Varapalo europeo -políticamente correcto- al tratamiento de residuos

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Informe-202012--El Tribunal de Cuentas Europeo suele ser muy comedido en la presentacion de sus conclusiones, al igual que el resto de las Instituciones comunitarias. Recuerden aquella frase del Comisario Almunia cuando hablaba de sugerencias para referirse a verdaderos mandatos. De la misma manera, los auditores europeos acaban de aprobar un informe que califica de eficacia “limitada” a la financiación mediante medidas estructurales de las infraestructuras de gestión de los residuos municipales. Elegante varapalo pero varapalo al fin. 

La contribución de la Unión Europea a las infraestructuras de gestión de los residuos es considerable, alcanzando 10.800 millones de euros durante el período 2000-2013, en medidas estructurales. Se han introducido normas y metas comunes a través de directivas para la gestión de los residuos municipales y cofinanciando las infraestructuras de gestión de los residuos en algunas regiones.

En ese marco, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de aprobar el informe Especial 20/2012 titulado con la –habitual- pregunta «¿Contribuye eficazmente la financiación mediante medidas estructurales de proyectos de infraestructuras de gestión de residuos municipales al logro por los Estados miembros de los objetivos de la política de residuos de la UE?».

Los auditores evaluaron directamente el rendimiento de una muestra de 26 infraestructuras de gestión delos residuos y revisó el logro de los objetivos de la política de residuos de la UE, así como la aplicación de las medidas de apoyo en ocho regiones donde se encontraban situadas las infraestructuras. Se examinó asimismo el papel desempeñado por la Comisión.

La fiscalización del Tribunal se centró en la cofinanciación europea de las infraestructuras de gestión de los residuos municipales y examinó si la financiación era eficaz para contribuir a que los Estados miembros logren los objetivos de la política de residuos de la UE.

Tirón de orejas

Pues bien, el informe llegó a la conclusión de que, “aunque en prácticamente todas las regiones seleccionadas se observaron algunas mejoras en la gestión de los residuos, la eficacia de la financiación mediante medidas estructurales de las infraestructuras de gestión de los residuos municipales estuvo limitada por la deficiente ejecución de las medidas de apoyo:

a) el rendimiento de las infraestructuras cofinanciadas dependía en gran medida de las estrategias de recogida de residuos. En los vertederos, los residuos se depositaron sin un tratamiento adecuado y los importes financieros reservados generalmente no bastaron para cubrir los costes de cierre y mantenimiento posterior al cierre;

b) la fiabilidad de los datos afectó negativamente a la información sobre el logro de las metas de la UE, lo que dificultó el control por parte de la Comisión. Aunque en casi todas las regiones se registraron ciertas mejoras en la gestión de residuos, en seis de las ocho regiones controladas se incrementó la generación de residuos per cápita. En las dos regiones que contribuyeron al logro de las metas de la UE, los residuos biodegradables se recogían por separado y se amplió la aplicación de impuestos sobre los vertidos, con lo cual disminuyó la dependencia de los vertederos. Por lo general, los residuos se depositaban en los vertederos sin un tratamiento adecuado;

c) No se consiguió la máxima eficacia en la financiación de la UE debido a una insuficiente aplicación de las medidas administrativas, económicas e informativas de apoyo. La concesión de subvenciones de la UE no se supeditaba a la ejecución de estas medidas. Se observaron asimismo insuficiencias en el marco normativo y en las directrices de la Unión Europea sobre residuos.

Únicamente consideraron satisfactorio el rendimiento de los proyectos en los que se llevaba a cabo una recogida selectiva en origen adecuada. Las regiones que aplicaban medidas de apoyo (como la divulgación de información y las campañas de sensibilización, la reformulación de los procedimientos administrativos o la implantación de incentivos o desincentivos financieros), incluidos los instrumentos económicos, lograron los objetivos de la política de residuos de la UE. Los fondos europeos empleados en otras regiones solo dieron lugar a pequeñas mejoras en la gestión de los residuos. La aplicación de estas medidas de apoyo no constituía una condición para recibir una subvención de la UE.

El Tribunal observó insuficiencias significativas por lo que respecta a la información sobre el logro de las metas de la UE, lo que dificultó la evaluación del rendimiento por la Comisión. Si bien en prácticamente todas las regiones seleccionadas se constataron algunas mejoras en la gestión de los residuos, la generación de residuos per cápita se incrementó en seis de las ocho regiones. Solo una cuarta parte de las regiones aumentó significativamente el porcentaje de recogida selectiva, con la consiguiente reducción del vertido de residuos, y por lo general alcanzó las metas de la UE. En general, los residuos se vertieron sin tratamiento previo o con un tratamiento deficiente.

«Los europeos consumen más y producen una cantidad de residuos más elevada. La Directiva sobre residuos de la Unión Europea exige a los Estados miembros que procedan al tratamiento y eliminación de los residuos sin riesgos para el agua, el aire y el suelo, y sin causar problemas de ruidos u olores», afirmó el Miembro del TCE responsable del informe, Ovidiu Ispir, «pero, como refleja nuestro informe, no es este el caso».

Recomendaciones

El Tribunal recomienda que:

a) los Estados miembros se centren en las infraestructuras de gestión de residuos que tratan los residuos previamente separados en origen.

b) Los Estados miembros creen bases de datos de gestión de los residuos completas y fiables, y la Comisión compruebe la fiabilidad de las estadísticas transmitidas por los Estados miembros. La Comisión, el Parlamento y el Consejo deberían considerar si el apoyo financiero de la UE debería estar vinculado al logro de los objetivos de la política de residuos de la UE.

c) Los Estados miembros presten mayor atención a la participación y observancia de los ciudadanos, se centren en la recogida selectiva, incluidos los residuos biodegradables cuando sea rentable, e instauren un impuesto sobre el vertido para alentar la prevención y el reciclaje de los residuos; asimismo, deberían aplicarse unos porcentajes de ayuda reducidos cuando no se respete el principio de «quien contamina paga». d) La Comisión debería supeditar la contribución de la UE a la aplicación de medidas de apoyo, proponer metas en la prevención de residuos y clarificar el concepto de tratamiento antes de la eliminación.

Para terminar, el informe vuelve al lenguaje políticamente correcto pero duro al exigir: “La Comisión debería exigir a los Estados miembros el cumplimiento de estas recomendaciones antes de conceder el apoyo financiero de la UE”. En 2010, se calculó que cada ciudadano europeo generó un promedio anual de unos 500 kg de residuos municipales, que si no se recogen, tratan y eliminan adecuadamente pueden tener un impacto medioambiental negativo. Sin embargo, con una gestión de los residuos adecuada se puede mejorar la utilización de los recursos, ya que los residuos municipales tratados también pueden constituir una fuente de materias primas. 

vertedero Forges

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