Cada 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, desde que en 1972 la ONU aprobase la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Una magnífica ocasión para tratar desde esta bitácora el asunto del reciclado y sus implicaciones financieras.
Quien contamina, paga
La Unión Europea promulgó en 2003 la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos según el principio de quien contamina, paga. España, a su vez, ha traspuesto esta Directiva, mediante el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero . El consumidor que compra un producto financia (a través del precio pagado) su reciclaje cuando éste llegue al final de su vida útil.
¿Cuánto paga? Desde los 30 céntimos de euro, de un simple fluorescente, hasta los 17 euros de un frigorífico. Con ese montante, el fabricante puede reciclar directamente sus propios productos cuando son desechados (caso de IBM), o bien se ponen de acuerdo con otros fabricantes del mismo ramo para crear un Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Los SIG deben ser fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro y constituyen la opción más económica, ágil y frecuente en España. Así, los residuos de envases y embalajes son gestionados en su mayor parte por Ecoembes, las bombillas y fluorescentes por Ambilamp, los teléfonos móviles por Tragamóvil y los electrodomésticos por Ecotic o ERP, que reciben regularmente el dinero pagado por los consumidores para su reciclaje.
¿Cómo garantizar que emplean la elevada financiación que reciben en la noble misión para que fueron creadas?
Parece que ningún Ministerio, ni las CCAA, supervisan a los SIG ni controlan los millones de euros que éstos recaudan, fuera de la tutela ordinaria que las Administraciones ejercen sobre las fundaciones o asociaciones de su ámbito competencial general. Parece necesaria una regulación específica que garantice la transparencia y el buen el uso de esos fondos, que proceden directamente de los consumidores finales de los productos.
Se nos dirá que en el mismo caso están otras Instituciones, como la SGAE. En efecto, pero a eso dedicaremos otra entrada.
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Antonio Arias Rodríguez
3 Comentarios
lo de “quien contamina, paga” es una expresión que parece muy contundente pero vista la realidad, lo que se paga es muy inferior a lo que se contamina, al menos este país.
La clave está en esto que tú dices: “ningún Ministerio, ni las CCAA, supervisan a los SIG ni controlan los millones de euros que éstos recaudan, fuera de la tutela ordinaria que las Administraciones ejercen sobre las fundaciones o asociaciones de su ámbito competencial general.”
Es muchísimo el dinero que mueven estas entidades, que -no lo olvidemos- están también integradas por las mismas empresas que prestan el servicio de recogida y tratamiento a las Administraciones.
No me quedo claro ¿lo importante que es no contaminar o pagar?