A grandes rasgos, hay dos modelos para implantar la actividad de prevención de la corrupción. Un primer esquema pasa por su atribución a la Institución de Control Externo nacional o autonómica (experiencia portuguesa) mientras que la otra, exige constituir una agencia especializada en el fraude (modelo OLAF comunitario). No faltará quien piense que es suficiente con los mecanismos judiciales clásicos potenciando los medios de la fiscalía anticorrupción. Lo cierto es que los organismos internaciones son muy críticos con el actual escenario institucional. Repasamos, a continuación, el estado de la cuestión, actualizado con las últimas novedades. 

Repositorio de procedimientos  judiciales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público esta misma semana el repositorio de datos sobre procesos por corrupción que presenta el mapa -regionalizado trimestralmente- de los procesos penales por delitos relacionados con la corrupción: quienes tengan auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, también los condenados por sentencia firme por este tipo de delitos, que durante el periodo han sido 399, en toda España. En total 1.378 procesados desde mediados de 2015 en las distintas instancias judiciales, destacando 272 de la Audiencia Nacional. Por Comunidades destaca Cataluña con 303 personas, seguido de Andalucía (153) y Madrid (145). Este es el resumen por CCAA durante los últimos trimestres:

La constitución y divulgación del repositorio es fruto del convenio entre el CGPJ y Transparencia Internacional, recogiendo la alta preocupación de la ciudadanía sobre los fenómenos de corrupción política.

El Consello de contas inicia su primer programa de prevención de la corrupción

La noticia que preside hoy esta entrada -y que destacaba hace unos días La Voz de Galicia- señala la aprobación del primer programa de actividades de prevención de la corrupción dentro del Plan de Trabajo para el ejercicio 2017 del Consello de Contas. Ya hemos comentado en esta bitácora la aprobación de la Ley 8/2015 que reformó el OCEx gallego incorporando esta nueva competencia de colaboración con las entidades del sector público para garantizar el comportamiento ético de sus gestores y fomentar la participación ciudadana a favor de la transparencia y la integridad.

Pues bien, el Consello apunta en su Plan 2017 las siguientes líneas de trabajo para la evaluación de los sistemas de prevención en el sector público gallego:

• Elaboración y aprobación de directrices técnicas para el análisis de la situación de los sistemas de control interno de las entidades integrantes del sector público autonómico (entidades y ámbitos de control sobre los que actúa, fases temporales, metodología de los cuestionarios, etc.).
• Realización de una evaluación del control interno de manera diferenciada para el subsector Administración general, subsector de la Administración institucional y subsector Administración local, en base a cuestionarios sobre la situación de los sistemas de control interno de las distintas entidades integrantes de esos sectores.
• Realización del estudio diagnóstico de la situación de los sistemas de control interno de las entidades integrantes del sector público autonómico y planteamiento de recomendaciones por parte de la Sección de Prevención de la Corrupción del Consello de Contas a las distintas entidades sobre la necesidad de implantación de sistemas de prevención de riesgos de corrupción.
• Elaboración y aprobación de herramientas metodológicas para la implementación de sistemas de prevención de riesgos de corrupción, singularmente guías técnicas para su evaluación y modelos tipo de planes de prevención, que se pondrán a disposición de las entidades integrantes del sector público autonómico.
• Actuaciones de difusión de conceptos esenciales de control interno, administración de riesgos y promoción de la integridad, a través de la página web del Consello de Contas.

Siguiendo la misma sistemática que en las actuaciones de auditoría, concreta las siguientes actuaciones en materia de prevención:

Aun es pronto para saber la acogida y los resultados de esta iniciativa legislativa gallega, que en España ha sido pionera en atribuir esas competencias expresamente al OCEx. He manifestado siempre mi preferencia por ella, frente a la proliferación de agencias de prevención de la corrupción en las CCAA, siguiendo la experiencia de Cataluña en 2008 (que no parece despertar mucho entusiasmo) o  la reciente de la Comunidad valenciana, publicada hace menos de un mes.

La última en llegar: la Oficina Antifraude de Islas Baleares

El BOE de esta misma semana publica la Ley balear de de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción. La norma que reconoce en la exposición de motivos que “los organismos de control que existen en las Illes Balears se han evidenciado necesarios pero insuficientes con respecto a la lucha contra la corrupción”. Para ello se adscribe al Parlamento el organismo que designará su Director por mayoría de 3/5 de sus miembros y un mandato de cinco años, prorrogable una sola vez.

Entiende la Ley que es necesario establecer mecanismos de información a la sociedad, de control interno de sus organizaciones y de evaluación y gestión de riesgos en materia de lucha contra la corrupción. Para ello actúa como un “denunciante cualificado”, de acuerdo con sus funciones y potestades. Desde la vertiente preventiva, impulsando “iniciativas destinadas a fomentar la conciencia y la participación ciudadanas a favor de la transparencia y la ética en la actuación pública, vertebrando un nuevo eje de control que pueda derivar en entidades de carácter civil como, por ejemplo, observatorios ciudadanos de lucha contra el fraude o la corrupción”, como dice su exposición de motivos.