Entre las históricas universidades de Salamanca y de Coimbra, se desarrolló la semana pasada el III Congreso Internacional de control público y lucha frente a la corrupción, con presencia de destacados miembros del mundo de la fiscalización de los fondos públicos. 

La conferencia de clausura, el sábado pasado en el salón de actos de la salmantina Hospedería Fonseca, corrió a cargo de Dolores Genero Moya, Consejera del Tribunal de Cuentas de España, que disertó sobre “El control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos”. Un tema del que ya alertamos en esta bitácora (El extraño caso de las empanadas de 50.000 euros).

Los casos de corrupción han impulsado importantes cambios normativos que afectan a los partidos políticos.Cambios que se concretaron en la Ley Orgánica 3/2015 que incorpora un severo régimen de infracciones y sanciones que será de aplicación en los inminentes procesos electorales de 2019. Como reconocían los medios de comunicación regionales, glosando la conferencia final, las formaciones independientes de los miles de pequeños municipios serán quienes sufran las consecuencias.

El despilfarro impune

Con la profesora Nieves Sanz Mulas he coincidido en otros congresos, como el extraordinario evento del COSITAL 2018, en Gijón. En esta ocasión, Nieves presentó a los asistentes, todos latinoamericanos, el modelo penal español para enfrentar la corrupción y unas pinceladas su principal normativa reguladora, con sus defectos y virtudes. Bajo el título “el despilfarro impune”. Hablamos del gasto “innecesario” y del interés público que debe soportar cualquier aplicación presupuestaria, sin que baste su mera Justificación formal.

Por desgracia, los fondos estructurales europeos ofrecen muchos ejemplos de gasto ineficaz. El propio Tribunal de Cuentas Europeo manifestaba su preocupación al respecto en uno de los primeros informes de este año. Otros muchos, suelen acabar en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de España como pagos indebidos.

Y Brasilia nunca existió …

Ese requisito de la justificación de la necesidad del gasto y del interés público es una característica polémica en los últimos tiempos. Nos hemos habituado a obras faraónicas que acaban siendo calificadas por la ciudadanía como despilfarro. Durante el debate posterior a la conferencia Nieves Sanz, uno de los asistentes planteó que con una visión formalista, la Brasilia de Niemeyer nunca hubiera existido. Interesante idea.

En España, tenemos algún ejemplo calentito: el proyecto dictamen de la comisión de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública del Parlamento de la Comunidad de Madrid concluye que no hay informes técnicos que justifiquen inversiones en Metro Ligero, M45, hospitales o Campus de la Justicia. A partir de ahí, el expediente puede estar ejecutado con una regularidad financiera exquisita, pero siempre será objeto de crítica su existencia.

Otro ejemplo: en febrero de 1999, hace justo 20 años, la Xunta convocaba un concurso de ideas para definir el diseño de la Ciudad de la Cultura de Galicia, una obra que, con el paso de los años, aumentaría de coste hasta superar los 300 millones de euros, el triple de lo previsto inicialmente. En 2007, el Consello de Contas, publicaba un duro informe por las desviaciones de plazos y sobrecostes medios del 200%, que en algún área llegaban al 500% afirmando que la Xunta «había abdicado de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos».

Se me ocurren muchos más ejemplos que no están en el límite, como los mencionados.

Las leyes de la corrupción

José Antonio Fernández Ajenjo (foto lateral) habló de la protección de intereses financieros de la Unión Europea y lucha contra el fraude, sus características y herramientas. Aprovechó para detallar la situación actual de las oficinas de lucha contra el fraude creadas en las diversas CCAA, como veis a continuación.

José Antonio nos traía en primicia su libro “Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública” (Editorial Amarante, 2019, 30 euros). Como fenómeno social que es la corrupción, se atiene a leyes que rigen su nacimiento, desarrollo y extinción. En primer lugar, la «ley de la tendencia al abuso de poder» marca como causa primigenia del daño a los bienes públicos la natural inclinación del gobernante, denunciada por Montesquieu y comprobada históricamente, a hacer un uso espurio de las potestades públicas. En un segundo estadio, la «ley de la historicidad de la degeneración del poder» nos enseña que las comunidades se corrompen generalmente de modo paulatino, comenzando por actos banales que confunden la cortesía social con el favoritismo, hasta alcanzar en su grado más grave, cuando no se ha atajado a tiempo, el carácter sistémico por el cual todos los sectores públicos, o algunos especialmente cualificados, se encuentran irremediablemente dañados. Para terminar con el desarrollo y extensión de este problema no hay otra solución que aplicar la «ley de la buena conciencia ante la responsabilidad» que no sólo obliga a los servidores públicos a responder de la virtud de sus decisiones públicas, sino que involucra a todos los actores sociales en el combate contra los fraudes a los intereses públicos.

En fin, siempre es grato retornar a Universidad de Salamanca, a aprender, a debatir y a conocer gente extraordinaria y a disfrutar con los viejos amigos: en la foto de cierre, entre las simbólicas (y protectoras) cadenas del fuero universitario y los límites de la franja amarilla, del fuero municipal: junto al Contralor General de Bolivia, Henry Ara, la consejera del TCu Dolores Genaro, el consejero del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Emilio Melero y el presidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil, Ivan Bonilha.