Esta mañana se ha inaugurado en el edificio Siglo XXI de Badajoz el I Congreso de Control Interno Local (CCIL’19) que organizan conjuntamente la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Diputación de Badajoz, con el apoyo de un importante grupo de colaboradores y patrocinadores, así como el esfuerzo de un competente equipo de funcionarios del mundo de la fiscalización de los fondos públicos.

El panel que abría el congreso, que tuve el honor de coordinar (si, un verdadero premio) no podía ser más sugerente: “Presente y futuro de la profesión: el papel del control interno de las AAPP” con cuatro veteranos del mundo de la Intervención, en diversos ámbitos, con mucho que decir. Y lo dijeron.

La conclusión global señala como reto principal del control público adaptar e integrar en la metodología tradicional las técnicas de auditoría de sistemas de información, las técnicas y herramientas de análisis de datos, incluyendo otras tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la robotización de procesos y el blockchain. Esto significa incluir en los análisis de riesgos aquellos relativos a la ciberseguridad, los derivados de la extensión de las smartcities, el cloud computing, etc. Algo en lo que todos estuvieron de acuerdo.

Antonio Minguillón: “Lo tengo claro: la auditoría no va a ser como la conocemos tradicionalmente y todavía se ejerce mayoritariamente”.

El primer aviso a navegantes vino de la mano de Antonio Minguillón, Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura valenciana, presentando su visión de los retos de la auditoría pública en la era de la administración electrónica. En su opinión, predomina el ejercicio de la auditoría como si la Administración fuera analógica, ignorando que la sociedad se dirige -y la Administración también, nos guste o no- hacia un mundo totalmente digital, cada día con mayor intensidad.

El RD 424/2017 ha sido exigente en este ámbito. Puso dos artículos como ejemplo. Por un lado, el artículo 6 prevé que el órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de colaboración entre otras en “la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión”. (¡Tela!) De la misma manera, el artículo 30 incluye dentro del ejercicio de las funciones de control financiero “consultar la información contenida en los sistemas informáticos de gestión que sea relevante” (apartado 1) pudiendo solicitar de los órganos y entidades objeto de control “programas y archivos en soportes informáticos compatibles” con sus equipos, así como “el acceso para consultas a los sistemas y aplicaciones que contengan información económico-financiera” (apartado 3) y sin que deba procurarse por sí mismo la documentación e información directamente de los archivos físicos y de las aplicaciones y bases de datos informáticas, salvo que sea fácilmente accesible (apartado 5).

Minguillón: “Este modelo permite usar las potentes y disponibles herramientas de análisis, que ya no usan muestras sino el 100% de los datos”.

Miguel Miaja, Interventor del Ministerio de Economía, con más de tres décadas en altas responsabilidades del control en la Administración del Estado, se refirió, como haría el resto de sus colegas, a la crisis del modelo de control interno de las AAPP y sus perspectivas de futuro. Un modelo que calificó de «obsoleto» e «inmaduro» desde los estándares internacionales. Después de desgranar las aportaciones de la IGAE a los componentes del COSO como paradigma internacional, reconoció un cambio generacional y cultural en la Administración que permitirá la consolidación del expediente electrónico y la automatización de controles sobre documentos estructurados

Miaja: “la planificación de actuaciones deberá servir para poner el foco sobre las áreas donde existe mayor riesgo de incumplimiento, mala gestión o falta de fiabilidad de la información financiera”.

Un cambio en la Administración que también apuntó María José Monzón, Interventora del Ayuntamiento de Madrid, cuyas nuevas realidades (e-Administración, tramitación electrónica automatizada, etc.) obligan a los órganos de control interno a ofrecer nuevas respuestas debidamente adaptadas.

En su opinión, la solución pasa por reforzar el control permanente con nuevas metodologías y herramientas que permitan ser más rápidos, seguros, eficientes y resolutivos en el ejercicio de la tarea de control. El “dato” que es neutro pero su uso no, será el elemento vertebrador de una nueva forma de control.

María José Monzón: “Contaremos con multitud de datos que deberán analizarse, con gran necesidad de formación para los encargados del control y una mayor especialización en la profesión. Una gran oportunidad para las compañías auditoras

Reconoció Monzón algunos “grandes dilemas” de esta nueva línea de trabajo será la ausencia de una metodología general junto a la necesidad de crear procedimientos adecuados de extracción de datos, así como la complejidad de su consolidación, integración y procesamiento.

Aprovechó para recordar como la principal obligación publicar en el Portal de Transparencia los informes de Control Financiero y sus resúmenes ejecutivos.

Por último, el Interventor General de Extremadura, Agustín González, al borde de la jubilación, con casi tres décadas vinculado al control interno de su Comunidad Autónoma, hizo interesantes reflexiones sobre el trabajo de fiscalización y sobre el futuro que ve venir.

Describió el juego de equilibrios gestor-interventor, donde el control se convierte en co-gestor indeseado y se aleja cada vez más de la que debería ser su función. Apuntó, como los demás miembros del panel, una cierta crisis de identidad del modelo actual. Planteó algunas cuestiones ingenuas sobre la corrupción: ¿hasta dónde debe sentirse interpelada la Intervención? ¿Pudo evitar o minimizar su impacto con los medios disponibles? ¿Contaba con herramientas y formación?

Agustín Gonzalez: “No cabe permanecer impasibles como si todo fuera igual que hace 100 años. La intervención, como parte del control interno de la organización, no puede ser ajena a todo este cambio, donde las evidencias nacen y se almacenan en entornos digitales.”

Por eso, terminó pidiendo la redefinición del concepto de órgano de control interno, con un tránsito desde una cultura de sospecha a una cultura de responsabilidad. Para ello pidió “superar ciertos vínculos sentimentales con la historia”, dejando atrás la denominada función interventora, entendida como función fiscalizadora previa plena, así como también la fiscalización de requisitos básicos, más allá de un control contable en sentido estricto.

Coincidió con los restantes ponentes en que los procedimientos de la administración local, en general, y en las grandes ciudades, en particular, “están maduros y el control de la legalidad, que por supuesto es la base del control, se debe superar. Hay que ir más allá”.

Una mesa memorable.