Acaba de publicarse el último número de la revista Presupuesto y gasto público dedicado a los desafíos de la gestión púbica para la próxima década donde la economista asturiana Emma Ramos coordina algunos de las principales autores españoles sobre gestión pública. Un orgullo formar parte de ese índice junto a Ricardo Rivero, Pilar J. Ríus, José Ramón Chaves, Ana Caro, Gerardo Bustos, Javier Junceda, Teresa Moreo, Julio García, María José Mora, Juan José Rubio y Santiago Álvarez.
Mi participación incorpora un artículo (único en descarga libre) que comparto con la auditora de la sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Marta Riera López, bajo el título “El sistema español de control externo: algunas cuestiones incómodas”. Se trata de dar respuesta a las principales críticas que de manera recurrente aparecen más o menos explicitas sobre nuestras instituciones de control.
Las cinco cuestiones incómodas del debate sobre toda ICEx son su politización, la duplicidad de funciones, la apariencia de control, los informes tardíos y su eficacia contra la corrupción. ¿Qué hay de verdad en ellas? Se trata de temas clave para nuestra gobernanza económica.
Creemos que la aportación de estas instituciones durante tres décadas, como pilar de nuestra gobernanza económica está fuera de toda duda, por mucho que existan legítimas críticas políticas o ciudadanas. Sin embargo, entendemos que son argumentos superficiales o puntuales pero indican la necesidad de una mejora institucional.
Rafael Navas, en una brillante y reciente aportación en el número 173/2017 de la Revista Española de Derecho Financiero titulada “Crisis y reforma del control externo” echaba en falta más aportaciones doctrinales para esa reforma institucional de las Instituciones de fiscalización externa. Casi todas las propuestas de ello suelen partir de quienes trabajamos en ellas.
El asunto nos pareció tan sugerente como para presentarlo ante los propios funcionarios del Tribunal de Cuentas de España, aceptando la invitación del pasado febrero realizada por la Asociación Española del Personal de Instituciones de Control. Entonces tuvimos un largo debate en una abarrotada sala de justicia (impone) donde se ven los casos de la sección de enjuiciamiento, cuyo presidente, Felipe García Ortiz, fue encargado de la presentación y moderación del debate.
En fin que atreverse a plantearlo, en el mismísimo Tribunal de Cuentas, ante los funcionarios y consejeros de esa organización fue toda un reto. Como hemos avanzado, centramos la exposición, como el artículo, en estos cinco interrogantes o cuestiones incómodas:
¿Están politizadas?
¿Hay duplicación realmente?
¿Control aparente o efectivo?
¿Son tardíos sus informes?
¿Permiten combatir la corrupción?
Como veis, somos unos arriesgados … esperamos vuestros comentarios al artículo. Las estructuras de nuestra gobernanza exigen instituciones de control fuertes con un soporte jurídico que debe ser permanentemente mejorado, en el marco de un debate constructivo.
Deja un comentario