El Ministerio de Educación tiene en debate público dos informes relacionados con la Universidad Pública española. Una institución que además de formar e investigar tiene depositadas las mayores esperanzas de la ciudadanía por su contribución al desarrollo económico, en una sociedad que ahora se llama “del conocimiento”.

Se abre un debate sobre cómo hacer más eficaz y eficiente nuestra Universidad y se propone reformar las estructuras del gobierno universitario, así como su financiación. Dos reflexiones que también se están produciendo en toda Europa; y no de manera pacífica.

El primero de los informes divulgados se denomina Documento de gobernanza de las universidades. El ministerio pretende “disminuir el grado de burocratización de la gestión universitaria”, una afirmación siempre sospechosa, a pesar de que se acompaña de la coletilla “actualizando los sistemas de control, seguimiento y gobernanza a los nuevos retos”.

Para su confección, el Ministro Gabilondo utilizó los servicios de la Conferencia de Rectores (CRUE, que presidió hasta su nombramiento el año pasado) y la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo, que preside Ana Patricia Botín). Ambas instituciones suelen trabajar conjuntamente en el análisis anual de la contribución de las Universidades al desarrollo económico.

El diario El Mundo recoge las declaraciones del vicepresidente de CYD, Francesc Solé Parellada: «en el fondo no hay ninguna afirmación ni niguna propuesta, vamos sacando ideas. Una manera de cambiar la universidad es cambiar la matrícula, ofrecer libertad a los universitarios. No es programático pero es un gran avance discutir, y que eso, además, lo pida la Administración ya es un compromiso».

El borrador recoge la experiencia acumulada, nacional e internacional, sobre los modelos de gobierno universitario y su reforma. Tiene una fácil lectura y merece la pena echarle una ojeada, sobre todo, los interesados en las nuevas tendencias organizativas; aunque encierra algunas incógnitas.

Así, presenta la reciente evolución de la gobernanza en las universidades con las siguientes características:

– Desregulación y autonomía creciente. Mejora en la rendición de cuentas “social” (no sólo financiera)

– Fortalecimiento de la presencia de los órganos “ejecutivos” frente a los “deliberantes”. Se habla de una mayor profesionalización de la gestión, en un mundo de académicos metidos temporalmente a administradores.

– Aumenta la presencia de miembros externos en los órganos de gobierno universitario, tanto por designación de los claustros como por los gobiernos. Pero, al fin y al cabo: externos con funciones de gobierno económico y -lo más importante- la facultad de nombrar (y destituir) al Rector o a los Decanos de las facultades, todos ellos candidatos con un perfil de gestión.

Hay toda una línea de pensamiento político-económico que opina que nuestro actual modelo de elección del rector “genera déficit”. Designación frente a elección, ese es el dilema y la presunta tendencia. Pero ¿acaso no se genera un gran déficit todos los años en la sanidad pública? Y los médicos no eligen al Consejero de Sanidad. ¿Funcionaría aquí el modelo anglosajon? ¿Lograría una Universidad más eficaz y eficiente?¿Puede diferenciarse gobierno económico y gobierno académico?

He sido Interventor y Gerente de Universidad. He conocido la dificultad de llegar a acuerdos con tantos sectores y grupos de interés del mundo académico, funcionarial, sindical, territorial o simplemente por escuelas de conocimiento endogámico. Este modelo universitario, es cierto, tiene sus defectos y consume casi todas sus energías en el ámbito interno, olvidando que tiene que competir con garantías en el contexto internacional.

El documento, propone establecer una serie de experiencias piloto, en diversas instituciones como laboratorio de pruebas ante el cambio de modelo de gobierno. Es verdad que no es preciso cambiar las estructuras todas las universidades a la vez.  Y en cualquier caso, cualquier modificación en la gobernanza de las universidades públicas debe contar con el consenso de las partes implicadas: diferentes colectivos de la universidad, autoridades y sociedad en general. Por otra parte: ¿sería oportuno acometer la tercera reforma universitaria de la década?

Muy relacionado con la gobernanza de las universidades estaría el tema de la financiación. El segundo de los documentos propuestos por el Ministro Gabilondo, y ya presentado en esta bitácora, es el “Documento de Reflexión sobre la mejora de las Políticas de Financiación de las Universidades” que gira sobre algunos aspectos sensibles como son las recomendaciones para la determinación de los precios públicos académicos o la política de becas. Se supone que en abril, el Ministerio debe darle su aprobación formal y alcanzar los compromisos en las tres bandas: Estado-CCAA-Universidades.