Hoy es el día de Sherlock Holmes. Nos lo apunta el blog oficial de la Government Accountability Office (GAO) y nos recuerda que su hermano, Mycroft Holmes, era algo así como auditor del gobierno británico (nunca queda claro) y el más perspicaz de los Holmes como decía el famoso detective: «He dicho que es superior a mí en observación y deducción. Si el arte del detective comenzara y terminara en el razonamiento desde una butaca, mi hermano sería el mayor criminólogo que jamás haya existido. Pero no tiene ambición ni energía”. Menudo ajuste de cuentas.

Para sumarnos al homenaje (a ambos investigadores) traemos a la bitácora unos interesantes documentos difundidos esta semana sobre prevención del fraude así como una pionera experiencia internacional con idéntica intención. Sus promotores son las agencias antifraude de Cataluña, de Islas Baleares y de la Comunidad Valenciana, así como el Tribunal de Cuentas de Minas Gerais, en Brasil.

La contratación pública

El prestigioso administrativista Martín Razquin trataba recientemente algunos peligros de la contratación pública durante el Estado de Alarma. Mencionaba junto al clásico fraccionamiento -obviando la publicidad y concurrencia- o el abuso de los contratos menores la figura del Enriquecimiento Injusto, la madre de todos esos excesos. ¿Porqué? Veámoslo.

La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana ha emitido una recomendación general, en cumplimiento de las funciones atribuidas por su ley reguladora. Esta consiste en asesorar y formular propuestas y recomendaciones en materia de integridad, ética pública y prevención de la corrupción en las entidades incluidas en su ámbito de actuación.

El documento publicado, de 56 páginas, se titula LA VÍA DEL ENRIQUECIMIENTO INJUSTO EN EL SECTOR PÚBLICO: ¿USO O ABUSO?

Las facturas del cajón han sido un problema histórico de nuestra Administración que han dado lugar a losexpedientes de resarcimiento por “enriquecimiento injusto” por parte del sector público. Dan lugar a elevadísimas compensaciones económicas a quienes realizan prestaciones, configurando un remedio excepcional de justicia material. Se trata de una creación jurisprudencial que ha cristalizado en un principio general del derecho, carente de regulación específica.

Ese uso abusivo del enriquecimiento injusto “normaliza la huida de la legítima condición de contratista por los cauces legales, en colisión frontal con los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia, así como con las reglas que protegen la libre competencia” a la vez que dificulta el control de la ejecución de la prestación:

“Estamos ante un foco importante de riesgos de fraude y de corrupción en muchos ámbitos públicos, en especial pero no en exclusiva en el sector de contratación”.

El legislador y los funcionarios se ciñen a un procedimiento ad hoc de convalidación de la inexistencia de crédito para pagar las facturas mediante un mero acuerdo que supone convalidar y permite realizar el pago. Sin embargo, el documento termina recordando la importancia de que se depuren, previos los oportunos procedimientos contradictorios, las responsabilidades de las autoridades o personal al servicio de las administraciones que ordenaron por su cuenta y riesgo la ejecución de una prestación al margen del ordenamiento.

El abuso del enriquecimiento injusto incrementa sendos riesgos de fraude y corrupción en los ámbitos sectoriales más afectados en nuestras instituciones públicas

Corrupción y COVID-19

Durante este mes, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha presentado las recomendaciones que ha elaborado Antifraude en relación a la crisis de la COVID-19. Se recogen en el documento «Prevención de riesgos en el ejercicio de potestades públicas durante la crisis de la COVID-19. Recordatorios, recomendaciones y recursos para el fomento de la integridad«.

Los grandes ejes de trabajo fijados son el fomento de la ética, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de las personas alertadoras. Gimeno ha insistido en la necesidad de implementar en todas las instituciones púbicas, sin excepción, un portal de transparencia específico sobre la COVID-19 con una información completa, clara y de fácil búsqueda. El documento es, en parte, resultado del diagnóstico llevada a cabo por la Oficina Antifraude en el proyecto Riesgos para la integridad en la contratación pública.

Mapas de riesgo

Ya sabemos que hay dos grandes modelos institucionales de prevención de la corrupción en el sector público. Puede integrarse en la ICEx correspondiente (modelo Galicia) o crear una oficina antifraude específica (modelo mediterráneo) como hacen Cataluña. la Comunidad Valenciana o de islas Baleares.

La Guía de Gestión de Riesgos de Corrupción en los Organismos Públicos, aprobada esta misma semana por la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Islas Baleares, aporta un marco con los parámetros básicos de prevención de la corrupción que serán adaptados a cada tipo de administración pública.

Su objetivo es el diseño de una estrategia que permita implantar en todas las entidades públicas programas que contemplen medidas para fortalecer la integridad institucional, como la identificación, evaluación y análisis de riesgos de malas prácticas en general, y de corrupción, en particular, así como a adopción de medidas de supervisión y control.

Se trata de una metodologías para identificar las áreas de actividad de la entidad y los riesgos que les afectan, para, tras su evaluación, elaborar mapas de riesgos que recojan los aspectos a los que se debe prestar especial atención, así como las medidas correctoras a implantar.

Disponer de un sistema de gestión de cumplimiento de riesgos en las entidades públicas instrumentales con forma de sociedad mercantil o fundación puede servir de eximente o atenuante de responsabilidades de la entidad en este ámbito, en los términos establecidos por el Código penal.

En definitiva, una útil caja de herramientas para detectar los riesgos de corrupción.

O mais grande detective do mundo

Terminamos con una interesante experiencia de nuestros primos brasileños. Ya nos han dado algunas lecciones en el pasado. El Tribunal de Cuentas de Minas Gerais acaba de hacer público un buen ejemplo de la inteligencia artificial apliada en la lucha contra el fraude: La actual situación de pandemia de COVID-19 establecida en Brasil ha exigido a la Administración Pública contratar recursos rápidamente para combatir la pandemia. Todos los días se publican cientos de adquisiciones en los Diarios oficiales comprometiendo gran cantidad de recursos públicos dirigidos a proteger la salud de los mineiros.

El Centro de Inteligencia e Inspección Integrada -a través de su Laboratorio de Análisis de Datos, creó un robot que automatiza el proceso de recopilación de datos, con el objetivo de supervisar que los gastos de emergencia sean más eficiente. El proceso realiza una exploración diaria de las publicaciones oficiales en busca de adquisiciones, contratos y acuerdos relacionados con COVID19.

La automatización de la tarea permite leer grandes cantidades de datoen pocos minutos y, por lo tanto, los resultados están rápidamente disponibles para su análisis. Además de la velocidad, se pueden identificar otros beneficios, tales como: costes reducidos, seguridad garantizada y mayor productividad. Los datos capturados por el robot se estructuran y ponen diariamente a disposición de los equipos del Tribunal de Contas, dedicados exclusivamente a monitorear estos contratos. Con esta herramienta, es posible llegar a un gran número de municipios y mejorar el cruce de datos para las alertas de señalización.

El mejor detective contra el fraude es brasileño pero no es humano. Tendremos que acostumbrarnos en el futuro.