La federación Española de Fútbol está al borde de la ruina, titula el diario «el Economísta» del 19 de abril. La causa es que la Comisión Mixta de las Cortes Generales, en su sesión del día 19 de diciembre de 2006, a la vista del Informe remitido por Tribunal de Cuentas de España sobre la fiscalización de la Financiación Pública a la Real Federación Española de Fútbol y el control del destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), ejercicios 2002 y 2003, acordó instar al Gobierno a que el CSD mantenga congeladas las subvenciones correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006 hasta que se produzca el reintegro de las cantidades insuficientemente justificadas percibidas en el periodo de referencia objeto del Informe de fiscalización, por la Real Federación Española de Fútbol.

Además pide aumentar la dotación de personal de control Financiero de las Federaciones y Entidades Deportivas en el seno del CSD para que la fiscalización de las subvenciones públicas a federaciones Deportivas Españolas, se realicen conforme a la normativa vigente contemplada en la ley del deporte, efectuando un seguimiento trimestral del comportamiento del gasto de las federaciones Deportivas en la parte de subvención pública que tengan destinada para las actividades de éstas.

La moción de la Comisión Parlamentaria exige que sean reclamadas, a través del CSD, la justificación de los gastos de la Federación que el informe del Tribunal de Cuentas detecta como no justificados y en caso de no hacerlo en el plazo de tres meses, se articule un procedimiento para la devolución esas cantidades no justificadas que tengan origen en la subvención pública del Estado.

La lectura del informe analiza un aspecto que me gustaría destacar, dentro de las multiples irregularidades denunciadas:

Durante el año 2002 la Federación «co-financió» con la subvención del CSD, de 1.660.000 euros, «el pago a jugadores y técnicos como contraprestación por ceder sus derechos de imagen y colaborar de ese modo en la generación de ingresos por publicidad» (pág. 28). Afirmando a continuación (pág. 29) que esta aplicación «no resulta comprensible, ni coherente con el interés público, de la subvención del CSD, toda vez que la única consecuencia apreciable de la misma es incrementar artificialmente el beneficio de la federación derivado de los ingresos de publicidad«.

El auditor menciona en la página 60 que en realidad se subvenciona una actividad «puramente mercantil» de la federación, donde destaca «la falta de justificación de la necesidad para el interés público de la subvención«.

Se trata del delicado terreno de los conceptos jurídicos indeterminados. Aquí aparecen dos: necesidad e interés público. La Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 2003, ya recoge en su artículo 31.1 que se consideran gastos subvencionables «aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada«. Su determinación positiva es difícil. Sin embargo, como exponía Garcia Enterría en su clásico Manual de Derecho Administrativo, la solución es precisar en cada caso lo que «no es necesario» o «no es de interés público» o «no responden a la naturaleza de la actividad subvencionada».

El Tribunal de Cuentas no ha tenido ninguna duda al respecto y nuestras Cortes Generales, a través de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas ha respaldado las iniciativas tendentes al reintegro de las cantidades no justificadas adecuadamente. En el periodo fiscalizado (2002-2003) la Federación española de Fútbol percibió financiación pública por importe de, al menos, 23 millones de euros. La tercera parte corresponde a la participación en el 1% de la recaudación de las quinielas y se aplicaron, entre otros, a los siguientes conceptos:

– 1,7 millones de euros por cesión de los derechos de imagen de los integrantes de la selección española.

– 1,6 millones de euros para ayudar a los clubes de 3ª división en sus desplazamientos (2002).

– 1,3 millones de euros para ayudar a los clubes de 3ª división en sus desplazamientos (2003).
– 0,8 millones de euros Fijos y primas a la selección absoluta

-0,7 millones de euros Ayuda a clubes de 2ªB y liga juvenil (2002)

-0,3 millones de euros Ayuda a clubes de 2ªB y liga juvenil (2003)

El Tribunal entiende que la documentación presentada para justificar la mayoría de estos gastos era deficiente o inexistente, lo que le impide conocer si el destino final de los fondos era el previsto. Por último destaca las deficiencias en la construcción de la Cuidad Deportiva y la emisión de una cuantiosa certificación por acopios «ficticia» (sic). Una práctica frecuente para evitar perjudicar las subvenciones por no iniciar las obras en plazo, pero que, en puridad, traslada a otra jurisdicción el problema. En fin, que la Federación se encuentra en serios problemas financieros.

Los asuntos del fútbol están revueltos en todo el mundo. Sin ir más lejos, el ex-presidente de Federación Francesa de Fútbol (¡11 años en el cargo!: 1994-2005) ha sido condenado recientemente a seis meses de carcel. ¿Su delito? Falsear las cuentas del año 2002, presentando un déficit de 63.000 euros, frente al real que alcanzaba los 13,9 millones, una disfunción revelada inicialmente por el Tribunal de Cuentas de Francia.

El maquillaje adelantó unos ingresos por televisión del año siguiente (2003) con el fin de ocultar un déficit que hubiera provocado una mala imagen de la organización, mancillada por el mal papel de la selección francesa en el Mundial de Japón y Corea del Sur. En aquellos días, la prensa reveló suntuosos gastos de la delegación francesa durante su estancia en Seúl, en particular, causó mucho escándalo una factura de 4.800 euros gastada por el federativo en una botella de vino. Otro gasto «innecesario» donde no podemos encontrar interés público.

Como se ve, nadie está libre del reintegro de ayudas. Ni el mismo Estado español, que deberá reintegrar a la Comisión Europea 83 millones de euros por fondos agrarios.

Una versión de esta entrada, sin enlaces, fue publicada en el diario La Nueva España, del 13 de mayo de 2007.