El Tribunal de Cuentas y la financiación de la Ley de Dependencia

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Rafael Medina Jáber.

Presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

El pasado día 2 de marzo, en la página 32 del periódico El País, aparecía la noticia:” El Tribunal de Cuentas investigará la financiación de la Dependencia”.

“El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto.”

También señala el citado artículo, que un informe de la Agencia de Evaluación, que depende del Gobierno, ponía de manifiesto que “no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia.”

El artículo 2 de la Ley Orgánica 5/2001 de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, dedicado a los principios generales, señala: “Los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, tal como aparecen definidos en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, serán aplicables a las Comunidades Autónomas en la forma prevista en esta Ley Orgánica.”

En el ámbito de la contabilidad pública en España y de la codificación presupuestaria, existe una lamentable ausencia de normalización de la clasificación de los presupuestos públicos por programas, funciones, políticas y servicios públicos. Curiosamente, existe normalización en las cuentas del Plan General de Contabilidad Pública y en la clasificación económica de los presupuestos de los diferentes niveles de las administraciones españolas  (estatal, autonómica y local). Pero en lo que se refiere a la codificación y clasificación de los gastos presupuestarios, desde la óptica del desarrollo de políticas y la prestación de servicios públicos, que es la función intrínseca de las administraciones públicas,  la ausencia de una clasificación presupuestaria por programas, políticas y servicios públicos, homogénea, normalizada y estandarizada, para todos los niveles de las administraciones es una carencia que empieza a ser insostenible. La sociedad y los parlamentarios demandan información en términos de gastos por políticas y servicios públicos, que sean comparables entre los diferentes niveles de la administración.

La Audiencia de Cuentas de Canarias, desde hace unos años, enmarcado en el desarrollo de su proyecto AVANCE, viene propugnando la necesidad de impulsar la creación de un grupo de trabajo conformado por representantes de los órganos de control externo, de control interno, de los  gestores y del Mº de Hacienda, que elabore una clasificación presupuestaria por programas, política y servicios públicos, estándar y normalizada para todos los niveles de las administraciones públicas españolas (estatal autonómica y local).

En el marco de las I Jornadas  Universidad de La Laguna y la Audiencia de Cuentas de Canarias, celebradas los pasados días 11 y 12 de febrero, que versaron sobre “La nueva contabilidad pública: el enfoque multidimensional”, se debatió la necesidad de que la información contable pública ofreciera datos sobre la gestión de los servicios y políticas públicas de carácter cualitativo. El análisis comparativo entre administraciones públicas, que desempeñan  servicios públicos análogos, es esencial para avanzar en la medición de la  eficacia y eficiencia de la ejecución presupuestaria.

En este campo de la clasificación de los presupuestos por programas, políticas y servicios públicos no se ha avanzado mucho. Asistimos a un proceso en el que cada Comunidad Autónoma establece su propia clasificación funcional. En consecuencia, tal como señala la Agencia de Evaluación, es prácticamente imposible identificar los gastos que cada administración destina a una política o servicio concreto, impidiendo la realización de estudios comparativos.

Sin embargo, asistimos a otro proceso continuo de producción de normas y principios contables de carácter general (Plan General de Contabilidad Publica fundamentalmente), con orientación marcadamente económica, que, siendo importante, no aporta avance alguno en el campo del análisis de la gestión de las políticas y servicios públicos.

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