El art. 79.1 de la Ley Orgánica de Universidades de 2001, con idéntica redacción al art. 52 de la LRU de 1983, enuncian el importante principio de suficiencia financiera de las Universidades Públicascon un precepto no orgánico en los siguientes términos:

Las Universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la presente Ley. A tal efecto, deberán disponer de recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.

Esta autonomía financiera supone la propia determinación y ordenación de los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Por tanto, para la gestión de estos intereses, el reconocimiento de la autonomía significa autogobierno, la capacidad para definir las opciones políticas propias. Desde una perspectiva más concreta, la autonomía financiera implica la competencia para «elaborar, aprobar y ejecutar sus propios presupuestos, lo que entraña su competencia para decidir su presupuesto de gastos de inversión y la ejecución de los correspondientes proyectos» (STC 63/1986, de 21 de mayo, en relación con las CCAA). En otra entrada de esta bitácora hemos comentado una reciente sentencia del Tribunal Supremo aplicando este concepto a la gestión de las infraestructuras universitarias.

Sin embargo, desde un punto de vista económico y material, esa autonomía financiera no deja de ser una quimera. Todo un reto para la Universidad española, cuyo presupuesto está condicionado o influenciado -en torno al 90%- por decisiones extrauniversitarias, surgidas de la Consejería de Educación de las CC.AA. Tanto los Programas Operativos de Inversiones (FEDER y otros), como la cuantía de los precios académicos o las transferencias para gastos corrientes son impuestas en gran medida por la Administración competente en materia universitaria. De ahí que se vean tan afectadas por las restricciones presupuestarias que estás sufriendo las CCAA, algunos de cuyos mensajes sobre recortes presupuestarios están llegando con gran alarma. Se habla de planes de ajuste y de austeridad (Galicia) e incluso se estudia fijar los precios públicos académicos en función de los ingresos familiares.

En definitiva, la idea de autonomía financiera se ha reducido, en esencia, al concepto formal de autonomía en el gasto, es decir la capacidad de decisión sobre la estructura y el nivel de la prestación de servicios. También ha expresado que la autonomía presupuestaria, es”la capacidad de disponer libremente de sus recursos financieros, asignándolos a fines mediante programas de gasto elaborados según sus propias prioridades, adquiere un papel capital en la realización efectiva de la autonomía financiera” (STC 68/1996, de 4 de abril, sobre las CCAA).

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el nivel de financiación de las distintas universidades públicas por parte de las CCAA, varía enormemente, como puede verse en el cuadro adjunto, elaborado por la Fundación CyD, según el Observatorio Universitrio.  De su atenta lectura surgen muchas dudas sobre la suficiencia financiera de un importante número de instituciones. En unos meses estará disponible la próxima entrega del agregado universitario-2008, que elabora cada dos años Juan Hernandez Armenteros para la CRUE.