Balance del papel de nuestras instituciones de control externo

La semana pasada participé, junto a otros dos ponentes, en un fructífero encuentro con los diputados de la Comisión de Presupuestos y Economía de la Asamblea de Madrid. Se trataba de exponer nuestra  experiencia en el marco de la ponencia legislativa para la reforma de la Ley de Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Acompañé a los Ex-presidentes del Tribunal Vasco de Cuentas (Ignacio Martínez Churiaque) y de la Cámara de Comptos de Navarra (Helio Robleda Cabezas) opinando sobre algunos asuntos institucionales y profesionales de la fiscalización de los fondos públicos. 

Los portavoces de los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Victoria Alonso). Socialista (Pilar Sánchez), Podemos (Miguel Ongil) y Popular (Pedro Muñoz) se interesaron por aspectos como la colegialidad, la independencia, la transparencia, las funciones de prevención de la corrupción o los nuevos ámbitos de fiscalización del sector público.

La prevención de la corrupción

La sesión duró casi tres horas y ofreció nuestros puntos de vista sobre los diversos aspectos de la proposición legislativa que modifica varios artículos que regulan la institución de control externo del sector público madrileño incorporando las competencias preventivas de la corrupción, lo que no es pacífico para los más ortodoxos de la fiscalización.

La limitada experiencia del Consello de Contas de Galicia tras la reciente modificación legislativa, al crear una sección específica para ello, está siendo objeto de una atenta observación por parte de académicos y políticos. Se concreta en la colaboración con las administraciones sujetas a su ámbito de actuación para elaborar manuales de gestión de riesgos, comprobar los sistemas de prevención de la corrupción que se pongan en marcha, asesorar sobre normas para prevenir y reprimir la corrupción así como fomentar la transparencia y la ética de las relaciones empresariales con el sector público. Esta opción no es para nada querida por los OCEX pero intenta evitar la proliferación de Agencias Antifraude (la última, Ley Foral 7/2018, en Navarra).

Helio Robleda: “El modelo de control externo de las cuentas públicas en España ha fracasado rotundamente”

Sin embargo, es imposible acometer tan buenas intenciones sin el acceso a las bases de datos de la AEAT, como reconoció la Declaración de Toledo 2016 que en su apartado séptimo pedía acceso a la “relevante información tributaria, presupuestaria, contable o financiera, respetando siempre las debidas garantías de confidencialidad”. El propio Tribunal de Cuenta de España se queja amargamente de sus dificultades para acceder a los datos tributarios o sociales ¿Cómo se puede investigar la corrupción sin ellos? Pues mucho menos las declaraciones de intereses, como quiso hacerse en Navarra, sin que se lograse  finalmente el consenso suficiente para adjudicar esa competencia a la Cámara de Comptos.

Debemos tener cuidado para no generar unas expectativas infundadas que, si no hay más medios para ello, defrauden a la ciudadanía. También hay que reconocer los límites de esta función a la prevención pues cuando encuentran indicios de ella, se aparcan las actuaciones que deben trasladar sus actuaciones a la Fiscalía.

Ignacio M. Churiaque: “En algunos ámbitos del sector público, claramente no supimos ser un contrapoder del Estado”.

Algunos consensos parlamentarios

Me pareció percibir un claro consenso en la necesidad de acortar la rendición de las cuentas públicas, en los términos de la declaración de los presidentes de OCEX de Pamplona durante el año pasado. La Comunidad de Madrid la rinde antes del 31 de julio. En el resto, no tiene sentido que el Ministerio de Hacienda conozca la liquidación presupuestaria en febrero -para el análisis de su cumplimiento en términos de estabilidad presupuestaria- y las corporaciones locales, por ejemplo, rindan la cuenta general ocho meses más tarde.

También parecía haber consenso en relación con el necesario seguimiento de las recomendaciones del OCEX, como función ejercida con regularidad que mide la utilidad del control, así como en la colegialidad del órgano –entre tres y cinco consejeros- sin perjuicio de recordar, como hizo el expresidente del Tribunal Vasco de Cuentas, que la opinión ciudadana exige la despolitización de las Instituciones de control. “A la Auditoría no se va a hacer amigos”, concluyó en su intervención.

 

Sin embargo, después de todo, lo importante es acertar con el nombramiento de los cargos. En algunos sistemas políticos es habitual nombrar al frente de estos órganos a destacados miembros de la oposición en la respectiva Comisión Parlamentaria de Hacienda, entendiendo que estarán más estimulados en la fiscalización de la acción del gobierno. Otra opción es tirar de la cantera de los funcionarios de las Instituciones. En mi intervención, no pude menos que recordar al primer presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, el fallecido Ramón Muñoz, funcionario y Consejero que fue del Tribunal de Cuentas de España y un amigo que tanto me enseñó.

Los comparecientes (en el centro) con los portavoces parlamentarios de PP. Ciudadanos, PSOE y Podemos en la Comisión de Hacienda, al término de una intensa sesión de trabajo.

 

 

 

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