Hoy se ha celebrado en Barcelona la 6ª Jornada de Auditoría en el sector público que organiza el colegio de censores Jurados de Cuentas de Cataluña y en la que he tenido el honor de participar. Se trata de una reunión anual donde los auditores privados de Cataluña debaten con los miembros de las Instituciones de Control Externo, sobre temas profesionales. Una actividad que cobró nuevo impulso con el equipo colegial que dirige Daniel Faura, recientemente premiado por su trayectoria profesional por la fundación FIASEP, que publicaba este artículo coincidiendo con la jornada y que acompañó en al inauguración a Jaume Amat, Síndic Major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, una institución cuya existencia ha sido defendida con vehemencia por el col.legi de censors catalán. 

 La conferencia inaugural corrió a cargo de Olayo Gonzalez, fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas de España que habló sobre la necesaria reforma  de la jurisdicción contable. Pondremos aquí próximamente el enlace al video que grabó todas las ponencias.

En los últimos meses hemos asistido a interesantes iniciativas y declaraciones de los de los órganos de control externo, que han sido la base de mi presentación en el seminario. Así, la proposición de reforma de Ley gallega del Consello de Contas que pretende incorporar algunas novedades, cuando se apruebe durante el verano.

Inminente reforma de la ley del Consello de Contas de Galicia

La reforma propuesta se presenta como un esfuerzo de actualización de las competencias del Consello de Contas, incorporando nuevas áreas de trabajo. En primer lugar, se pretende atribuir al Consello competencias en prevención de corrupción -similar al utilizado los portugueses– para lo cual tendrá una sección especifica que deberá elaborar códigos de conducta y manuales de buenas prácticas que la administración debe seguir, comprobar los mecanismos de prevención de la corrupción puestos en marcha por las administraciónes, asesorar de los mecanismos de prevención y represión de las prácticas corruptas y fomentar las buenas prácticas en el ámbito administrativo y de las empresas que que contratan con las administraciones públicas gallegas. Asimismo, deberá de mandar al Parlamento una memoria anual de actividades sobre la corrupción y las medidas que se proponen.

Dos ejemplos de este nuevo marco son los siguientes:

• extiende la fiscalización sobre la evolución de los patrimonios declarados por los altos cargos de la Administración y los entes institucionales que de ella dependen. En Navarra, un proyecto similar no prosperó tras un intenso debate donde la postura de la Cámara de comptos era contraria a su implantación.
• Procedimiento de denuncia pública. Los ciudadanos podrán presentar denuncias en la institución con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la prevención y represión de la corrupción.

La ausencia de colaboración

No le será fácil a las Instituciones de control externo afrontar esta competencia. El propio presidente del Tribunal de Cuentas de España reconocía la semana pasada que tenía dificultades en el acceso a los datos de naturaleza tributaria o cotizaciones sociales que están en poder de entidades públicas. También, abogó por una mejora del régimen de las multas coercitivas que pueda imponer en caso de falta de colaboración. Recientemente se modificaba la ley de Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias para permitir sancionar la ausencia de colaboración o cualquier clase de obstrucción que impidiese o dificultase el ejercicio de sus funciones.

El auditor y la corrupción

En ese marco, el Síndic Major de la Comunidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, declaraba recientemente, en su comparecencia ante las Corts que «La función del auditor es auditar, probar el fraude es de otro«. Un debate antiguo que, con cierta periodicidad rebrota. El OCEX de la Comunidad Valenciana ha sido quien más combatió las facturas del cajón como reconoció su auditor Miguel Olivas en una brillante conferencia.rafae

 Sobre los temas de actualidad podéis ver esta reciente entrevista del Sindic que pasa revista a multitud de asuntos en relación con los informes que, año tras año, fueron alertando del deterioro (financiero y de legalidad) que se estaba produciendo en esa comunidad autónoma.

Duplicidades y coordinación

Terminamos con mi titular favorito (aunque inexacto y algo subido de tono) como el que incluimos más abajo, dedicado a la Sindicatura anfitriona en el evento de Barcelona: “La Sindicatura de Cuentas reclama al Parlament que no le haga perder el tiempo”. En realidad, quería decir, como apunta El Economista: “El Síndic de Comptes pide no fiscalizar cada año ciertas entidades que ya auditan otros”, al pedir la modificación la ley catalana de finanzas públicas para «optimizar los recursos» y dejar de fiscalizar obligatoriamente una treintena de entidades incluidas en las cuentas de la Generalitat cuyo presupuesto supera los 150 millones de euros, cuando son entidades ya controladas anualmente por auditoras privadas y, en muchos casos, por la Intervención General de la Generalitat. Una duplicidad y hasta triplicidad evitable: «Estas medidas permitirían aumentar el rendimiento de los recursos destinados a la fiscalización de la gestión pública», dijo en el Parlament Jaume Amat, Sindic Major de Catalunya.