pedí expresamente al subdirector técnico para dejar constancia gráfica de la complejidad de su integración. Una imagen vale más que mil palabras. Para quienes asusta leer el mamotreto, os hago un resumen de urgencia.

Descargar informe.

En un tono bastante constructivo, se presenta el panorama general de la educación superior en España, sin eludir aspectos académicos o investigadores. Como en todo imfome de auditoría comienza con las:

Limitaciones al alcance

Los auditores plantean varias limitaciones al alcance del trabajo, que no permitieron su adecuada realización, aunque no hayan impedido alcanzar resultados ni deducir las consiguientes conclusiones y recomendaciones.

Respecto a la organización, destaca la “falta generalizada de información sobre los Entes dependientes” (fundaciones y sociedades universitarias). En el área financiera, la inexistencia de inventarios o contabilidad financiera en una decena de universidades.

En el área de gestión se mencionan importantes carencias generalizadas: ausencia de contabilidad analítica, de objetivos presupuestarios y de programación plurianual. También la inexistencia Relaciones de Puestos de Trabajo del personal docente y de sistemas de control de asistencia, presencia y cumplimiento de horarios académicos.

Aspectos financieros

En 2003, el resultado agregado del conjunto de las universidades ha resultado negativo y el déficit ha sido enjugado con endeudamiento, pues se produce en las operaciones de capital. Los presupuestos se aprueban una vez iniciado el ejercicio, lo que resta efectividad su gestión.

Debe elogiarse que el Tibunal se haya atrevido a estimar determinados costes de interés para la ciudadanía. Así, el coste estimado por los auditores del crédito “impartido” es de 3.992 euros. El coste medio del crédito matriculado se estima en 77 euros. Un alumno matriculado de un curso completo cuesta anualmente a la Universidad 5.185 euros. Un licenciado acaba costando 33.066 euros, a grandes rasgos y, todos ellos con mucha dispersión, como es lógico, entre las distintas ramas científicas. Esta es la media:

Organización

El sistema universitario español se caracteriza por su descentralización y la colegiación de las principales decisiones. Para el Tribunal la existencia de múltiples órganos colegiados con funciones homogéneas “puede incidir negativamente en el proceso de elaboración y aplicación de las normas internas” o afectar a “la necesaria objetividad a la hora de gestionar los intereses generales de la Universidad”.

Un tercio de las universidades no cuentan con órgano de control interno. Su dotación de personal es casi siempre “insuficiente” y no guarda relación con el volumen económico gestionado. En su opinión deberían elaborar un informe anual sobre sus actividades.

Las fundaciones universitarias, con frecuencia tienen fines y objetivos que no guardan relación con los estrictamente universitarios. Salvo en tres CCAA no consolidan los estados financieros con la Universidad matriz.

Critica severamente el Tribunal la ausencia de mecanismos efectivos de evaluación, en 2003: “a lo sumo se limitan a realizar encuestas a los alumnos tratando de averiguar su opinión acerca de la mayor o menor aptitud docente de los profesores”.

Investigación

El Tribunal ha detectado contratos de investigación sin contenido científico. Esta afirmación recoge el pensamiento de muchos informes autonómicos (País Vasco, Comunidad Valenciana) que vienen reiterando que determinados contratos de I+D son competencia desleal o simple venta de servicios que en el mercado pueden ofrecer las empresas.

Llama la atención el informe sobre la carente o deficiente planificación de la actividad investigadora, así como cierta pasividad del vicerrectorado de Investigación que “ ni controla ni tiene constancia, en la mayoría de las universidades, de la actividad gestionada por Entes dependientes”. Para el Tribunal, la Universidad debe centralizar y controlar toda la actividad investigadora.

Reunión de presidentes de OCEX, durante mi etapa en la Gerencia en la Universidad de Salamanca, en mayo de 2003, con nuestra queridos Mari Asun, Ramón Muñoz y Luciano Fariña, ya fallecidos.