Acaba de publicarse el último número de la revista Presupuesto y gasto público dedicado a los desafíos de la gestión púbica para la próxima década donde la economista asturiana Emma Ramos coordina algunos de las principales autores españoles sobre gestión pública. Un orgullo formar parte de ese índice junto a Ricardo Rivero, Pilar J. Ríus, José Ramón Chaves, Ana Caro, Gerardo Bustos, Javier Junceda, Teresa Moreo, Julio García, María José Mora, Juan José Rubio y Santiago Álvarez.
Mi participación incorpora un artículo (único en descarga libre) que comparto con la auditora de la sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Marta Riera López, bajo el título “El sistema español de control externo: algunas cuestiones incómodas”. Se trata de dar respuesta a las principales críticas que de manera recurrente aparecen más o menos explicitas sobre nuestras instituciones de control.
Las cinco cuestiones incómodas del debate sobre toda ICEx son su politización, la duplicidad de funciones, la apariencia de control, los informes tardíos y su eficacia contra la corrupción. ¿Qué hay de verdad en ellas? Se trata de temas clave para nuestra gobernanza económica.
Creemos que la aportación de estas instituciones durante tres décadas, como pilar de nuestra gobernanza económica está fuera de toda duda, por mucho que existan legítimas críticas políticas o ciudadanas. Sin embargo, entendemos que son argumentos superficiales o puntuales pero indican la necesidad de una mejora institucional.
Rafael Navas, en una brillante y reciente aportación en el número 173/2017 de la Revista Española de Derecho Financiero titulada “Crisis y reforma del control externo” echaba en falta más aportaciones doctrinales para esa reforma institucional de las Instituciones de fiscalización externa. Casi todas las propuestas de ello suelen partir de quienes trabajamos en ellas.
El asunto nos pareció tan sugerente como para presentarlo ante los propios funcionarios del Tribunal de Cuentas de España, aceptando la invitación del pasado febrero realizada por la Asociación Española del Personal de Instituciones de Control. Entonces tuvimos un largo debate en una abarrotada sala de justicia (impone) donde se ven los casos de la sección de enjuiciamiento, cuyo presidente, Felipe García Ortiz, fue encargado de la presentación y moderación del debate.
En fin que atreverse a plantearlo, en el mismísimo Tribunal de Cuentas, ante los funcionarios y consejeros de esa organización fue toda un reto. Como hemos avanzado, centramos la exposición, como el artículo, en estos cinco interrogantes o cuestiones incómodas:
¿Están politizadas?
¿Hay duplicación realmente?
¿Control aparente o efectivo?
¿Son tardíos sus informes?
¿Permiten combatir la corrupción?
Como veis, somos unos arriesgados … esperamos vuestros comentarios al artículo. Las estructuras de nuestra gobernanza exigen instituciones de control fuertes con un soporte jurídico que debe ser permanentemente mejorado, en el marco de un debate constructivo.
Fiscalizacion.es 
En primer lugar mi enhorabuena a los autores del artículo por poner el dedo en la llaga.
Como indica el artículo de la Revista al referirse a la apariencia de control. «Es recurrente la crítica de la Nueva Gestión Pública hacia el carácter excesivamente formalista de las auditorías de regularidad que ocupan la mayor parte de la agenda de las instituciones de control. Nuestra legislación financiera parece haber dejado poco margen para la creatividad de los OCEX. Un papel orientado al pasado donde el análisis de la legalidad es primordial, frente a un mayor énfasis en los resultados de la gestión pública, su incidencia sobre los ciudadanos y la calidad de los servicios públicos (Montesinos Julve, 2000), carente de una mayor implicación en la evaluación de las políticas públicas (Caramés Viéitez y Cadaval Sampedro, 2016).Posteriormente se alude a que la creación de la AIREF, relevó a las ICEX a un papel accesorio en la supervisión técnica de la estabilidad presupuestaria”.
Esta problemática, con la que estoy completamente de acuerdo, nos está comenzando a pasar facturas a mayores. Hasta ahora la AIREF se centraba en la estabilidad presupuestaria, pero no parecía que su campo de actuación incluyera las auditorías operativas, pero parece que esto va a cambiar según se recoge en la noticia publicada recientemente en el Mundo. (http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/06/05/59343dd146163fc7148b45ef.html.)
En ella, se destaca que Consejo de Ministros ha encargado a la AIREF para que esta Autoridad evalué, por primera vez, la eficiencia de las subvenciones(25.000 millones de euros, fondos para la formación, las ayudas al transporte público, las subvenciones al gasóleo de determinados colectivos, el apoyo a la agricultura o los estímulos públicos para investigación y desarrollo ) concedidos por la Administración central, las CCAA y los Ayuntamientos, dándose por seguro que esta autoridad detectará duplicidades y ayudas públicas insólitas o estériles para los teóricos fines que persigue.
Además la Nota de prensa del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2017(disponible en Noticias de prensa del ministerio de Hacienda) señala que: «En concreto, la revisión del gasto en subvenciones se ha identificado como la primera área de trabajo sobre la cual se hará una revisión en profundidad, con el fin de detectar posibles mejoras en los procedimientos, eliminar duplicidades y realizar un análisis de impacto».
Parece que se le asignan a la AIREF nuevas funciones (y entre ellas, las auditorias operativas de eficacia y eficiencia de las subvenciones públicas -como primera área de trabajo-), cuestión que, hasta ahora, era uno de los campos naturales de evolución de las ICEX, al margen de las auditorias de regularidad.
Al principio fue solo la estabilidad presupuestaria, pero ahora se le atribuyen a la AIREF competencias de las ICEX ¿Hacia dónde vamos las ICEX? Mi posición es pesimista al respecto, y a mi parecer esta dinámica, no muy favorable a los intereses de nuestras instituciones, tiene mucho que ver con los problemas que acertadamente se reflejan en el artículo publicado en la Revista de Presupuesto y Gasto Público.
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Gracias Javier por tus atinadas reflexiones. Y aún debemos de esperar la enmienda a la ley de presupuestos generales del Estado para 2017 que (re)creará una oficina Nacional de evaluación para controlar la víabilidad de determinados contratos públicos y que dependería de un nuevo organismo supervisor cuya creación se negociará en el trámite de la ponencia de la ley de contratos del sector público. Más madera!
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Enhorabuena D. Antonio por el artículo y, especialmente, por esta página web, toda una referencia en materia de fiscalización externa, pero me temo que el Consejero del Tribunal de Cuentas presente aquel día en el acto de presentación no fué D. Felipe García Ortíz, sino D. Lluis Armet, tal y como se puede apreciar en la fotografía.
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