El Gobierno catalán ya tiene preparada la nueva figura de «comisionado de cuentas» de las universidades públicas, que se incluirá a través de una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos para 2012. Se trata de una figura que desembarcará en la universidad cuando el rector o el presidente del consejo social lo solicite, aunque, el Govern se reserva la potestad de enviarlo de oficio.
La noticia que publicaba hoy el diario La Vanguardia surge en un momento de grandes recortes presupuestarios, por parte de los gobiernos locales, regionales o estatales. En las universidades- cuyo principal capítulo de gastos se encuentra en el personal- nos encontramos con las mayores dificultades para su aplicación. Llevan tres años de dificultades.
A todo ello, ahora se añade la prohibición de “reponer” las jubilaciones – ¡antes incentivadas! – que rige desde el Decreto-Ley de diciembre pasado o las dificultades de liquidez que suelen sufrir las universidades entre la primavera y el verano, antes resueltas con pólizas de crédito asequibles y hoy sin perspectivas. En fin, difícil gerenciar esta universidad en tiempos de crisis y la estrategia de la UAB me recuerda la entrega de las llaves al banco de quien no puede pagar la hipoteca. Algo así como: ¡ven tu y gestiónalo! ¿Dónde queda la autonomía universitaria?
Desde los gobiernos se mira con desconfianza cierta ligereza en el control del horario del profesorado. Hay toda una línea de pensamiento político-económico que opina que nuestro actual modelo de elección del rector “genera déficit”. Designación frente a elección, ese es el dilema y la presunta tendencia. Pero ¿acaso no se genera un gran déficit todos los años en la sanidad pública? Y los médicos no eligen al Consejero de Sanidad. ¿Funcionaría aquí el modelo anglosajon? ¿Lograría una Universidad más eficaz y eficiente?¿Puede diferenciarse gobierno económico y gobierno académico?
El mes pasado conocíamos algunas de las reflexiones que se plantea en el estudio de la gobernanza del sistema universitario de Catalunya de la comisión designada por el Govern y formada por una cincuentena de personas. Como viene siendo habitual en estos informes, la falta de cultura directiva en los órganos de gobierno y dirección de la universidad es destacado como una limitación en la gestión de los campus, junto a la escasa profesionalización de los cargos universitarios y la imposibilidad de traer candidatos externos a la institución.
Todo el mundo está en esta situación, hasta los más keynesianos. Recientemente, el presidente norteamericano, ante 4000 estudiantes y profesores –ver crónica en castellano– elogiaba a la Universidad de Michigan por sus esfuerzos para reducir los costes:
«Aquí en Michigan, ustedes han hecho mucho para lograr ahorros en el presupuesto. Sabemos que es posible. Así que desde ahora en adelante, le diré al Congreso que debe dirigir la ayuda federal a las universidades que mantienen la matrícula asequible, ofrecen un buen valor y sirven bien a sus estudiantes «.
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Una de las medidas que deben adoptarse es la separación entre gobierno académico y gobierno económico, tal y como apuntas. Sin lugar a dudas no es la solución definitiva pero el hecho de que el Gerente sea nombrado por el Rector puede «enturbiar» su quehacer como guardian de los fondos públicos.
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La Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) ha hecho pública la siguiente nota :
La Asociación Catalana de Universidades Públicas en cuanto a las noticias aparecidas en medios de comunicación, relacionadas con la creación, mediante la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, de la figura de un comisionado de cuentas que pueda intervenir en la gestión del presupuesto de las universidades, quiere hacer patente que:
1) El ordenamiento legal vigente, por lo menos definido por Constitución, Estatuto, Ley Orgánica de Universidades, Ley de universidades de Cataluña y el estatuto de cada universidad, define todos los instrumentos necesarios para asegurar el servicio público de educación superior e investigación encomendados a las universidades.
2) La correcta utilización de estos instrumentos, por parte de universidades y el gobierno, no debería hacer necesaria la definición de medidas excepcionales.
3) En este marco, una figura de comisionado de cuentas o similar sólo tiene sentido y utilidad si se habilita a petición de la universidad, en función de sus necesidades.
Al mismo tiempo y dada la particular atención mediática que ha recibido en relación a esta cuestión, queremos manifestar el apoyo a la rectora, al equipo de gobierno y al Consejo Social de la Universidad Autónoma de Barcelona en el ejercicio de sus responsabilidades en una situación de extrema presión económica originada por la disminución de la financiación que está afectando todo el sistema público de educación superior e investigación.
Finalmente, la ACUP quiere recordar que en este período de gravísima situación económica, las universidades públicas han mostrado un alto sentido de la responsabilidad y han aplicado medidas, a veces drásticas, para contener y reducir el gasto. Con el mismo sentido de la responsabilidad, trabajaremos con el gobierno en la definición conjunta de cualquier medida que consideramos necesaria .
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El Govern de la Generalitat ha cedido en su intención inicial de nombrar de oficio a un comisionado económico externo para equilibrar las cuentas de las universidades públicas en situación crítica tras los recortes, y permitirá que sean los propios centros quienes soliciten esta figura.
Según ha avanzado el secretario de Universidades, Antoni Castellà, el Govern ha «aceptado la enmienda» de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (Acup), donde están representados los rectores, que ha reclamado al Ejecutivo que no actúe de oficio por considerarlo un control político de sus cuentas en contra de su autonomía.
En este sentido, Castellà ha recalcado que la figura del comisionado económico «persigue el apoyo y asesoramiento a las universidades y no el control de su presupuesto».
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Es normal que la ACUP haya publicado esta nota, no puede ser de otra forma. Buscando lo fundamental, creo que debe haber contrapesos que compensen ciertas fuerzas. Tal y como ocurre en países como Alemania, el experto en la materia (sanidad, educación,…) debe velar por prestar el mejor servicio al tercero, con la mayor calidad posible; pero en el otro extremo debe estar el gestor económico que administra recursos escasos ante necesidades infinitas, y no todas pueden satisfacerse, evidentemente. La única forma de que esta contra-fuerza actúe es garantizando su independencia: hace poco me contaron que en las universidades alemanas el Gerente era nombrado por el responsable de Hacienda en el territorio (el que financia la Universidad en cuestión) y es independiente del Rector.
Si pretendemos cubrir todas esas necesidades llegaremos a la quiebra del sistema… y ya estamos peligrosamente cerca.
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Bueno, es obvio que todas las administraciones públicas tienen la obligación de arrimar el hombro en los tiempos que corren. Lo difícil es que las universidades públicas valencianas lo hagan más -¿aún?- después de la pesada digestión que les ocasionó (y sigue -y seguirá- haciéndolo…) la firma del denominado “Convenio de financiación” de mayo de 2008 con la Generalitat.
En síntesis, un agujero conjunto de 600 millones de euros en los Remanentes de tesorería de las cinco universidades públicas valencianas, que, devengados (según ‘plan de financiación’ entonces vigente y propias leyes de presupuestos de GV) a su favor hasta el 31 de diciembre de 2008 por razón de la “Subvención nominativa” de la Generalitat … quedan pendientes de cobro, “aplazados” y “fraccionados” en virtud de ese ‘convenio’, a lo largo de los 14 años siguientes … y, parece ser, no reconocidos como componente negativo del Remanente de tesorería de la Generalitat.
Téngase en cuenta que la subvención nominativa en 2012 para el conjunto de las cinco universidades públicas valencianas asciende a algo más de 800 millones de euros, y que esta cantidad viene a financiar el 80% del coste de sus actividades.
¿Planes de recorte del gasto? … ¡ahí es ná¡
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