Hoy, la Universidad de Oviedo fue sede de una reunión de trabajo sin precedentes; Presidentes y secretarios de Consejos Sociales de toda España con tres destacados miembros del Tribunal de Cuentas de España: Su presidente (Ramón Álvarez de Miranda), el Consejero responsable de CCAA (y por tanto de las universidades, Ángel Algarra) y su el Fiscal-Jefe (Miguel Ángel Torres) que presentaron sendas ponencias y debatieron con los asistentes sobre múltiples aspectos de la gestión y el control de las Universidades Públicas. Todo gracias al empuje del presidente anfitrión, Ladislao Azcona, que logró un ambiente muy participativo al que pudimos asistir los tres Síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado.

Álvarez de Miranda avanzó que para el próximo año ejecutarán el mandato de la Comisión Mixta Congreso-Senado- Tribunal de Cuentas y realizarán un nuevo informe horizontal sobre la Universidad española, similar al que realizaron sobre el ejercicio presupuestario 2003 (ver aquí reseña) y 2012 (ver aquí reseña), pero a diferencia de estos, tendrá más que ver con el seguimiento de las recomendaciones de anteriores informes y puso como ejemplos la implantación de la contabilidad analítica o del inventario de Entidades dependientes de las Universidades.

El Consejero Algarra no dejó pasar la oportunidad de recordar que el informe anterior había recomendado a los consejos sociales algún tipo de vinculación con el órgano de control interno. Un tema que lleva años preocupando a las Universidades, como podéis ver aquí. En el informe-2012 (pág. 43 y conclusión 24) apunta que, “en cuanto a la dependencia funcional, debe incardinarse respecto de quien le permita a actuar con independencia, preferiblemente el Consejo Social, siendo descartable la dependencia funcional de otros órganos vinculados con la gestión ordinaria, como la gerencia o similar”.

Asimismo, apuntó varias líneas de trabajo para los consejos sociales en su labor de supervisión como es detectar las disfunciones de la carga docente y el sobredimensionamiento de la oferta docente frente a la demanda de formación universitaria. Fue la Audiencia de Cuentas de Canarias en sus informes sobre Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2004-5 (pág. 12) y sobre Universidad de La Laguna, 2004-5 (pág. 14) una de las primeras instituciones de control en denunciarlo. No es ningún asunto encubierto porque nuestra mejor doctrina gerencial ha dicho sin ambages que esta área presenta los principales problemas de eficiencia productiva, en torno al 30% del coste de la función educativa.

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo modificó el art. 68 de la LOU, estableciendo que con carácter general, el PDI funcionario de las universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 créditos ECTS y determinando que la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en función de la actividad investigadora reconocida. Este uso de los sexenios como parámetro para la determinación de la carga lectiva del profesor se separa de la finalidad para la que fueron establecidos esos complementos, sólo reconocidos tras solicitud del interesado lo que supone una clara desviación de su función original.

Por cierto, el tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucionales otros apartados del Real Decreto Ley que hacen referencia a la creación de centros universitarios, la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos, pero avala la constitucionalidad de los demás preceptos impugnados rechazando que invadan competencias autonómicas.

En fin, el Tribunal de Cuentas (Informe Universidades-2012, pág. 114) vienen llamando la atención sobre la dedicación docente del profesorado, al analizar los créditos impartidos por profesor equivalente a tiempo completo correspondientes al curso 2012/13 por cada una de las ramas de conocimiento, poniendo de manifiesto ese cierto sobredimensionamiento del profesorado en relación con el número de estudiantes existentes en esas ramas, con el siguiente detalle por CC AA. Esto fue lo que se encontró el Tribunal:

Pienso que, en la actualidad, el asunto habrá variado bastante y la realidad universitaria se habrá ajustado más a las previsiones legales. Habrá que esperar ese informe del Tribunal.

El fiscal-jefe Torres explicó a los asistentes la evolución de la casuística de las actuaciones de su departamento, que en los últimos años instruye un variado tipo de diligencias de investigación que van desde la clásica de responsabilidad La responsabilidad (contable, penal o disciplinaria: “todas ellas compatibles”, recordó) a los indicios de prevaricación por fraccionamientos de contratos.

Explicó el proceso seguido en el caso de los incentivos aprobados por Acuerdos de los Consejos de Gobierno de las Universidades para regular la jubilación anticipada de su profesorado, que dio lugar a diligencias en la sección de enjuiciamiento, que fueron archivadas tras el varapalo del Tribunal Supremo a su doctrina de pagos indebidos (las conocidas sentencias de Boardilla y Siero)  que tuvimos ocasión de comentar en la bitácora y criticar aquí, en su momento. En mi opinión, se hace imprescindible un cambio legislativo -que nadie parece querer acometer- si se quiere que esta figura vuelva a tener protagonismo.

Por último, destacar la edición el año pasado de la obra “Consejos Sociales y presupuestos universitarios: Guía básica” fruto de la colaboración entre la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Conferencia de Presidentes de las Instituciones Autonómicas de Control Externo de España. Un trabajo, coordinado por el secretario de la Universidad Pública de Navarra, Santiago Iraburu Allegue, que ofrece pautas y orientaciones fruto de una reflexión tanto desde la experiencia práctica de los Consejos Sociales en el ejercicio de las tareas de supervisión de la gestión económica de las universidades, como de las recomendaciones que han ido expresando en esta materia los OCEx de las CCAA por medio de sus informes de fiscalización.